:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/K0sSJ3Pt1LytEQqmQ1d5L5ZPRVM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/264HPSCCXND2RMEUUXM2TTKDNE.jpg)
Desde que en noviembre de 2016 el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla colombiana de las Farc firmaron un acuerdo de paz para finalizar con un conflicto armado que aún no acaba, en el departamento del Cauca, sur occidente del país, han sido asesinados 215 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
A cada una de estas personas -y sus familias-, “el Estado les falló”, denunció un riguroso informe publicado por la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca que, entre otros puntos, da cuenta de los factores estructurales que han desembocado en el sistemático desangre que sufre esta región.
Durante el trabajo de implementación del acuerdo, y en días del mentado “postconflicto”, los pobladores del Cauca imaginaban una mejor suerte para su territorio. No la han tenido. Por el contrario, en los últimos tres años y medio el departamento se transformó en uno de los principales focos de violencia en Colombia.
Para enfrentar esta problemática, el Gobierno de Iván Duque ordenó un masivo despliegue militar en la zona. A pesar del esfuerzo y las buenas intenciones del mandatario, el sentimiento que hoy tercia a los pobladores del Cauca es el del desamparo estatal.
Así lo manifestó Cristian Delgado, vocero de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca y uno de los muchos líderes sociales amenazados de muerte por grupos irregulares que se disputan el control departamental.
El informe de la Mesa Territorial de Garantías -en el que trabajó Delgado- destacó que aún con la amplia presencia militar y policial, y el constante gasto de recursos públicos destinados para su mantenimiento en los territorios caucanos, “los grupos armados ilegales presentes en el departamento se han expandido y fortalecido militar y económicamente. En la actualidad son recurrentes las versiones que indican una acción selectiva de las fuerzas militares y de policía, con presuntos casos de corrupción de agentes estatales, en donde a cambio de dinero o como parte de una estrategia ilegal permiten con sus acciones u omisiones el actuar de grupos armados irregulares”.
A esto se suma el incremento de las amenazas de muerte generalmente suscritas por las Águilas Negras y por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Además de los asesinatos contra exintegrantes de las Farc y firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación.
Desde el día en que Santos y Rodrigo Londoño Echeverri (excomandante en jefe de las Farc) rubricaron el acuerdo en un teatro de Bogotá, en el Cauca se cuentan 36 homicidios de excombatientes 'farianos' y un integrante del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Delgado subrayó que, desde el comienzo del Gobierno Duque (agosto de 2018), en ese departamento fueron asesinados 149 líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y familiares, además de 26 exguerrilleros de las Farc.
La mayoría de estos hechos ocurrieron en lugares donde figuran grupos criminales como las Águilas Negras, Los Pelusos, el Clan del Golfo (que en el Cauca se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), disidencias de las Farc y miembros del ELN.
En este contexto, Delgado indicó que aunque contar los muertos y nombrar a los actores armados es relevante y bastante diciente, lo urgente de este tema es “poner el acento en las causas, en el carácter generalizado y sistemático de la violencia directa, estructural, sociopolítica, económica, ambiental, simbólica y cultural” que golpean al departamento.
El líder social apuntó que el problema del Estado colombiano es que “no se está aceptando en las causas”, mientras ciertas instituciones sugieren que la exacerbación de la violencia es consecuencia del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
“Nosotros insistimos (desde la Mesa Territorial de Garantías) en la necesidad de hacer un análisis objetivo y reconocer que para solucionar esto se debe identificar claramente qué está ocurriendo. Lo que aquí presenciamos es una disputa del poder político y económico. Esto, teniendo en cuenta la gran fuerza organizativa que tiene el departamento: la construcción de base, la circulación organizativa, la reivindicación de los derechos y el impulso que se le hace al proceso de paz; además de la gran capacidad de movilización tanto de los paros campesinos como de la minga social”, explicó Delgado.
El vocero de la Mesa Territorial de Garantías le dijo a la Agencia Anadolu que en días pasados sostuvieron una reunión con la ministra del Interior, Alicia Arango, para concretar planes que reduzcan la vulneración de los derechos humanos. Para Delgado la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente.
“Ella dijo (Arango) que no sabía qué están haciendo mal (desde el Gobierno) y que la situación era crítica”, señaló Delgado.
De hecho, a principios de la semana pasada, Alicia Arango se refirió al tema de seguridad en el Cauca durante una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara en donde se adelantó un control político al Ejecutivo.
Allí, la jefe de la cartera del Interior aceptó que en el Cauca la violencia se ha profundizado y por tal motivo se aumentará la luchar contra las organizaciones criminales.
“Sabemos que es un desafío, lo seguiremos enfrentando con compromiso y alternativas de solución porque los asesinos salen en cuarentena sin permiso para hacer sus fechorías. Como Gobierno, rechazamos cualquier asesinato en Colombia y por eso estamos trabajando en el tema”, aseveró Arango.
La funcionaria del Gobierno añadió que: “Tenemos que mejorar, hemos hecho mucho, pero debemos mejorar porque durante la pandemia los homicidios en el Cauca han aumentado, pero a nivel nacional han disminuido en un 8% aproximadamente”.
Desde el inicio de las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia del coronavirus, 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el Cauca, es decir, el 58.82% del total nacional.
Cabe destacar que a partir de noviembre de 2016, en 37 de los 42 municipios del Cauca hubo homicidios de líderes sociales. Asimismo, en lo que va de este 2020 se han registrado cinco masacres en los municipios de Piamonte, Argelia, El Tambo, Buenos Aires y Mercaderes, con más de 12 muertos. Además del asesinato de una niña de nueve meses y de su padre en la zona rural de Suárez.
En ese orden de ideas, Cristian Delgado aseguró que las políticas del Gobierno han causado una agudización de la crisis humanitaria en el Cauca.
"Cada vez que uno se reúne con el Gobierno nacional, en cualquiera de los escenarios que existen, ellos no plantean soluciones. Ante nuestras denuncias, el Gobierno lo que ha salido a decir en medios de comunicación es que la solución es más militarización para el Cauca e incrementar las recompensas. No se tiene en cuenta que acá lo que existe, al igual que en todo el país, es una violencia estructurada. Hay unas causas económicas y políticas que se deben atacar para frenar la violencia. No les importa lo que está ocurriendo, pero nosotros continuaremos con las denuncias", concluyó el líder social.