El reto de actualizar el predial en Colombia

Las actualizaciones catastrales en el país son tan necesarias como impopulares. Además de dar certezas sobre la organización territorial de los municipios y ciudades, han generado en los últimos años una serie de inconformismos en la ciudadanía, ya que estas nuevas revisiones vienen acompañadas de actualizaciones en los avalúos que se traducen en aumentos en el impuesto predial. El debate está en que en algunos lugares el aumento ha sido de más del 1.000 %, lo que ha puesto en jaque su cobro en algunos municipios.

Lo primero que hay que entender es que en el país se ha venido adelantando la actualización con el catastro multipropósito, ante un alarmante desfase y el hallazgo de registros incompletos, por cuenta de técnicas inadecuadas y cambios que normalmente se dan en las tierras, que deben ser entendidas desde diferentes variables. A esto se suma que “en el país solo el 2,25 % estaba actualizado, mientras que el promedio nacional del último registro está en quince años; es decir que hay municipios que ni se habían terminado de formar la última vez que se hicieron las mediciones”, dice John Fredy González, director de gestión catastral del Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), encargado de realizar la actualización en 800 municipios.

En los lugares donde se ha demorado su actualización se han observado grandes consecuencias. Por ejemplo, en Soacha en 2021 hubo una quema masiva de recibos, luego de que se registraran incrementos hasta del 500 % en los impuestos, como es el caso de Fabia Rodríguez, a quien el predial le pasó de $495.000 a $2.197.800. Aunque Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de ese municipio cundinamarqués aledaño a Bogotá, anunció que se haría la revisión de los cobros, eso le costó la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Este año, la historia se repitió.

Esta vez, en zonas urbanas y rurales salieron a protestar ante los considerables aumentos, pero quizás, entre los casos más sonados están el de Ciudad Verde y el de un conjunto de apartamentos VIS (Viviendas de Interés Social) en la comuna 2, donde el impuesto superó los $500.000, que es más de lo que, por ejemplo, paga una casa de dos pisos y más de cien metros en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

A esto se suman denuncias por irregularidades en las mediciones que hizo la empresa Catastro Avanza, creada como una entidad mixta, que ha sido fuertemente criticada en el Concejo municipal, por la forma en que se escogió el privado que la compone y por irregularidades, que cabildantes como Giovanni Ramírez (Cambio Radical) señalan que no son aclaradas por la Alcaldía ni la empresa, pese a debates de control político que han hecho al respecto.

En respuesta, el alcalde Saldarriaga ha indicado que en Soacha no se había hecho una actualización desde hace doce años, por lo que hay viviendas que antes eran de un piso y ahora tienen más de tres y con locales comerciales, que no pagan más por las mejoras. Por eso indica que deben actualizar sus impuestos. Del mismo modo, la Alcaldía resalta que, pese a los reclamos, en 2021 se pasó de recibir $3.000 millones de 6.000 predios a $65.000 millones con la actualización, lo que permitió impulsar, principalmente, obras viales, sociales y culturales, así como se espera que con mayores recaudos se puedan financiar obras de infraestructura.

“Hacer obras sin el pago del predial es imposible, pero ya 120.000 predios le han dicho sí y han pagado el impuesto para el desarrollo de nuestra ciudad y es necesario que todos lo hagamos; es lo que nosotros requerimos”, indicó Saldarriaga, a finales de 2021.

En Bucaramanga, 30.000 reclamaciones

Algo similar ocurre en Bucaramanga, capital de Santander. En este caso la actualización catastral estuvo en manos del Área Metropolitana y se hizo en dos fases, en 2019 y 2020. La primera fue demandada apelando al principio de equidad, y el Tribunal de Santander declaró la suspensión del cobro como medida provisional, lo que ahora está en apelación. Ocurrió lo mismo con la segunda, pero el Consejo de Estado determinó que no existía inequidad. Por ello, la actualización catastral solo se ha aplicado en la segunda fase; es decir, en 84.000 de las 194.000 viviendas de la ciudad, mientras se resuelve el recurso, la mayoría de las cuales están en los estratos 1, 2 y 3.

Al igual que en Soacha, en la capital santandereana hubo una lluvia de reclamos por el aumento hasta del 120 % en el impuesto predial, especialmente en la zona céntrica. Al respecto, Saharay Rojas Téllez, secretaria de Hacienda de Bucaramanga, explica que por esa razón se instalaron mesas de concertación para revisar las más de 30.000 reclamaciones y resolver cuestionamientos, como ocurrió con el aumento en el centro de la ciudad con los predios comerciales.

“Lograr la legitimidad en el proceso ha sido fundamental, porque desde hace diez años no se hace la actualización y por eso es que para muchos el aumento supera el 10 %. Hemos aplicado la conservación dinámica (proceso para inclusión de nuevas construcciones horizontales una vez son terminadas) y el catastro multipropósito. Vemos como aspecto positivo que este año solo hemos recibimos 485 reclamaciones, que son menos del 1 % de los predios en los que hemos podido aplicar la liquidación, y en el transcurso de 2022 esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la primera fase de la actualización para que quede completamente aplicado”, comenta Téllez, quien además señala que con la reliquidación completa la ciudad pasaría de recibir $20.000 millones a $60.000 millones de impuestos.

González, del IGAC, manifiesta que en los municipios en los que trabajan han tenido dificultades para recopilar la información por el mismo temor que tiene la gente a que les cobren más impuestos, por lo que señala que el proceso se debe entender a través de todas sus utilidades y no solo desde el aumento del catastro. “Puede ayudar a la ciudadanía en los conflictos de tierra, en especial en la delimitación de linderos, ya que el nuevo catastro puede servir como fuente. Aquí se requiere un grado importante de trabajo social con las alcaldías para bajar a esa oposición que se crean en estos trabajos de actualización”.

El proceso también ha puesto en jaque a otras ciudades como Villavicencio (ver recuadro), donde la ciudadanía también ha salido a protestar y, de paso, la Alcaldía ha tenido que aceptar errores, pero lo cierto es que este es un proceso al que ningún municipio del país le puede dar la espalda y que se requiere realizar de la mano de la ciudadanía, pues son quienes al final deberán asumir los cambios en los impuestos.

Las actualizaciones catastrales en el país son tan necesarias como impopulares. Además de dar certezas sobre la organización territorial de los municipios y ciudades, han generado en los últimos años una serie de inconformismos en la ciudadanía, ya que estas nuevas revisiones vienen acompañadas de actualizaciones en los avalúos que se traducen en aumentos en el impuesto predial. El debate está en que en algunos lugares el aumento ha sido de más del 1.000 %, lo que ha puesto en jaque su cobro en algunos municipios.

Lo primero que hay que entender es que en el país se ha venido adelantando la actualización con el catastro multipropósito, ante un alarmante desfase y el hallazgo de registros incompletos, por cuenta de técnicas inadecuadas y cambios que normalmente se dan en las tierras, que deben ser entendidas desde diferentes variables. A esto se suma que “en el país solo el 2,25 % estaba actualizado, mientras que el promedio nacional del último registro está en quince años; es decir que hay municipios que ni se habían terminado de formar la última vez que se hicieron las mediciones”, dice John Fredy González, director de gestión catastral del Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), encargado de realizar la actualización en 800 municipios.

En los lugares donde se ha demorado su actualización se han observado grandes consecuencias. Por ejemplo, en Soacha en 2021 hubo una quema masiva de recibos, luego de que se registraran incrementos hasta del 500 % en los impuestos, como es el caso de Fabia Rodríguez, a quien el predial le pasó de $495.000 a $2.197.800. Aunque Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de ese municipio cundinamarqués aledaño a Bogotá, anunció que se haría la revisión de los cobros, eso le costó la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Este año, la historia se repitió.

Esta vez, en zonas urbanas y rurales salieron a protestar ante los considerables aumentos, pero quizás, entre los casos más sonados están el de Ciudad Verde y el de un conjunto de apartamentos VIS (Viviendas de Interés Social) en la comuna 2, donde el impuesto superó los $500.000, que es más de lo que, por ejemplo, paga una casa de dos pisos y más de cien metros en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

A esto se suman denuncias por irregularidades en las mediciones que hizo la empresa Catastro Avanza, creada como una entidad mixta, que ha sido fuertemente criticada en el Concejo municipal, por la forma en que se escogió el privado que la compone y por irregularidades, que cabildantes como Giovanni Ramírez (Cambio Radical) señalan que no son aclaradas por la Alcaldía ni la empresa, pese a debates de control político que han hecho al respecto.

En respuesta, el alcalde Saldarriaga ha indicado que en Soacha no se había hecho una actualización desde hace doce años, por lo que hay viviendas que antes eran de un piso y ahora tienen más de tres y con locales comerciales, que no pagan más por las mejoras. Por eso indica que deben actualizar sus impuestos. Del mismo modo, la Alcaldía resalta que, pese a los reclamos, en 2021 se pasó de recibir $3.000 millones de 6.000 predios a $65.000 millones con la actualización, lo que permitió impulsar, principalmente, obras viales, sociales y culturales, así como se espera que con mayores recaudos se puedan financiar obras de infraestructura.

“Hacer obras sin el pago del predial es imposible, pero ya 120.000 predios le han dicho sí y han pagado el impuesto para el desarrollo de nuestra ciudad y es necesario que todos lo hagamos; es lo que nosotros requerimos”, indicó Saldarriaga, a finales de 2021.

En Bucaramanga, 30.000 reclamaciones

Algo similar ocurre en Bucaramanga, capital de Santander. En este caso la actualización catastral estuvo en manos del Área Metropolitana y se hizo en dos fases, en 2019 y 2020. La primera fue demandada apelando al principio de equidad, y el Tribunal de Santander declaró la suspensión del cobro como medida provisional, lo que ahora está en apelación. Ocurrió lo mismo con la segunda, pero el Consejo de Estado determinó que no existía inequidad. Por ello, la actualización catastral solo se ha aplicado en la segunda fase; es decir, en 84.000 de las 194.000 viviendas de la ciudad, mientras se resuelve el recurso, la mayoría de las cuales están en los estratos 1, 2 y 3.

Al igual que en Soacha, en la capital santandereana hubo una lluvia de reclamos por el aumento hasta del 120 % en el impuesto predial, especialmente en la zona céntrica. Al respecto, Saharay Rojas Téllez, secretaria de Hacienda de Bucaramanga, explica que por esa razón se instalaron mesas de concertación para revisar las más de 30.000 reclamaciones y resolver cuestionamientos, como ocurrió con el aumento en el centro de la ciudad con los predios comerciales.

“Lograr la legitimidad en el proceso ha sido fundamental, porque desde hace diez años no se hace la actualización y por eso es que para muchos el aumento supera el 10 %. Hemos aplicado la conservación dinámica (proceso para inclusión de nuevas construcciones horizontales una vez son terminadas) y el catastro multipropósito. Vemos como aspecto positivo que este año solo hemos recibimos 485 reclamaciones, que son menos del 1 % de los predios en los que hemos podido aplicar la liquidación, y en el transcurso de 2022 esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la primera fase de la actualización para que quede completamente aplicado”, comenta Téllez, quien además señala que con la reliquidación completa la ciudad pasaría de recibir $20.000 millones a $60.000 millones de impuestos.

González, del IGAC, manifiesta que en los municipios en los que trabajan han tenido dificultades para recopilar la información por el mismo temor que tiene la gente a que les cobren más impuestos, por lo que señala que el proceso se debe entender a través de todas sus utilidades y no solo desde el aumento del catastro. “Puede ayudar a la ciudadanía en los conflictos de tierra, en especial en la delimitación de linderos, ya que el nuevo catastro puede servir como fuente. Aquí se requiere un grado importante de trabajo social con las alcaldías para bajar a esa oposición que se crean en estos trabajos de actualización”.

El proceso también ha puesto en jaque a otras ciudades como Villavicencio (ver recuadro), donde la ciudadanía también ha salido a protestar y, de paso, la Alcaldía ha tenido que aceptar errores, pero lo cierto es que este es un proceso al que ningún municipio del país le puede dar la espalda y que se requiere realizar de la mano de la ciudadanía, pues son quienes al final deberán asumir los cambios en los impuestos.