El problema histórico y étnico de hacer rentables las salinas de Manaure

Durante la pandemia por el COVID-19, las salinas de Manaure, a cargo de la empresa venezolana Big Group, pararon su producción debido a las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno nacional desde marzo. A pesar de que la empresa ya podría funcionar, los trabajadores, en su mayoría indígenas wayuus, convocaron un paro desde hace siete meses para que se les reconozca el derecho a participar en la explotación de la sal. Desde la multinacional aseguran que la operación de las salinas es muy complicada, debido a un cartel de transporte que está instalado en la zona y a las dos huelgas que se han presentado desde 2014, año en el que la empezaron a operar. Aseguran que acudieron a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, pero no obtuvieron solución a estas problemáticas.

Ubicado en La Guajira, a 74 km de Riohacha, el municipio de Manaure fue creado por comunidades nómadas de indígenas. Desde sus primeros días fue deseada por diferentes sectores sociales, porque la sal funcionaba como manera de pago en el comercio antiguo. En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año —una toneladas vale $68.000—. A pesar de esto, las salinas están en un momento complejo debido a la actuación de los factores que confluyen en la producción de este mineral.

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Ernesto de Luca, presidente de la compañía venezolana, asegura que estas salinas tienen capacidad para producir un millón de toneladas al año, cifra que no ha sido alcanzada por la empresa. Además, señaló que hay un cartel del transporte en la zona que creó un sobrecosto en la ruta de la sal de Manaure a Uribia. Transportar una tonelada del mineral en ese primer trayecto de 20 km cuesta $2.125 por kilómetro recorrido, mientras que de Uribia a Bogotá cuesta $113, según De Luca. La compañía advierte que ese factor y las huelgas influyen en que la empresa no haya podido dar los resultado esperados.

En 1824 el Estado tomó la decisión de declarar propiedad de la nación todas las salinas del país. En el caso de Manaure, desde 1920 el Gobierno empezó a hacer concesiones a particulares. Sin embargo, en 1941 el Banco de República se hizo cargo de las salinas marítimas por treinta años, para después conceder la explotación al Instituto de Fomento Industrial (IFI). A finales de los años 80 y principios de los 90 los indígenas reclamaron su derecho a la explotación de esa zona mediante una serie de huelgas que condujeron a la firma de varios acuerdos que, según la comunidad wayuu, hoy siguen sin cumplir.

“El 27 de julio de 1991 la nación colombiana, representada por el señor César Gaviria, firmó un acuerdo con los wayuus. Este confirmaba la constitución de una empresa mixta con la participación de los indígenas, con un porcentaje, el cual no se determinó en ese momento”, le dijo Elmer Altamar, miembro de la comunidad Sumain Ichi, a El Espectador. A raíz de esto, se dio la creación de la empresa Salinas de Manaure Ltda. (SAMA), cuyo objetivo principal es representar a esta etnia en todo el proceso de explotación, producción y comercialización de la sal obtenida allí.

Desde la firma de este acuerdo hasta 2002 hubo varias huelgas, tutelas, demandas y decretos que pretendían solucionar los problemas de producción de la zona y satisfacer las peticiones de los indígenas. Ese año se sancionó la Ley 773, a mediante la cual el Gobierno le entregó el 51 % de las salinas de Manaure a tres comunidades wayuus: Waya Wayuu, Asocharma y Sumain Ichi. Teniendo en cuenta que Sumain Ichi ya tenía un 25 % de participación, con esta decisión los indígenas quedaron con un 76 % de la explotación en la zona. El 24 % restante le pertenece a la Alcaldía del municipio. El Estado puso como condición a los wayuus la contratación de una empresa privada que hiciera las operaciones de explotación en representación de ellos.

Ante el descontento de las comunidades por las exigencias del Gobierno, SAMA operó las salinas de manera autónoma en 2010, dejando pérdidas que llevaron a la empresa a acogerse a la Ley 550, que cobija a las empresas que están a punto de quebrar. A partir de entonces, la Superintendencia de Comercio inició un proceso de licitación que ganó la multinacional venezolana Big Group, en 2014.

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Tanto los indígenas como la compañía coinciden en que en la zona hay un abandono estatal, departamental y municipal que crea las condiciones para el incumplimiento de los acuerdos y que las huelgas escalen hasta el vandalismo. Sin embargo, el gobierno departamental asegura que están dispuestos al fortalecimiento institucional de esa industria. “Con el Gobierno nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, y la Gobernación de La Guajira, generamos espacios de concertación entre los actores involucrados en la economía de la sal para dirimir diferencias”, dijo Nemesio Roys, gobernador de La Guajira, a El Espectador.

Hoy las huelgas siguen siendo el pan de cada día. Big Group decidió entrar en liquidación el 18 de agosto de este año debido a las pérdidas por $54.000 millones que le ha generado la operación en la zona. Los indígenas siguen exigiendo que les permitan explotar las salinas de Manaure mediante la empresa SAMA y con ayuda del Gobierno nacional, sin necesidad de tener que contratar a un operador privado. “Las comunidades están reclamando participación económica y social, realizando bloqueos para impedir la salida de sal, pues consideran que su territorio se cedió con el fin de obtener beneficio y desde 1970 han transcurrido muchos años sin ver los resultados prometidos”, aseguró Altamar.

Durante la pandemia por el COVID-19, las salinas de Manaure, a cargo de la empresa venezolana Big Group, pararon su producción debido a las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno nacional desde marzo. A pesar de que la empresa ya podría funcionar, los trabajadores, en su mayoría indígenas wayuus, convocaron un paro desde hace siete meses para que se les reconozca el derecho a participar en la explotación de la sal. Desde la multinacional aseguran que la operación de las salinas es muy complicada, debido a un cartel de transporte que está instalado en la zona y a las dos huelgas que se han presentado desde 2014, año en el que la empezaron a operar. Aseguran que acudieron a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, pero no obtuvieron solución a estas problemáticas.

Ubicado en La Guajira, a 74 km de Riohacha, el municipio de Manaure fue creado por comunidades nómadas de indígenas. Desde sus primeros días fue deseada por diferentes sectores sociales, porque la sal funcionaba como manera de pago en el comercio antiguo. En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año —una toneladas vale $68.000—. A pesar de esto, las salinas están en un momento complejo debido a la actuación de los factores que confluyen en la producción de este mineral.

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Ernesto de Luca, presidente de la compañía venezolana, asegura que estas salinas tienen capacidad para producir un millón de toneladas al año, cifra que no ha sido alcanzada por la empresa. Además, señaló que hay un cartel del transporte en la zona que creó un sobrecosto en la ruta de la sal de Manaure a Uribia. Transportar una tonelada del mineral en ese primer trayecto de 20 km cuesta $2.125 por kilómetro recorrido, mientras que de Uribia a Bogotá cuesta $113, según De Luca. La compañía advierte que ese factor y las huelgas influyen en que la empresa no haya podido dar los resultado esperados.

En 1824 el Estado tomó la decisión de declarar propiedad de la nación todas las salinas del país. En el caso de Manaure, desde 1920 el Gobierno empezó a hacer concesiones a particulares. Sin embargo, en 1941 el Banco de República se hizo cargo de las salinas marítimas por treinta años, para después conceder la explotación al Instituto de Fomento Industrial (IFI). A finales de los años 80 y principios de los 90 los indígenas reclamaron su derecho a la explotación de esa zona mediante una serie de huelgas que condujeron a la firma de varios acuerdos que, según la comunidad wayuu, hoy siguen sin cumplir.

“El 27 de julio de 1991 la nación colombiana, representada por el señor César Gaviria, firmó un acuerdo con los wayuus. Este confirmaba la constitución de una empresa mixta con la participación de los indígenas, con un porcentaje, el cual no se determinó en ese momento”, le dijo Elmer Altamar, miembro de la comunidad Sumain Ichi, a El Espectador. A raíz de esto, se dio la creación de la empresa Salinas de Manaure Ltda. (SAMA), cuyo objetivo principal es representar a esta etnia en todo el proceso de explotación, producción y comercialización de la sal obtenida allí.

Desde la firma de este acuerdo hasta 2002 hubo varias huelgas, tutelas, demandas y decretos que pretendían solucionar los problemas de producción de la zona y satisfacer las peticiones de los indígenas. Ese año se sancionó la Ley 773, a mediante la cual el Gobierno le entregó el 51 % de las salinas de Manaure a tres comunidades wayuus: Waya Wayuu, Asocharma y Sumain Ichi. Teniendo en cuenta que Sumain Ichi ya tenía un 25 % de participación, con esta decisión los indígenas quedaron con un 76 % de la explotación en la zona. El 24 % restante le pertenece a la Alcaldía del municipio. El Estado puso como condición a los wayuus la contratación de una empresa privada que hiciera las operaciones de explotación en representación de ellos.

Ante el descontento de las comunidades por las exigencias del Gobierno, SAMA operó las salinas de manera autónoma en 2010, dejando pérdidas que llevaron a la empresa a acogerse a la Ley 550, que cobija a las empresas que están a punto de quebrar. A partir de entonces, la Superintendencia de Comercio inició un proceso de licitación que ganó la multinacional venezolana Big Group, en 2014.

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Tanto los indígenas como la compañía coinciden en que en la zona hay un abandono estatal, departamental y municipal que crea las condiciones para el incumplimiento de los acuerdos y que las huelgas escalen hasta el vandalismo. Sin embargo, el gobierno departamental asegura que están dispuestos al fortalecimiento institucional de esa industria. “Con el Gobierno nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, y la Gobernación de La Guajira, generamos espacios de concertación entre los actores involucrados en la economía de la sal para dirimir diferencias”, dijo Nemesio Roys, gobernador de La Guajira, a El Espectador.

Hoy las huelgas siguen siendo el pan de cada día. Big Group decidió entrar en liquidación el 18 de agosto de este año debido a las pérdidas por $54.000 millones que le ha generado la operación en la zona. Los indígenas siguen exigiendo que les permitan explotar las salinas de Manaure mediante la empresa SAMA y con ayuda del Gobierno nacional, sin necesidad de tener que contratar a un operador privado. “Las comunidades están reclamando participación económica y social, realizando bloqueos para impedir la salida de sal, pues consideran que su territorio se cedió con el fin de obtener beneficio y desde 1970 han transcurrido muchos años sin ver los resultados prometidos”, aseguró Altamar.