Cuatro grandes masacres ocurrieron en Segovia y Remedios en el lapso que va desde 1983 hasta 2002, con diversos protagonistas, móviles y circunstancias. Sin embargo, la más sangrienta de ellas, ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en Segovia, es especialmente emblemática del proceso de violencia regional. En estos días, cuando las víctimas conmemoran los 20 años de los hechos, es necesario volver la mirada a este doloroso pasado, para empezar a dar respuestas a sus demandas de verdad.
El fatídico 11 de noviembre
Dentro de la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado interno, hay unas que marcan un antes y un después, que han cambiado la vida de las comunidades sometidas a estas prácticas de terror y que han marcado la memoria de toda una generación.
Este es el caso de la masacre de Segovia del viernes 11 de noviembre de 1988, perpetrada por un comando integrado por sicarios y paramilitares con la complicidad de la Fuerza Pública, tanto Ejército como Policía. En las últimas horas de la tarde de ese viernes un grupo de más de treinta hombres, portando armas de largo alcance y granadas, movilizados en tres camperos, llevaron a cabo un operativo en pleno casco urbano que incluyó asesinatos selectivos e indiscriminados.
El ataque duró más de media hora y arrojó como resultado 47 personas muertas y 53 heridas, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Fue un centenar de víctimas de un solo golpe, aunque en su retirada, los victimarios continuaron su macabro objetivo, ejecutando a varias personas que residían en zonas rurales aledañas al pueblo.
La victimización fue general. Murieron simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica, pero también miembros de las Juntas Cívicas y de los partidos tradicionales Liberal y Conservador.
Mientras se llevó a cabo la matanza, las autoridades militares y de policía no realizaron acción alguna para contrarrestarla. Ni la Policía Nacional, que se encerró en el comando ubicado en la plaza central —principal epicentro de la masacre—, ni el Ejército Nacional, que se acantonó en las instalaciones del Batallón Bomboná, en las afueras del casco urbano del municipio, cumplieron su misión constitucional de proteger a la población.
Por el contrario, las investigaciones judiciales y disciplinarias de rigor establecieron que la Fuerza Pública participó activamente en la preparación y en la posterior ejecución de la masacre.
Los impactos de los hechos
En un primer momento se produjo una desorientación general en la población: nadie sabía qué había pasado y nadie tenía presente las dimensiones e impactos del hecho. Esto permitió que prosperara la hipótesis inicial de que el ataque había sido perpetrado por grupos guerrilleros, según la desorientadora versión difundida por la Fuerza Pública.
En un segundo momento, y tras la desorientación inicial, vino el miedo generalizado. Puesto que aparentemente no había un objetivo específico, cualquiera podía ser asesinado. Este estado de zozobra hizo que durante los funerales, cuando se escuchó el golpe seco del tambor de la banda, familiares y amigos de las víctimas fatales huyeran despavoridos, abandonando los ataúdes con los cuerpos sin vida de sus seres queridos.
El tercer momento fue el de desconfianza, que desarticuló lazos familiares, comunitarios y de vecindad, en un escenario en el cual las autoridades con su legitimidad perdida no podían ser garantes de la seguridad ciudadana.
El cuarto momento lo constituyó la progresiva liquidación de la movilización social y política que venía desarrollándose desde principios de la década de 1980. Hubo represión incluso contra los intentos organizativos para mantener viva la memoria de los hechos y las demandas de justicia y reparación.
Conmemoración y deuda de verdad con Segovia
Hoy, veinte años después, y pese a significativas condenas a varios miembros de la Fuerza Pública implicados en los hechos, persiste en las víctimas y en la comunidad local la sensación de impunidad al no haberse esclarecido aún las estructuras criminales que articulan a planificadores, beneficiarios y autores intelectuales de la masacre.
La masacre de Segovia pone en evidencia los rasgos profundos de una sociedad intolerante, cerrada al debate, que criminaliza las diferencias en la escena política y que en últimas es reacia a una verdadera cultura democrática. La verdad y la memoria deben cumplir un papel estratégico en la rectificación de estas prácticas y por tanto en el quiebre de los ciclos de violencia que hemos heredado.
*Artículo escrito por Vladimir Melo Moreno y Ronald Villamil Carvajal. Línea de Investigación Mecanismos, Lógicas e Impactos del Terror en el Conflicto Interno Armado en Colombia. Grupo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá, noviembre de 2008.
La tragedia que persigue a María Deyanira
María Deyanira Sierra lleva más de 50 años ejerciendo como partera y ayudando a traer niños y niñas al mundo. Tiene 79 años y es juiciosa en su oficio, por eso en libros de contabilidad lleva los nombres de las personas que ha atendido. Sin embargo, ella, que muchas veces ha salvado vidas, no pudo atajar a la muerte para que ese día no le asesinaran a su hijo Luis Eduardo, a quien remataron frente a sus ojos. “Los hombres se devolvieron a disparar contra la casa y cuando vieron que él seguía respirando dijeron: ‘No te has muerto malparido’, y le volvieron a disparar”. Su drama no terminó ahí, el otro hijo, Saúl, quien en ese momento tenía 14 años, se enloqueció luego de ver cómo no sólo asesinaban a Luis Eduardo, sino también a los vecinos. Hoy tiene 34 años y el recuerdo de todos esos cuerpos regados en el piso lo persigue.
Después del 11 de septiembre de 1988 la tragedia siguió atormentando a María. Su esposo salió un día a recoger una cosecha de café y nunca más volvió.
Había sido anunciada
Una de las características más notorias de la masacre del 11 de noviembre fue su materialización, pese a las múltiples anticipaciones que de ella se hicieron. Volantes, “cartas”, letreros y grafitis amenazantes en las paredes anunciaban de tiempo atrás una acción violenta de grandes proporciones en el municipio.
Los volantes y letreros tenían diversos signatarios, pero la mayoría lo fueron a nombre del grupo paramilitar “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” (MRN), los cuales se representaban públicamente a sí mismos como antiguerrilleros, anticomunistas, asociados co el “MAS” (Muerte a Secuestradores), aliados de los políticos y gamonales tradicionales y de las empresas mineras multinacionales. La masacre fue antecedida por la presencia de personajes “extraños” y desconocidos en el municipio que hacían preguntas y averiguaciones desde el mes de septiembre.
Los pobladores recuerdan todavía cómo la Fuerza Pública protegía a quienes repartían la propaganda por debajo de las puertas de las casas y pintaban las paredes. Algunas de estas acciones eran llevadas a cabo con el ropaje encubierto de “tomas guerrilleras”, ejecutadas realmente por los mismos miembros de la Fuerza Pública en alianza con integrantes del grupo criminal “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”.