El riesgo mortal de ser defensor en Colombia

El pasado nueve de abril, el país conmemoró el Día Nacional de las Víctimas con un trago bien amargo: Jesús Adán Quinto, un reconocido líder de restitución de tierras y de la población desplazada de Cacarica (Chocó) fue asesinado en Turbo (Antioquia). Dos sicarios arremetieron a punta de disparos contra su vida y convirtieron todos sus años de lucha en un sueño frustrado y una cifra más.

Jesús Adán pasó de asesorar a 45 familias despojadas para ser uno de los 30 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia en los primeros seis meses de este año, según un reporte del programa Somos Defensores. De estas víctimas, 18 recibieron amenazas antes de ser ultimadas. “En promedio, entre enero y junio de 2014 cada día fue agredido un defensor(a) y cada seis días fue asesinado uno de ellos”, sostuvo el informe. En total fueron 194 agresiones.

No sólo eso: 105 líderes y liderezas de derechos humanos recibieron amenazas, mientras otros 29 sufrieron atentados. Unas cifras preocupantes en un país que busca la paz para acabar con un conflicto que ya cumple más de medio siglo. La organización Somos Defensores se preguntó por las garantías que tienen las personas para proteger y promover los derechos de los que ellos y sus comunidades son sujetos.

Más aún si tres de los defensores asesinados “contaban con medidas de protección vigentes proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional” cuando su vida fue segada. En diálogo con El Espectador, la organización Somos Defensores explicó que no se trata de despreciar las medidas que el gobierno le otorga a algunos defensores, “pero sí necesitamos más que un chaleco y un celular porque si te quieren matar te meten dos tiros en la cabeza y ahí de nada sirve el chaleco”.

De hecho, la organización enfatizó en que se necesita que la protección sea más eficaz. En su rendición de cuentas de 2013, la Unidad Nacional de Protección registró que protegió a 621 dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que representa el 8% de la población a la que acoge. Además, documentó que en el programa participan 1.074 víctimas de derechos humanos, desplazados y líderes de restitución, un 14% del total de protegidos. Este es el segundo grupo mayoritario en la unidad, precedido por el de los servidores públicos que alcanza el 41%.

El último informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en enero pasado, confirmó el asesinato de 39 defensores durante 2013. De ellos, 12 recibieron amenazas antes de su muerte. “Entre las víctimas había reclamantes de tierras, dirigentes de comunidades rurales, autoridades indígenas y militantes contra proyectos de minería e industria a gran escala”, documentó el reporte.

Asimismo, sostuvo que la prevención y la protección hacia esta población están estrechamente relacionadas. De ahí que se necesite “una mayor coordinación entre las entidades pertinentes del Estado, especialmente a nivel local, para garantizar una respuesta inmediata y una protección a largo plazo”. Y agregó que muy pocas investigaciones de la Fiscalía sobre los delitos perpetrados contra defensores de derechos humanos han logrado identificar a los autores materiales e intelectuales.

Precisamente, en su informe Somos Defensores explicó que “siguen siendo evidentes los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos. En la gran mayoría de casos, se evidencia que los crímenes se presentan en las primeras horas de la mañana o en altas horas de la noche cuando los líderes salen hacia su trabajo o regresan de él”. Tanto así que cuatro de los 30 homicidios registrados se presentaron entre 24 y 48 horas después de la expedición y difusión de un panfleto amenazante que apareció en los sitios donde las víctimas trabajaban o residían.

Incluso cuando el número de líderes de derechos humanos asesinados entre enero y junio de 2014 fue menor con respecto al mismo periodo de 2013 —en el que se presentaron 37 homicidios—, la cifra de agresiones en términos generales se incrementó en un 20%, pasando de 154 defensores agredidos a 194 casos. De hecho, Somos Defensores explicó en el reporte que el escenario para el período de estudio estuvo marcado por “las nuevas protestas campesinas que ya en 2013 habían generado una situación de crisis para el gobierno y la población del sector agrario en Colombia”.

Así como el temor latente que tienen estos líderes por la libertad de los exparamilitares que se acogieron a Justicia y Paz, ante la posibilidad de que estos últimos “busquen venganza y represalias contra quienes declararon en su contra”. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el 50% de las victimizaciones individuales se le atribuyeron a grupos paramilitares, seguidos en un 31% (61 agresiones) por actores desconocidos. La Fuerza Pública se registró en tercer lugar ostentando un 16% de las acciones, con 31 casos de presunta responsabilidad y les siguen las Farc y el Eln con un 2%, cada uno.

Sólo en enero se presentaron 49 agresiones, siendo el mes en que los líderes de derechos humanos más sufrieron actos de violencia. Justamente, también presentó el mayor número de asesinatos: 11. El siguiente pico de ataques se dio en mayo con 38 agresiones, pero en abril también se perpetraron 11 homicidios. Un panorama poco alentador para estas personas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades para proteger los derechos. “Las cifras indican que persisten los riesgos y la violencia contra los defensores”, concluyó el informe.

Mientras el conflicto se negocia políticamente en La Habana (Cuba), la violencia crece contra la sociedad civil y sus líderes, esos mismos que se atreven a ser valientes. El próximo 9 de septiembre se celebrará por tercer año consecutivo el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Cinco colombianos serán condecorados mientras llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de reivindicar sus derechos y honran la memoria de los 290 defensores asesinados durante los últimos cinco años en Colombia.

El pasado nueve de abril, el país conmemoró el Día Nacional de las Víctimas con un trago bien amargo: Jesús Adán Quinto, un reconocido líder de restitución de tierras y de la población desplazada de Cacarica (Chocó) fue asesinado en Turbo (Antioquia). Dos sicarios arremetieron a punta de disparos contra su vida y convirtieron todos sus años de lucha en un sueño frustrado y una cifra más.

Jesús Adán pasó de asesorar a 45 familias despojadas para ser uno de los 30 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia en los primeros seis meses de este año, según un reporte del programa Somos Defensores. De estas víctimas, 18 recibieron amenazas antes de ser ultimadas. “En promedio, entre enero y junio de 2014 cada día fue agredido un defensor(a) y cada seis días fue asesinado uno de ellos”, sostuvo el informe. En total fueron 194 agresiones.

No sólo eso: 105 líderes y liderezas de derechos humanos recibieron amenazas, mientras otros 29 sufrieron atentados. Unas cifras preocupantes en un país que busca la paz para acabar con un conflicto que ya cumple más de medio siglo. La organización Somos Defensores se preguntó por las garantías que tienen las personas para proteger y promover los derechos de los que ellos y sus comunidades son sujetos.

Más aún si tres de los defensores asesinados “contaban con medidas de protección vigentes proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional” cuando su vida fue segada. En diálogo con El Espectador, la organización Somos Defensores explicó que no se trata de despreciar las medidas que el gobierno le otorga a algunos defensores, “pero sí necesitamos más que un chaleco y un celular porque si te quieren matar te meten dos tiros en la cabeza y ahí de nada sirve el chaleco”.

De hecho, la organización enfatizó en que se necesita que la protección sea más eficaz. En su rendición de cuentas de 2013, la Unidad Nacional de Protección registró que protegió a 621 dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que representa el 8% de la población a la que acoge. Además, documentó que en el programa participan 1.074 víctimas de derechos humanos, desplazados y líderes de restitución, un 14% del total de protegidos. Este es el segundo grupo mayoritario en la unidad, precedido por el de los servidores públicos que alcanza el 41%.

El último informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en enero pasado, confirmó el asesinato de 39 defensores durante 2013. De ellos, 12 recibieron amenazas antes de su muerte. “Entre las víctimas había reclamantes de tierras, dirigentes de comunidades rurales, autoridades indígenas y militantes contra proyectos de minería e industria a gran escala”, documentó el reporte.

Asimismo, sostuvo que la prevención y la protección hacia esta población están estrechamente relacionadas. De ahí que se necesite “una mayor coordinación entre las entidades pertinentes del Estado, especialmente a nivel local, para garantizar una respuesta inmediata y una protección a largo plazo”. Y agregó que muy pocas investigaciones de la Fiscalía sobre los delitos perpetrados contra defensores de derechos humanos han logrado identificar a los autores materiales e intelectuales.

Precisamente, en su informe Somos Defensores explicó que “siguen siendo evidentes los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos. En la gran mayoría de casos, se evidencia que los crímenes se presentan en las primeras horas de la mañana o en altas horas de la noche cuando los líderes salen hacia su trabajo o regresan de él”. Tanto así que cuatro de los 30 homicidios registrados se presentaron entre 24 y 48 horas después de la expedición y difusión de un panfleto amenazante que apareció en los sitios donde las víctimas trabajaban o residían.

Incluso cuando el número de líderes de derechos humanos asesinados entre enero y junio de 2014 fue menor con respecto al mismo periodo de 2013 —en el que se presentaron 37 homicidios—, la cifra de agresiones en términos generales se incrementó en un 20%, pasando de 154 defensores agredidos a 194 casos. De hecho, Somos Defensores explicó en el reporte que el escenario para el período de estudio estuvo marcado por “las nuevas protestas campesinas que ya en 2013 habían generado una situación de crisis para el gobierno y la población del sector agrario en Colombia”.

Así como el temor latente que tienen estos líderes por la libertad de los exparamilitares que se acogieron a Justicia y Paz, ante la posibilidad de que estos últimos “busquen venganza y represalias contra quienes declararon en su contra”. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el 50% de las victimizaciones individuales se le atribuyeron a grupos paramilitares, seguidos en un 31% (61 agresiones) por actores desconocidos. La Fuerza Pública se registró en tercer lugar ostentando un 16% de las acciones, con 31 casos de presunta responsabilidad y les siguen las Farc y el Eln con un 2%, cada uno.

Sólo en enero se presentaron 49 agresiones, siendo el mes en que los líderes de derechos humanos más sufrieron actos de violencia. Justamente, también presentó el mayor número de asesinatos: 11. El siguiente pico de ataques se dio en mayo con 38 agresiones, pero en abril también se perpetraron 11 homicidios. Un panorama poco alentador para estas personas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades para proteger los derechos. “Las cifras indican que persisten los riesgos y la violencia contra los defensores”, concluyó el informe.

Mientras el conflicto se negocia políticamente en La Habana (Cuba), la violencia crece contra la sociedad civil y sus líderes, esos mismos que se atreven a ser valientes. El próximo 9 de septiembre se celebrará por tercer año consecutivo el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Cinco colombianos serán condecorados mientras llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de reivindicar sus derechos y honran la memoria de los 290 defensores asesinados durante los últimos cinco años en Colombia.