El lunes se acaban 'megapensiones' de congresistas y magistrados

Desde el 1° julio entra a regir el fallo de la Corte Constitucional que ordenó que ni excongresistas ni exmagistrados podrán tener jubilaciones superiores a 25 salarios mínimos (14.7 millones de pesos). Pero el alto tribunal no solo puso techo a estas pensiones sino que determinó que las jubilaciones de todos los colombianos –salvo las del Presidente de la República y los miembros de la Fuerza Pública, que tienen otro régimen- se liquidarán de acuerdo con sus aportes y promediando los ingresos de los últimos diez años, como lo ordena la Ley 100.

Hasta ahora, congresistas y miembros de las altas cortes se pensionaban con el 75 por ciento del ingreso mensual promedio que devengaron durante el último año de labores, sin tener en cuenta sus aportes, ni cuántos fueron sus salarios previos. En su fallo la Corte fue más allá y, además, dejó abiertas varias puertas para que se investiguen decenas de mesadas que podrían haber sido fraudulentas como las que resultaron producto del 'carrusel de pensiones' del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales deberán ser revisadas y reliquidadas antes de que termine este año.

En todo caso, las 'megapensiones' que superan los 25 salarios mínimos serán, desde el 1 de julio que entra en vigencia el fallo de la Corte Constitucional, un beneficio del pasado. El 5 de mayo, el alto tribunal tomó la histórica decisión de enterrar parte de la Ley Cuarta de 1992, que se creó durante la administración del presidente Cesar Gaviria. Una norma, que tuvo el guiño del Ejecutivo, y fue considerada en su época por los analistas como la fórmula que calmaría los ánimos revanchistas de los parlamentarios que fueron revocados de su periodo tras ejercer un año por cuenta de la instalación de la Constituyente del 91.

Más concretamente, se trataba del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, que fue el que tumbó la Corte, tras la demanda de los abogados Germán Calderón y Dionisio Enrique Araújo. La norma establecía un régimen especial de pensiones a favor de congresistas y magistrados que según los juristas "desconocía el derecho a la igualdad y favorecía a quienes devengaban mayores ingresos". Esto a pesar de la reforma constitucional 01 de 2005, que prohibía la consagración de regímenes especiales y que estableció unos topes de mesadas que no debían superar $14 millones 800 mil.

La decisión que tomó la Corte Constitucional, basándose en principios constitucionales como la equidad y la responsabilidad fiscal se refirió a esas mesadas que superaban los 25 salarios mínimos. Actualmente, son 626 congresistas y 244 viudas e hijos que de acuerdo con las cifras que maneja el Fondo de Previsión Social del Congreso tienen esta clase de beneficios y recibían cada mes hasta 28 millones de pesos.

La lista es grande y en ella aparecen, por ejemplo, excongresistas como Amílkar Acosta, con 20 millones de pesos mensuales; Jaime Castro, con 21 millones, o Leonor Serrano, con 18 millones. También sobresalen nombres como el de Carlos Albornoz, hoy procesado por manejos irregulares en los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando dirigió esta entidad; Alberto Santofimio, condenado por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, y Samuel Alberto Escrucería, el exsenador en líos por desviar cerca de 10.000 millones de pesos que iban destinados para la salud de Tumaco. Todos pensionados por Fonprecon.

Las nueve mesadas más costosas las tienen hoy la viuda Luz Gutiérrez de Alarcón, con $28’063.939; Darío Saravia Gómez, con $26’145.513, José Martínez Fletcher, $25’929.923; Beatriz Elena Zuluaga Sossa, con $ 25’578.639; Felicia Margarita Muskus de Náder, $25’246.354; José Roberto Jaramillo Arango; con $ 24’967.07; Margarita María Gaviria Jiménez, con $23’985.191; Arturo Faciolince López, con $23’232.581, y Pablo Emilio Galindo Falla: $23’049.935.

Aunque no todo ese dinero viene de recursos públicos, lo cierto es que la Nación desembolsa al menos 9.285 millones de pesos mensuales para la pensión solo de los congresistas. El fallo del alto tribunal que cobra vigencia el 1 de julio, ha desatado una profunda molestia en congresistas y magistrados que argumentan que la pensión es un derecho adquirido, e inalienable. En este sentido se pronunciaron el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez y su sucesor, Alfonso Vargas Rincón, cuando señalaron que les están violando un derecho que podría terminar en multimillonarias demandas en tribunales naciones e internacionales.

En todo caso, en un país en el que campea la pobreza y la inequidad que haya pensiones de funcionarios públicos que superan los 15 millones de pesos mensuales sigue siendo un tema sensible. Durante el debate que terminó con la restricción de las mesadas de congresistas y magistrados, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dio una cifra contundente: "con el dinero con que se pagan estas pensiones se podrían pagar 3.000 de las normales".
 

Desde el 1° julio entra a regir el fallo de la Corte Constitucional que ordenó que ni excongresistas ni exmagistrados podrán tener jubilaciones superiores a 25 salarios mínimos (14.7 millones de pesos). Pero el alto tribunal no solo puso techo a estas pensiones sino que determinó que las jubilaciones de todos los colombianos –salvo las del Presidente de la República y los miembros de la Fuerza Pública, que tienen otro régimen- se liquidarán de acuerdo con sus aportes y promediando los ingresos de los últimos diez años, como lo ordena la Ley 100.

Hasta ahora, congresistas y miembros de las altas cortes se pensionaban con el 75 por ciento del ingreso mensual promedio que devengaron durante el último año de labores, sin tener en cuenta sus aportes, ni cuántos fueron sus salarios previos. En su fallo la Corte fue más allá y, además, dejó abiertas varias puertas para que se investiguen decenas de mesadas que podrían haber sido fraudulentas como las que resultaron producto del 'carrusel de pensiones' del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales deberán ser revisadas y reliquidadas antes de que termine este año.

En todo caso, las 'megapensiones' que superan los 25 salarios mínimos serán, desde el 1 de julio que entra en vigencia el fallo de la Corte Constitucional, un beneficio del pasado. El 5 de mayo, el alto tribunal tomó la histórica decisión de enterrar parte de la Ley Cuarta de 1992, que se creó durante la administración del presidente Cesar Gaviria. Una norma, que tuvo el guiño del Ejecutivo, y fue considerada en su época por los analistas como la fórmula que calmaría los ánimos revanchistas de los parlamentarios que fueron revocados de su periodo tras ejercer un año por cuenta de la instalación de la Constituyente del 91.

Más concretamente, se trataba del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, que fue el que tumbó la Corte, tras la demanda de los abogados Germán Calderón y Dionisio Enrique Araújo. La norma establecía un régimen especial de pensiones a favor de congresistas y magistrados que según los juristas "desconocía el derecho a la igualdad y favorecía a quienes devengaban mayores ingresos". Esto a pesar de la reforma constitucional 01 de 2005, que prohibía la consagración de regímenes especiales y que estableció unos topes de mesadas que no debían superar $14 millones 800 mil.

La decisión que tomó la Corte Constitucional, basándose en principios constitucionales como la equidad y la responsabilidad fiscal se refirió a esas mesadas que superaban los 25 salarios mínimos. Actualmente, son 626 congresistas y 244 viudas e hijos que de acuerdo con las cifras que maneja el Fondo de Previsión Social del Congreso tienen esta clase de beneficios y recibían cada mes hasta 28 millones de pesos.

La lista es grande y en ella aparecen, por ejemplo, excongresistas como Amílkar Acosta, con 20 millones de pesos mensuales; Jaime Castro, con 21 millones, o Leonor Serrano, con 18 millones. También sobresalen nombres como el de Carlos Albornoz, hoy procesado por manejos irregulares en los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando dirigió esta entidad; Alberto Santofimio, condenado por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, y Samuel Alberto Escrucería, el exsenador en líos por desviar cerca de 10.000 millones de pesos que iban destinados para la salud de Tumaco. Todos pensionados por Fonprecon.

Las nueve mesadas más costosas las tienen hoy la viuda Luz Gutiérrez de Alarcón, con $28’063.939; Darío Saravia Gómez, con $26’145.513, José Martínez Fletcher, $25’929.923; Beatriz Elena Zuluaga Sossa, con $ 25’578.639; Felicia Margarita Muskus de Náder, $25’246.354; José Roberto Jaramillo Arango; con $ 24’967.07; Margarita María Gaviria Jiménez, con $23’985.191; Arturo Faciolince López, con $23’232.581, y Pablo Emilio Galindo Falla: $23’049.935.

Aunque no todo ese dinero viene de recursos públicos, lo cierto es que la Nación desembolsa al menos 9.285 millones de pesos mensuales para la pensión solo de los congresistas. El fallo del alto tribunal que cobra vigencia el 1 de julio, ha desatado una profunda molestia en congresistas y magistrados que argumentan que la pensión es un derecho adquirido, e inalienable. En este sentido se pronunciaron el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez y su sucesor, Alfonso Vargas Rincón, cuando señalaron que les están violando un derecho que podría terminar en multimillonarias demandas en tribunales naciones e internacionales.

En todo caso, en un país en el que campea la pobreza y la inequidad que haya pensiones de funcionarios públicos que superan los 15 millones de pesos mensuales sigue siendo un tema sensible. Durante el debate que terminó con la restricción de las mesadas de congresistas y magistrados, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dio una cifra contundente: "con el dinero con que se pagan estas pensiones se podrían pagar 3.000 de las normales".