Tras dos días de negociaciones, los líderes del paro contra la actualización catastral, la Gobernación de Santander y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) lograron en Bucaramanga un acuerdo para levantar los bloqueos que persistían desde hace seis días en el departamento. En las próximas semanas los organismos públicos se encargarán de hacer las revisiones de los casos que se han alertado, y que en esencia son cobros desaforados tras la actualización del catastro.
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Las historias que se han escuchado en los últimos días repiten patrones similares. Por ejemplo, Berceli Guerrero, quien vive en Moniquirá, Boyacá, señaló esta semana a este medio que, a pesar de que el año pasado había pagado de impuesto predial de COP 206.000, en 2026, con la actualización, el recibo le llegó por encima de COP 2,6 millones. “¿Cómo puede una persona producir para pagar si no tiene ni para comer?“, señaló la mujer.
Algo similar resalta el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien explica que un predio en Lebrija, que antes estaba avaluado en COP 200 millones pasó a costar más de COP 2.000 millones. “O sea, esa persona ya tiene que declarar renta y pagar impuesto al patrimonio, y si va a vender el predio, los gastos notariales se le van a incrementar”.
A esto se suman denuncias en donde los propietarios, especialmente de zonas rurales, indican que les modificaron los linderos, incluyeron modificaciones que no han hecho o no se han tenido en cuenta condiciones como la productividad del predio, por lo que se unieron y salieron a protestar para exigir la derogación de la resolución que establece la actualización catastral hecha por el IGAC y suspender los intereses y cobros coactivos.
“Cuando iniciamos los diálogos les hice una pregunta, ¿ustedes qué quieren, que deroguen la 2057 (la resolución del IGAC) o que le bajen al avalúo? Y todos gritaban que lo derogaran. Les dije: “Listo, entonces derogada, pero no se les baja el avalúo, y entendiendo que lo que buscaban era que se bajara el avalúo, se acordó con el IGAC que se revisaran los casos específicos”.
El acuerdo señala que la Secretaría de Planeación de Santander y el IGAC revisarán los casos que generan inconformismos, así como se acompañará a los alcaldes municipales a sacar adelante acuerdos que permitan hacer descuentos y extender los plazos de pago, así como en 20 días se hará la revisión de lo avanzado.
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Como ya se mencionó, lo que pasó estos últimos días no es nuevo. Desde hace por lo menos cuatro años las actualizaciones catastrales han sido el palo en la rueda para varias alcaldías, como la de Soacha, donde se han registrado varias movilizaciones por cuenta de los altos cobros, y aunque se han llegado a acuerdos de pago y revisiones, los inconformismos y cuestionamientos persisten.
En parte, estas situaciones se explican por lo que ha pasado con las actualizaciones. El catastro multipropósito surge del punto 1 del Acuerdo de Paz y lo viene haciendo el IGAC, responsable de la actualización en más de 800 municipios, y otros gestores catastrales que deben ser avalados por la anterior entidad, y que se autoriza que creen las entidades territoriales. Tal es el caso de Bogotá, donde existe la oficina de Catastro, o el de Soacha, donde se creó la empresa mixta Catastro Avanza, para realizar las actualizaciones.
El problema es que cuando se comenzó el proceso había un desfase alarmante. De acuerdo con cifras del IGAC, menos del 5 % del país tenía el catastro actualizado, y en el resto no se realizaba el proceso hace más de 10 años, y en los peores casos superaban los 25 años o los registros estaban incompletos.
Es por ello que se han presentado casos en los que dentro de los registros había una casa hecha en bareque de un piso, pero ahora hay un edificio de cinco pisos, con el primer piso comercial, por ejemplo, lo que justificaría un aumento del cobro predial. De igual forma, los gestores catastrales y el IGAC se encontraron con inconvenientes, como problemas de linderos y dificultades para hacer las mediciones, lo que se ha superado con el apoyo de drones y otras tecnologías, que hoy los manifestantes cuestionan sobre su efectividad.
La discusión seguirá sobre la mesa en la medida en que se continúe haciendo la actualización catastral en todo el país. Por lo pronto, se puede decir que sí se han logrado tener casos de éxito, como el de Manizales, donde además de avanzar en el catastro multipropósito, se ha hecho en el recaudo. La cuestión queda en qué tan juiciosas serán las administraciones en hacer futuras actualizaciones y en resolver los problemas que ya existen por los elevados aumentos, que ponen en jaque la economía de los propietarios.