El 'Tatequieto' a la Drummond
La empresa debe presentar la actualización del plan de contingencia para que se le autorice reiniciar la operación de cargue y descargue.
Redacción Negocios
El silencio de la multinacional Drummond para tratar de ocultar la emergencia de una barcaza el 13 de enero, que obligó a la operadora exportadora a lanzar al agua de la bahía de Santa Marta una cifra de carbón hasta ahora desconocida para proteger la vida de sus ocupantes, fue la causa para que el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendiera preventivamente el cargue del mineral en las barcazas hasta que la compañía actualice el plan de contingencia para la atención de este tipo de incidentes.
Así lo señaló tajantemente la directora de la Anla, Luz Helena Sarmiento, quien luego de enterarse de la emergencia a través de los medios de comunicación tomó la decisión histórica de ponerle el ‘tatequieto’ a la multinacional al expedir la resolución 123 del 6 de enero, que ordena la medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad de cargue de carbón de la multinacional Drummond.
La funcionaria, quien fuera extrabajadora de El Cerrejón, señaló que la compañía solo avisó a la Dimar de la emergencia de la barcaza y pidió permiso pasa sacar agua de la embarcación con el fin de resolver la situación, pero nunca para verter el mineral al lecho marino.
Sarmiento explicó que la suspensión del cargue del mineral por el puerto en la Bahía de Santa Marta irá hasta tanto la compañía no demuestre que sus plan de contingencia funciona para atender este tipo de emergencias, especialmente dotado de un plan de comunicaciones que involucre a todas las autoridades.
Lo que ocurrió en Puerto Drummond se conoció gracias a las denuncias del abogado Alejandro Arias, quien publicó en las redes sociales y en su blog las fotografías de la barcaza hundiéndose y a los operarios lanzando el mineral al mar.
Frente a este hecho, el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, señaló que esta situación, que pudo pasar desapercibida, puede terminar con una sanción que podría ir hasta los 5000 salarios mínimos diarios, es decir, unos $2500 millones.
A la investigación de la Anla se suma la de la Fiscalía para determinar si existió un delito ambiental por lo cual podrían venir medidas sancionatorias adicionales, señaló el ministro Uribe quien señaló que será la entidad ambiental la que determine la gravedad del siniestro.
Pese a la gravedad del hecho la multinacional no se pronunció sobre la emergencia y se espera que este jueves emita un comunicado en el que tratará de explicar que fue lo que ocurrió realmente ese 13 de enero, y la razón por la cual no reportó el hecho a las autoridades.
La Drumond que es la segunda exportadora de carbón en el país, después del El Cerrejón, que el año pasado exportó 23 millones de toneladas del mineral, especialmente a mercados de Estados Unidos, China y Europa, viene de superar un problema de saturación del mineral en los patios de almacenamiento como consecuencia de un conflicto laboral del Ferrocarril del Norte de Colombia (Fenoco), lo que impidió el transporte de unas 85 mil toneladas diarias entre la mina en Cesar y el puerto de embarque en la bahía de Santa Marta.
Unos 4.000 empleados directos se podrían ver afectados por la suspensión del cargue y descargue del mineral, los mismos que durante varios días estuvieron paralizados por el problema laboral en Fenoco.
La Anla, la misma autoridad que suspendió la operación de cargue y descargue en el puerto Drummond, había negado hace algunos días una solicitud para ampliar la operación de su mina en el departamento de Cesar por considerar que existe una problemática de contaminación y que hasta que no se resuelva esta situación no se podrá pensar en el proyecto.
La compañía que tenía previsto invertir US$800 millones en la ampliación de la zona de almacenamiento, para pasar de 800 mil a 1,5 millones, tendrá que esperar que la autoridad levante este veto al sector en la zona, donde se presentan problemas ambientales.
Dentro de los proyectos de expansión también está contemplada la construcción del mecanismo de embarque directo, lo que evitaría que se volvieran a presentar situaciones como el de la barcaza, que es una exigencia del Gobierno nacional y que si bien esta norma ya debería haber entrado en vigencia, se amplió para el 1 de enero de 2014.
La investigación
La medida que suspende el cargue de carbón en el puerto estará vigente hasta tanto la multinacional Drummond no presente la actualización del plan de contingencia a la Capitanía de Puerto, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Anla y las alcaldía de Santa Marta y Ciénaga, donde ocurrió la emergencia.
La suspensión es paralela a la investigación que realiza con el apoyo de la Capitanía de Puerto, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), y Corpamag, para determinar si se virtió carbón al mar y a cuántas toneladas.
El silencio de la multinacional Drummond para tratar de ocultar la emergencia de una barcaza el 13 de enero, que obligó a la operadora exportadora a lanzar al agua de la bahía de Santa Marta una cifra de carbón hasta ahora desconocida para proteger la vida de sus ocupantes, fue la causa para que el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendiera preventivamente el cargue del mineral en las barcazas hasta que la compañía actualice el plan de contingencia para la atención de este tipo de incidentes.
Así lo señaló tajantemente la directora de la Anla, Luz Helena Sarmiento, quien luego de enterarse de la emergencia a través de los medios de comunicación tomó la decisión histórica de ponerle el ‘tatequieto’ a la multinacional al expedir la resolución 123 del 6 de enero, que ordena la medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad de cargue de carbón de la multinacional Drummond.
La funcionaria, quien fuera extrabajadora de El Cerrejón, señaló que la compañía solo avisó a la Dimar de la emergencia de la barcaza y pidió permiso pasa sacar agua de la embarcación con el fin de resolver la situación, pero nunca para verter el mineral al lecho marino.
Sarmiento explicó que la suspensión del cargue del mineral por el puerto en la Bahía de Santa Marta irá hasta tanto la compañía no demuestre que sus plan de contingencia funciona para atender este tipo de emergencias, especialmente dotado de un plan de comunicaciones que involucre a todas las autoridades.
Lo que ocurrió en Puerto Drummond se conoció gracias a las denuncias del abogado Alejandro Arias, quien publicó en las redes sociales y en su blog las fotografías de la barcaza hundiéndose y a los operarios lanzando el mineral al mar.
Frente a este hecho, el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, señaló que esta situación, que pudo pasar desapercibida, puede terminar con una sanción que podría ir hasta los 5000 salarios mínimos diarios, es decir, unos $2500 millones.
A la investigación de la Anla se suma la de la Fiscalía para determinar si existió un delito ambiental por lo cual podrían venir medidas sancionatorias adicionales, señaló el ministro Uribe quien señaló que será la entidad ambiental la que determine la gravedad del siniestro.
Pese a la gravedad del hecho la multinacional no se pronunció sobre la emergencia y se espera que este jueves emita un comunicado en el que tratará de explicar que fue lo que ocurrió realmente ese 13 de enero, y la razón por la cual no reportó el hecho a las autoridades.
La Drumond que es la segunda exportadora de carbón en el país, después del El Cerrejón, que el año pasado exportó 23 millones de toneladas del mineral, especialmente a mercados de Estados Unidos, China y Europa, viene de superar un problema de saturación del mineral en los patios de almacenamiento como consecuencia de un conflicto laboral del Ferrocarril del Norte de Colombia (Fenoco), lo que impidió el transporte de unas 85 mil toneladas diarias entre la mina en Cesar y el puerto de embarque en la bahía de Santa Marta.
Unos 4.000 empleados directos se podrían ver afectados por la suspensión del cargue y descargue del mineral, los mismos que durante varios días estuvieron paralizados por el problema laboral en Fenoco.
La Anla, la misma autoridad que suspendió la operación de cargue y descargue en el puerto Drummond, había negado hace algunos días una solicitud para ampliar la operación de su mina en el departamento de Cesar por considerar que existe una problemática de contaminación y que hasta que no se resuelva esta situación no se podrá pensar en el proyecto.
La compañía que tenía previsto invertir US$800 millones en la ampliación de la zona de almacenamiento, para pasar de 800 mil a 1,5 millones, tendrá que esperar que la autoridad levante este veto al sector en la zona, donde se presentan problemas ambientales.
Dentro de los proyectos de expansión también está contemplada la construcción del mecanismo de embarque directo, lo que evitaría que se volvieran a presentar situaciones como el de la barcaza, que es una exigencia del Gobierno nacional y que si bien esta norma ya debería haber entrado en vigencia, se amplió para el 1 de enero de 2014.
La investigación
La medida que suspende el cargue de carbón en el puerto estará vigente hasta tanto la multinacional Drummond no presente la actualización del plan de contingencia a la Capitanía de Puerto, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Anla y las alcaldía de Santa Marta y Ciénaga, donde ocurrió la emergencia.
La suspensión es paralela a la investigación que realiza con el apoyo de la Capitanía de Puerto, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), y Corpamag, para determinar si se virtió carbón al mar y a cuántas toneladas.