La reconstrucción de la historia del robo de tierras en Colombia resultó ser un rompecabezas en el que cada pieza es más semejante a las demás de lo normal. Los mismos actores, similares metodologías e idénticos damnificados hacen parte del balance hallado hasta la fecha por el equipo de investigadores encabezado por la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo más reciente estudio fue revelado ayer por el presidente Juan Manuel Santos.
El documento traía un escandaloso nuevo dato, que sirve para hacerse a la idea de la magnitud del problema: en total, el Ejecutivo ha logrado documentar el despojo de unas 700 mil hectáreas en Colombia. Robo en el que participaron desde las guerrillas (especialmente las Farc), hasta los narcotraficantes, los ya desmovilizados grupos de autodefensas y sus herederos de las llamadas bandas criminales. Usurpación que se produjo en buena medida contra los campesinos del país, pero que en últimas perjudicó en mayor medida al Estado, si nos atenemos estrictamente a la cantidad de tierra robada.
Las prácticas empleadas tampoco variaron mucho. El actor violento de turno se las arregló para sobornar a funcionarios de notarías (o tal vez amenazarlos) con el fin de que le ayudasen a legalizar sus acciones en zonas determinantes para el tráfico de armas, las rutas de la droga o simplemente en áreas en las que preveían el desarrollo de lucrativos proyectos agrícolas.
Alarmante hallazgo, claro, pero no exclusivo de los departamentos de Cundinamarca y Norte de Santander, que como anunció el presidente Santos han sido objeto de vejaciones por todos los armados ilegales. El mismo gobierno había revelado primero que, con similares métodos, los particulares se apropiaran de predios por unos $225.000 en la región de los Montes de María. Quizá la diferencia radicaba en que, por tratarse de una zona de cultivos extensivos, los paramilitares que allí actuaban tuvieron que hacer menos trámites notariales que los guerrilleros que se apropiaron de minufundios en Norte de Santander. Después, el fenómeno volvía a ser semejante y el sorpresivo comprador vendía en tiempo récord los predios a un precio hasta 50 veces superior a aquel por el que había comprado uno o dos meses atrás. Como ocurrió con la finca “El Cucal”, en San Onofre, Sucre.
El plagio de resoluciones del Incora también tuvo lugar en varias regiones y ni hablar del fenómeno de suplantación de desplazados, que el gobierno ya tiene identificado y contra el que anunció hasta recompensas.
Otro caso, que había dado ya para preocupación es el de Urabá, documentado desde agosto por la Superintendencia de Notariado. La legalización de tierras despojadas quedó al descubierto tras una revisión a los documentos de la oficina de Instrumentos Públicos de Turbo (Antioquia), aunque mucho tiempo después de que los primeros defensores de la restitución lo denunciaran y hasta los ex jefes paramilitares lo reconocieran parcialmente en sus declaraciones ante los fiscales de justicia y paz. Fueron más de 1.400 predios rurales de municipios como Apartadó, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí, los que confirmaron los hallazgos. Los mismos compradores, la misma diligencia en las transacciones y la estela de la muerte entre los vendedores o sus familiares.
Pero un mes después apareció el reporte oficial de otra zona de despojo, que también coincide con el teatro de operaciones de la violencia en el país. Se trataba del Meta. Según el ejecutivo, fue una situación cuatro veces más grande que la de Urabá. Sólo en el municipio de San Martín, que representa la quinta parte del departamento, fueron despojadas 187.000 hectáreas. El ejemplo más contundente de lo allí ocurrido está en la finca “La Frontera”, que de un tamaño inicial de 18.000 hectáreas pasó a 38.000, a punta de argucias jurídicas sobre rectificación de linderos.
Los informes iniciales de la Superintendencia sobre el robo de tierras sirven para un diagnóstico inicial, pero en manera alguna abarcan la totalidad del fenómeno. Quedan pendientes casos como los de Vichada y Guaviare, el despojo en Valle y el cambio de propiedad de la tierra en zonas tan apetecidas como el Magdalena Medio. Mientras se recauda la información necesaria sobre el tema, la gran inquietud de las víctimas es la misma que manifestaron ayer al Gobierno las más de 300 familia cordobesas que recibieron los títulos mediante los cuales se les reintegraban las propiedades que los paramilitares les habían quitado: ¿Cómo hará el gobierno para garantizar que no los vuelvan a sacar por la fuerza de su terruño?
Desafío enorme para un país que no resistiría una frustración más en su intento por resarcir a los damnificados de tantas décadas de desafueros por parte de los violentos y que decidió por fin intentar hacer justica en la materia.