El “pilo” que estudia derecho para evitar que Mocoa viva otra avalancha

El 17 de abril de 2017, Cristian Cortés, entonces personero del colegio Ciudad Mocoa, pedía ayuda para que los estudiantes de su colegio no quedaran en desventaja frente al resto del país en las pruebas Saber y pudieran acceder a oportunidades de estudio. Habían transcurrido pocos días desde la avalancha que azotó a la ciudad la noche del 31 de marzo. Los colegios apenas abrían sus puertas para que los sobrevivientes regresaran a clases. (Lea aquí: “En el cielo están ansiosos por ver cómo nos sobreponemos”: estudiante de Mocoa)

“Ya no tenemos casa algunos de nosotros, en nuestros corazones sentimos la ausencia de nuestros familiares, amigos, vecinos, pero es por ellos que debemos seguir luchando y no desistir de este noble deseo de superarnos, de estudiar para cambiar nuestra situación y nuestra sociedad”, dijo en un discurso el joven de 17 años luego de una misa en la institución. De los 30 alumnos inscritos en su salón, regresaron solo 18. Los demás fallecieron o huyeron despavoridos a otros territorios como Cali, Villa Garzón, Puerto Asís y Pasto.

Un año después de la avalancha, el sueño de Cristian se hizo realidad. Ganó una de las 51 becas de “Ser pilo paga” que el Gobierno otorgó especialmente a Mocoa tras la peor tragedia que ha vivido la ciudad. Ahora estudia derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Por cuenta de la poca acción de las autoridades para evitar que esta tragedia sucediera, Cortés decidió estudiar derecho. Su objetivo es no permitir que su historia la tengan que vivir otros jóvenes.

Según la Fiscalía, antes de la avalancha, existieronevarias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades. "Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias", dijo en ente investigador que le imputó cargos el pasado 29 de noviembre a la gobernador del departamento, y al excalde y alcalde de la ciudad.

El 1 de abril de 2017, Cortes y su familia llegaron al Instituto Tecnológico de Putumayo (ITP), que se convirtió por unos días en el albergue temporal más grande de la ciudad. Su abuela Olga a la que llama mamá, su hermana y su tío se salvaron de morir ahogados en el barrio San Miguel porque se subieron al segundo piso de una casa grande, en la que sobrevivieron casi 100 personas, mientras veían a vecinos, amigos y conocidos pasar en las aguas bravas que traían consigo carros, enormes piedras y hasta postes de energía.

Ahora viven en arriendo en un apartamento en el barrio Obrero, al frente del hospital de Mocoa. Aunque algunos de sus vecinos retornaron al barrio San Miguel porque el subsidio del Gobierno ($250.000) no les alcanza para pagar un arriendo en un nuevo apartamento, Olga Alcira Cortés Quiñones no ha vuelto porque le da miedo. “Lo que el Gobierno da son 250 mil mensuales para el arriendo y en Mocoa no se consigue pieza por ese precio. Aquí me cobran 500 mil el mes con servicios. Me rebusco vendiendo catálogos para pagar y cubrir las cuotas de un crédito que saqué en un banco”, dice la mamá de Cristian.

El 17 de abril de 2017, Cristian Cortés, entonces personero del colegio Ciudad Mocoa, pedía ayuda para que los estudiantes de su colegio no quedaran en desventaja frente al resto del país en las pruebas Saber y pudieran acceder a oportunidades de estudio. Habían transcurrido pocos días desde la avalancha que azotó a la ciudad la noche del 31 de marzo. Los colegios apenas abrían sus puertas para que los sobrevivientes regresaran a clases. (Lea aquí: “En el cielo están ansiosos por ver cómo nos sobreponemos”: estudiante de Mocoa)

“Ya no tenemos casa algunos de nosotros, en nuestros corazones sentimos la ausencia de nuestros familiares, amigos, vecinos, pero es por ellos que debemos seguir luchando y no desistir de este noble deseo de superarnos, de estudiar para cambiar nuestra situación y nuestra sociedad”, dijo en un discurso el joven de 17 años luego de una misa en la institución. De los 30 alumnos inscritos en su salón, regresaron solo 18. Los demás fallecieron o huyeron despavoridos a otros territorios como Cali, Villa Garzón, Puerto Asís y Pasto.

Un año después de la avalancha, el sueño de Cristian se hizo realidad. Ganó una de las 51 becas de “Ser pilo paga” que el Gobierno otorgó especialmente a Mocoa tras la peor tragedia que ha vivido la ciudad. Ahora estudia derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Por cuenta de la poca acción de las autoridades para evitar que esta tragedia sucediera, Cortés decidió estudiar derecho. Su objetivo es no permitir que su historia la tengan que vivir otros jóvenes.

Según la Fiscalía, antes de la avalancha, existieronevarias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades. "Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias", dijo en ente investigador que le imputó cargos el pasado 29 de noviembre a la gobernador del departamento, y al excalde y alcalde de la ciudad.

El 1 de abril de 2017, Cortes y su familia llegaron al Instituto Tecnológico de Putumayo (ITP), que se convirtió por unos días en el albergue temporal más grande de la ciudad. Su abuela Olga a la que llama mamá, su hermana y su tío se salvaron de morir ahogados en el barrio San Miguel porque se subieron al segundo piso de una casa grande, en la que sobrevivieron casi 100 personas, mientras veían a vecinos, amigos y conocidos pasar en las aguas bravas que traían consigo carros, enormes piedras y hasta postes de energía.

Ahora viven en arriendo en un apartamento en el barrio Obrero, al frente del hospital de Mocoa. Aunque algunos de sus vecinos retornaron al barrio San Miguel porque el subsidio del Gobierno ($250.000) no les alcanza para pagar un arriendo en un nuevo apartamento, Olga Alcira Cortés Quiñones no ha vuelto porque le da miedo. “Lo que el Gobierno da son 250 mil mensuales para el arriendo y en Mocoa no se consigue pieza por ese precio. Aquí me cobran 500 mil el mes con servicios. Me rebusco vendiendo catálogos para pagar y cubrir las cuotas de un crédito que saqué en un banco”, dice la mamá de Cristian.