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En países desarrollados la desigualdad económica al interior de las regiones suele ser mayor que aquella que se presenta entre las regiones. La situación en Colombia parece ser diferente. Estudios como los de Adolfo Meisel apuntan a que en nuestro país el grueso de las desigualdades en la distribución del ingreso (del orden del 84%) obedecen a desigualdades entre los departamentos y solo secundariamente a desigualdades al interior de esas entidades territoriales (el 16% restante).
Si bien las desigualdades son marcadas, eso no quiere decir que no haya habido progresos en algunas dimensiones del desarrollo económico, como la salud y la educación. Las disparidades entre departamentos en términos de esperanza de vida al nacer, cobertura escolar y alfabetismo han tendido a estrecharse por periodos, con todo y la persistencia de diferencias ostensibles en la calidad de los servicios. Tiene defectos, no hay duda, pero el Sistema general de participaciones merecería parte importante del crédito por esos resultados.
Las disparidades interregionales de ingreso per cápita han probado ser particularmente agudas y persistentes. Aunque los ciclos económicos no tienen una incidencia geográfica homogénea, en Colombia los mecanismos fiscales para ayudar a los departamentos más afectados por el estancamiento o la recesión son más bien marginales. No existe seguro de desempleo, por ejemplo. También son marginales los mecanismos de aseguramiento de ingresos mínimos de la población (por ejemplo, el programa llamado Colombia Mayor). Estas carencias institucionales se han hecho más evidentes de lo usual con la pandemia del coronavirus 2019, que ha puesto sobre el tapete la conveniencia de adoptar un programa de ingreso básico universal.
La tarea de promover el desarrollo armónico de las regiones ha recaído en buena parte sobre el Sistema general de regalías, en especial sobre el Fondo de desarrollo regional y el Fondo de compensación regional. Sin embargo, las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables son una fuente de financiación sujeta a una volatilidad relativamente alta.
Las protestas sociales recientes han tenido un carácter más urbano que rural y cabe preguntarse si ese rasgo ha influido en la escasa atención que han recibido las desigualdades regionales. La preocupación central parece ser la desigualdad urbana. Eso no le quita mérito al descontento, pero sí es diciente que, siendo así, instrumentos como la estratificación socioeconómica no haya sido puesta en cuestión. Vista por muchos como promotora de la equidad y la progresividad, la estratificación socioeconómica, tal y como está diseñada en las grandes ciudades, puede en realidad contribuir a perpetuar la segmentación y la desigualdad.
La búsqueda del pleno empleo es un mandato de la Constitución colombiana cuyo cumplimiento requería institucionalizar políticas macroeconómicas keynesianas. Puesto que los niveles de desempleo difieren considerablemente entre regiones, tal tipo de políticas ayudaría también a moderar las desigualdades económicas entre jurisdicciones. Pero en décadas recientes el clima ideológico ha sido más favorable al fundamentalismo de mercado.
El gobierno Duque promueve la flexibilización del mercado laboral como remedio principal contra el desempleo, pese a que es bastante dudosa su eficacia para reducir las altas tasas de desempleo que a menudo se registran en capitales como Quibdó, Armenia y Cúcuta.
El sistema electoral vigente lleva a que alrededor de la tercera parte de los departamentos colombianos por lo regular se queden sin representación en el Senado. Los departamentos sin senador son en su mayoría pequeños en población, como Amazonas y Arauca, pero también hay departamentos medianos que han sido afectados, como La Guajira y el Meta. Hay razones para pensar que las protestas son más un complemento que un sustituto de la representación política como canal de expresión de las preocupaciones e intereses concernientes, de modo específico, a los desequilibrios regionales. Colombia tiene, creo yo, una deuda que saldar mediante una reforma electoral: evitar que queden departamentos o regiones sin representación.
*Decano, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia