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El próximo jueves 25 de abril, organizaciones sindicales, juveniles, agrarias y urbanas se unirán en un Paro Nacional por la defensa de los territorios y la paz.
La jornada fue convocada durante el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas que se realizó en Bogotá en febrero de 2019. El llamado a la marcha, entre otras cosas, se realizó como forma de protesta en contra de las políticas sociales del Gobierno del presidente Iván Duque, que se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo, así como el asesinato y persecución sistemática a los líderes sociales.
La movilización comenzó en diciembre de 2018 con las marchas convocadas por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), y luego fue continuada por la minga indígena que fue declarada el domingo 10 de marzo.
Tal como lo expresaron los líderes indígenas que plantearon una mesa de negociación en el departamento del Cauca con el primer mandatario, el paro nacional, más allá de ser un movimiento de un solo sector social, agrupa el descontento y las exigencias de organizaciones políticas, de maestros, estudiantiles, defensoras de derechos humanos, entre otras, por un movimiento en conjunto.
El Congreso de los Pueblos anunció que se sumaría a la jornada desde distintos puntos de concentración distribuidos en al menos 10 departamentos. El denominado Comando Unitario de Paro también afirmó que tiene capacidad para convocar una movilización en 25 departamentos. Otros sectores que se unirán a la protesta con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.
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La movilización fue convocada por tres puntos principales. El primero es el descontento frente al Plan Nacional de Desarrollo que “representa un modelo de país pensado para la minería y los grandes gremios empresariales como el agroindustrial o de infraestructura”, según comentó Jimmy Moreno, representante del Congreso de los Pueblos.
La segunda razón es la defensa de la vida, la paz y los derechos humanos, y por la preocupación que representa la progresiva cifra de líderes sociales asesinados, así como la desprotección de los derechos fundamentales que las organizaciones indígenas y autoridades territoriales alegaron durante el desarrollo de la minga y las confrontaciones que hubo entre ellos y la fuerza pública. Por último, los gremios exigen el cumplimiento de los acuerdos que fueron pactados con ciertos sectores sociales y que hasta el momento no han dado fruto.
Para el jueves, 25 de abril, se tienen planeadas marchas en las principales ciudades y concentraciones en las vías que conectan en más de 25 departamentos.
El domingo, 28 de abril, se instalará un refugio humanitario que se mantendrá en pie hasta el 2 de mayo, en donde se espera la llegada de 3.000 líderes pertenecientes a todas las regiones del país: "La sociedad colombiana debe retomar el camino de la solución política y negociada al conflicto, para que cese la violencia. El Refugio Humanitario que es a su vez un encuentro por la vida, también exigirá al Estado colombiano garantías a la vida y a la acción social y política, y dar cuenta de sus esfuerzos, acciones y propuestas ante el incremento del genocidio que le ha costado la vida y la libertad a cientos de líderes y lideresas en los territorios y ciudades, además construirá una ruta de autocuidado y autoprotección que se dinamizará en los territorios una vez culminado el Refugio".
El 1 de mayo, el pueblo se unirá “para exigirle al Gobierno y a la fuerza pública que respeten los protocolos de acción y las garantías al legítimo derecho de la protesta”, señaló Erika Prieto, vocera de la comisión nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.