El milagro del Eje Cafetero

La reconstrucción del Eje Cafetero fue posible gracias a tres elementos fundamentales: la ampliación de un punto en el impuesto a las transacciones bancarias, del 2 al 3 por mil; la voluntad política del gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y su gabinete, que trasladó a Armenia durante ocho días la sede de su mandato; y el modelo político-administrativo que se utilizó para poner en marcha el proceso, ejecutando los recursos a través de la sociedad civil.

Un punto adicional en el impuesto a las transacciones bancarias en 1999 significó $1 billón 400.000 millones para la reconstrucción. La iniciativa se le atribuye al entonces senador Javier Ramírez Mejía, oriundo del municipio de Circasia, departamento del Quindío, quien logró las firmas de todos sus colegas en el Congreso para que se tramitara la ley como una iniciativa del gobierno.

Otra fuente de financiación fue el endeudamiento externo. El gobierno consiguió así otros $200.000 millones, muchos de ellos con cero intereses. En la retina del público quedó la sensación de que la reconstrucción había sido financiada por las ayudas hechas por los colombianos a través de cuentas y obsequios, lo mismo que por donaciones de gobiernos extranjeros. Los cálculos finales del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero sugieren que estas donaciones, nacionales e internacionales, sólo sumaron $15.000 millones, un 2% del total.

“Los grandes contribuyentes para que los 28 municipios afectados por el terremoto se hubieran recuperado son todos los colombianos que, muchos sin darse cuenta, pagaron ese tributo”, sostiene el ex senador Ramírez Mejía.

El impuesto se cayó en la Corte Constitucional, pero fue adicionado como un artículo de la denominada Ley Quimbaya, que también fue iniciativa de dos quindianos: el propio ex senador Ramírez Mejía y el ex representante a la Cámara César Augusto Mejía Urrea.

Hubo compromiso

Desde el mismo momento del terremoto, el presidente Andrés Pastrana Arango tomó la decisión de venir a Armenia con todo su equipo de gobierno para iniciar personalmente la atención de la emergencia y la reconstrucción. Instaló su sede en el edificio de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, desde donde despachó con los gobernantes locales durante dos semanas.

Así se le dio vida al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero —Forec— y su consejo directivo, conformado por personalidades vinculadas a la región. El Forec fue una entidad especial, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera, con estructura administrativa propia y con facultades excepcionales, con solo un funcionario, el director ejecutivo, y con sede permanente en la ciudad de Armenia. Manejó todo el dinero a través de una fiducia en la Previsora Nacional.

Todo el personal técnico necesario fue vinculado a través de consultorías. No hubo burocracia: Diego Arango Mora, ex presidente del Consejo Directivo del Forec, destaca que “el Forec sólo utilizó el 5% en gastos administrativos mientra el sector privado usa un 25% de su presupuesto en funcionamiento, el sector público en promedio el 56% y pueden llegar hasta el 75 y el 80%. Aquí, en Armenia, le demostramos al país cómo con una inversión muy pequeña se pueden aplicar grandes recursos del Estado”.

El papel de la sociedad civil

En el caso de la reconstrucción del Eje Cafetero colombiano, a diferencia de los modelos aplicados en los más recientes desastres: terremoto de Popayán (1983), explosión y avalancha del Nevado del Ruiz sobre Chinchiná y Armero (1986) y terremoto y avalancha sobre la comunidad Paez, en el Cauca (1994), hubo una intensa intervención de la sociedad civil en la ejecución de los proyectos.

Resultaron claves las OPV (Organizaciones Populares de Vivienda). Las comunidades de cada municipio intervinieron en dos sentidos: primero, como organismos de presión frente a las ONG y el Estado para lograr la solución de problemas prioritarios, en la etapa de emergencia y, segundo, como ejecutoras de programas, especialmente de tipo social, como revivir el tejido social perdido y volver a construir viviendas.

Se crearon 32 zonas como objetivos de la reconstrucción en los 28 municipios con un gerente para cada una. Para tal fin, en una convocatoria pública nacional, se eligieron 32 ONG nacionales encargadas de dirigir, administrar y ejecutar los programas y proyectos a través de los denominados Planes de Acción Zonal (PAZ).

Los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones fueron marginados de la ejecución en el afán de proteger todo el plan de la politiquería, el clientelismo y la corrupción. El modelo aseguraba que el dinero recaudado por el impuesto de las transacciones bancarias no pasaría por las manos de la tradicional clase política partidista colombiana. La mayoría coincide en que funcionó.