El tortuoso camino de las víctimas de feminicidio en Colombia para acceder a la justicia

A Marilyn Yulieth, de 29 años de edad, la desapareció su expareja, Juan Carlos Góngora, en noviembre de 2017. La Fiscalía encontró pruebas de que Góngora mató a Marilyn y se deshizo del cuerpo metiéndolo en bolsas de basura que luego entregó al operador de un camión recolector de desechos que iba camino al relleno sanitario de Doña Juana, a las afueras de Bogotá. Convenció a los operarios de que las bolsas contenían un perro muerto.

Aunque Góngora fue capturado y aceptó los cargos de desaparición forzada el 20 de julio de 2018, no se le ha podido sumar el delito de feminicidio a su prontuario por falta de pruebas, entre ellas una pieza clave: aún no se ha encontrado el cuerpo de la víctima.

“Hasta el momento los restos del cuerpo no se han podido encontrar y al parecer en la justicia colombiana si no hay cuerpo, no hay delito”, dice la hermana de Marilyn, Johanna Rojas, quien lleva dos años buscando que se haga justicia.

Ella cuenta que la desaparición de Marilyn tiene todos los componentes de un feminicidio. Marilyn le había dicho a sus familiares y compañeros de trabajo que quería dejar a su esposo. “En octubre de 2017, ella nos empezó a decir que lo quería dejar y que él estaba manifestando unos comportamientos celotípicos y posesivos. El 29 de noviembre nos dijo que ya había conseguido apartamento y estaba feliz porque se iba. Al otro día mi hermana ya no estaba”, cuenta Johanna entre lágrimas.

A Góngora solo se le ha podido impugnar el delito de desaparición forzada y se le impuso una condena de 18 años que, con acciones como buen comportamiento y capacitación interna, podría reducirse a 10 años.

En Colombia el feminicidio, el crimen contra una mujer por su condición femenina, nació como delito autónomo en 2015 y si es agravado, da una condena de entre 40 y 50 años de cárcel. La ley existe en papel, pero su aplicación aún tiene serios problemas.

La directora de Medicina Legal, Claudia García Fino, reconoció que es necesario “optimizar los mecanismos que el Estado tiene para que realmente protejan a las mujeres”. La experta añadió que es importante mejorar la investigación desde la escena del crimen para que aporte elementos útiles a la investigación y apoye la tipificación del delito que hace la Fiscalía.

Lograr una mayor efectividad en el proceso penal es clave para hacerle frente a la violencia sistemática hacia la mujer. Así lo explica Gina Pineda Garzón, directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander. Ella ha analizado por más de cinco años los problemas que tienen las mujeres víctimas de violencia y sus familias para acceder a la justicia.

Explica que uno de los impedimentos, tanto en su región como en Colombia, radica en el desconocimiento de muchas autoridades sobre el feminicidio. La ignorancia de las autoridades se traduce, por ejemplo, en la falta de investigaciones especializadas con perspectiva de género. “No se investigan las posibles razones de género en los asesinatos y por lo general se tipifican de manera errada como un homicidio sin hacer el trabajo investigativo. Se oculta el delito”, dice Pineda.

Hay casos en los que la administración de justicia termina excusando el feminicidio, revictimizando a las familias o no les da la asesoría jurídica necesaria para tipificar bien el crimen. Las mujeres y sus familias encuentran cientos de obstáculos en cada parte del proceso judicial.

La denuncia, el primer obstáculo para las mujeres violentadas

Las mujeres enfrentan problemas desde el primer paso del proceso judicial cuando buscan protegerse de un agresor.

Pineda explica que muchas mujeres no conocen las rutas de atención o tienen miedo a represalias contra ellas o sus hijos si denuncian. Muchas se encuentran con funcionarios poco preparados que buscan que ellas concilien con el agresor o sistemas dispendiosos que las revictimizan. Aun si logran sobreponerse a esos obstáculos y reportan ante las autoridades la violencia que sufren, eso no les asegura protección.

ONU Mujeres ha estado analizando las falencias del sistema de justicia. Un informe publicado este año indicó que entre el 2014 y el 2017 (la última fecha en la que Medicina Legal ha compilado sus registros), 188 de las 531 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja habían denunciado ante las autoridades. Catorce de ellas habían sido valoradas con el Protocolo de Valoración del Riesgo Feminicida y 11 habían registrado riesgo extremo. Es decir, al menos una de cada tres mujeres asesinadas había buscado justicia y protección.

Según cifras de la Fiscalía, en los últimos 10 años, 2.657 mujeres fueron asesinadas después de denunciar violencia intrafamiliar. Las cifras registradas, aunque escalofriantes, podrían no dar cuenta de toda la realidad, ya que hay un alto índice de subregistro.

Las familias de las víctimas

“Nos toca a las familias hacer el papel de investigadores”, dice Johanna recordando el tortuoso proceso que le tocó surtir solo para que las autoridades le pusieran atención al caso de su hermana. En las primeras 72 horas después de la desaparición, que habrían sido claves para encontrar el cuerpo, las autoridades le dijeron a Johanna que debía esperar.

“En el Gaula (de la Policía) me dijeron que de pronto estaba con un amigo ´pasándola chévere´”, recuerda. Ella les intentaba explicar que eso no era posible porque dejó a su hijo, algo que ella nunca haría. Cuenta que en algunas entidades públicas privilegiaron las declaraciones de Góngora por encima de las de ella, sin tener en cuenta la posibilidad de que él fuera el agresor.

“Hubo mucha revictimización, cada vez que yo iba a la Fiscalía. Nos echan la culpa de lo que pasó. Nos dicen que por qué dejamos que mi hermana estuviera con ese señor”, dice Johanna.

Gina Pineda dice que son muchos los casos en los que el dolor de las familias es ignorado. En la mayoría, los seres queridos no tienen una asesoría jurídica especializada.

Gina habla por experiencia propia. Hace cinco años, un grupo de hombres mató a su hermana, Mónica Rocha Garzón. El asesinato ocurrió unos meses antes de que se promulgara la ley que tipificaba el feminicidio. En ese momento el feminicidio era un agravante dentro del delito de homicidio y el caso de Mónica reunía varias características para que fuera añadido, pero no fue así. La hermana de Gina fue víctima de violencia sexual, tortura y su cuerpo fue exhibido en vía pública.

Sin embargo, la Fiscalía se centró en hacer un preacuerdo con la defensa de uno de los agresores y le hicieron un descuento de casi el 50% de la pena, cuenta Gina. “Mi hermana fue asesinada por varios hombres a los cuales no investigaron ni sancionaron”, añade Gina. “En este momento hay feminicidas que están en la calle y contra los cuales no se ha hecho proceso alguno”, explica.

Gina, como Johanna, lleva años buscando justicia por la muerte de su hermana, pero solo ha encontrado obstáculos.

“El feminicidio genera un impacto a nivel emocional de ausencia, de dolor. Tiene unas dificultades enormes para cualquier familia, pero si a esto se le suman las barreras de acceso a la justicia, la impunidad y en el caso de mi familia, estar cinco años luchando para que se realicen los procesos de forma idónea, pues mucho más”, dice.

Además de la falta de ayuda jurídica, Gina dice que no existe una ayuda psicológica o económica para las familias. No hay, por ejemplo, un acompañamiento socioeconómico para los niños, niñas y adolescentes que dependían de la mujer que fue asesinada. Marilyn era madre de un niño que actualmente tiene 3 años y madrasta de otros dos menores, hijos de Góngora.

El feminicidio como problema sistemático

Según cifras oficiales, el 59% de los feminicidios son perpetrados por parejas o exparejas y el 45,9% son realizados con arma blanca. Pero Marilyn, y cientos de mujeres más, no están dentro de estas estadísticas.

Johanna cuenta que se realizaron allanamientos, se tomaron declaraciones, la Unidad Administrativa Especial (UESASP) emitió un informe, pero aún así no ha sido posible sumar el feminicidio a la pena del detenido.

“La investigación llevó incluso a que al relleno se le realizaran escaneos utilizando tecnología de georadar (algo novedoso en investigación forense), pero no encontraron nada”, explica la hermana de Marilyn.

En noviembre de 2018, un juez indicó que Góngora debía ser investigado por el feminicidio de Marilyn y la solicitud fue hecha a la Fiscalía, pero el proceso está estancado.

“El fiscal me dijo que sin el cuerpo es muy difícil continuar con la investigación por feminicidio. Me dice que no me haga expectativas”, dice Marilyn. “Pero yo no me cansaré de seguir tocando puertas. De alguna u otra manera se hará justicia con mi hermana”, concluye.

A Marilyn Yulieth, de 29 años de edad, la desapareció su expareja, Juan Carlos Góngora, en noviembre de 2017. La Fiscalía encontró pruebas de que Góngora mató a Marilyn y se deshizo del cuerpo metiéndolo en bolsas de basura que luego entregó al operador de un camión recolector de desechos que iba camino al relleno sanitario de Doña Juana, a las afueras de Bogotá. Convenció a los operarios de que las bolsas contenían un perro muerto.

Aunque Góngora fue capturado y aceptó los cargos de desaparición forzada el 20 de julio de 2018, no se le ha podido sumar el delito de feminicidio a su prontuario por falta de pruebas, entre ellas una pieza clave: aún no se ha encontrado el cuerpo de la víctima.

“Hasta el momento los restos del cuerpo no se han podido encontrar y al parecer en la justicia colombiana si no hay cuerpo, no hay delito”, dice la hermana de Marilyn, Johanna Rojas, quien lleva dos años buscando que se haga justicia.

Ella cuenta que la desaparición de Marilyn tiene todos los componentes de un feminicidio. Marilyn le había dicho a sus familiares y compañeros de trabajo que quería dejar a su esposo. “En octubre de 2017, ella nos empezó a decir que lo quería dejar y que él estaba manifestando unos comportamientos celotípicos y posesivos. El 29 de noviembre nos dijo que ya había conseguido apartamento y estaba feliz porque se iba. Al otro día mi hermana ya no estaba”, cuenta Johanna entre lágrimas.

A Góngora solo se le ha podido impugnar el delito de desaparición forzada y se le impuso una condena de 18 años que, con acciones como buen comportamiento y capacitación interna, podría reducirse a 10 años.

En Colombia el feminicidio, el crimen contra una mujer por su condición femenina, nació como delito autónomo en 2015 y si es agravado, da una condena de entre 40 y 50 años de cárcel. La ley existe en papel, pero su aplicación aún tiene serios problemas.

La directora de Medicina Legal, Claudia García Fino, reconoció que es necesario “optimizar los mecanismos que el Estado tiene para que realmente protejan a las mujeres”. La experta añadió que es importante mejorar la investigación desde la escena del crimen para que aporte elementos útiles a la investigación y apoye la tipificación del delito que hace la Fiscalía.

Lograr una mayor efectividad en el proceso penal es clave para hacerle frente a la violencia sistemática hacia la mujer. Así lo explica Gina Pineda Garzón, directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander. Ella ha analizado por más de cinco años los problemas que tienen las mujeres víctimas de violencia y sus familias para acceder a la justicia.

Explica que uno de los impedimentos, tanto en su región como en Colombia, radica en el desconocimiento de muchas autoridades sobre el feminicidio. La ignorancia de las autoridades se traduce, por ejemplo, en la falta de investigaciones especializadas con perspectiva de género. “No se investigan las posibles razones de género en los asesinatos y por lo general se tipifican de manera errada como un homicidio sin hacer el trabajo investigativo. Se oculta el delito”, dice Pineda.

Hay casos en los que la administración de justicia termina excusando el feminicidio, revictimizando a las familias o no les da la asesoría jurídica necesaria para tipificar bien el crimen. Las mujeres y sus familias encuentran cientos de obstáculos en cada parte del proceso judicial.

La denuncia, el primer obstáculo para las mujeres violentadas

Las mujeres enfrentan problemas desde el primer paso del proceso judicial cuando buscan protegerse de un agresor.

Pineda explica que muchas mujeres no conocen las rutas de atención o tienen miedo a represalias contra ellas o sus hijos si denuncian. Muchas se encuentran con funcionarios poco preparados que buscan que ellas concilien con el agresor o sistemas dispendiosos que las revictimizan. Aun si logran sobreponerse a esos obstáculos y reportan ante las autoridades la violencia que sufren, eso no les asegura protección.

ONU Mujeres ha estado analizando las falencias del sistema de justicia. Un informe publicado este año indicó que entre el 2014 y el 2017 (la última fecha en la que Medicina Legal ha compilado sus registros), 188 de las 531 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja habían denunciado ante las autoridades. Catorce de ellas habían sido valoradas con el Protocolo de Valoración del Riesgo Feminicida y 11 habían registrado riesgo extremo. Es decir, al menos una de cada tres mujeres asesinadas había buscado justicia y protección.

Según cifras de la Fiscalía, en los últimos 10 años, 2.657 mujeres fueron asesinadas después de denunciar violencia intrafamiliar. Las cifras registradas, aunque escalofriantes, podrían no dar cuenta de toda la realidad, ya que hay un alto índice de subregistro.

Las familias de las víctimas

“Nos toca a las familias hacer el papel de investigadores”, dice Johanna recordando el tortuoso proceso que le tocó surtir solo para que las autoridades le pusieran atención al caso de su hermana. En las primeras 72 horas después de la desaparición, que habrían sido claves para encontrar el cuerpo, las autoridades le dijeron a Johanna que debía esperar.

“En el Gaula (de la Policía) me dijeron que de pronto estaba con un amigo ´pasándola chévere´”, recuerda. Ella les intentaba explicar que eso no era posible porque dejó a su hijo, algo que ella nunca haría. Cuenta que en algunas entidades públicas privilegiaron las declaraciones de Góngora por encima de las de ella, sin tener en cuenta la posibilidad de que él fuera el agresor.

“Hubo mucha revictimización, cada vez que yo iba a la Fiscalía. Nos echan la culpa de lo que pasó. Nos dicen que por qué dejamos que mi hermana estuviera con ese señor”, dice Johanna.

Gina Pineda dice que son muchos los casos en los que el dolor de las familias es ignorado. En la mayoría, los seres queridos no tienen una asesoría jurídica especializada.

Gina habla por experiencia propia. Hace cinco años, un grupo de hombres mató a su hermana, Mónica Rocha Garzón. El asesinato ocurrió unos meses antes de que se promulgara la ley que tipificaba el feminicidio. En ese momento el feminicidio era un agravante dentro del delito de homicidio y el caso de Mónica reunía varias características para que fuera añadido, pero no fue así. La hermana de Gina fue víctima de violencia sexual, tortura y su cuerpo fue exhibido en vía pública.

Sin embargo, la Fiscalía se centró en hacer un preacuerdo con la defensa de uno de los agresores y le hicieron un descuento de casi el 50% de la pena, cuenta Gina. “Mi hermana fue asesinada por varios hombres a los cuales no investigaron ni sancionaron”, añade Gina. “En este momento hay feminicidas que están en la calle y contra los cuales no se ha hecho proceso alguno”, explica.

Gina, como Johanna, lleva años buscando justicia por la muerte de su hermana, pero solo ha encontrado obstáculos.

“El feminicidio genera un impacto a nivel emocional de ausencia, de dolor. Tiene unas dificultades enormes para cualquier familia, pero si a esto se le suman las barreras de acceso a la justicia, la impunidad y en el caso de mi familia, estar cinco años luchando para que se realicen los procesos de forma idónea, pues mucho más”, dice.

Además de la falta de ayuda jurídica, Gina dice que no existe una ayuda psicológica o económica para las familias. No hay, por ejemplo, un acompañamiento socioeconómico para los niños, niñas y adolescentes que dependían de la mujer que fue asesinada. Marilyn era madre de un niño que actualmente tiene 3 años y madrasta de otros dos menores, hijos de Góngora.

El feminicidio como problema sistemático

Según cifras oficiales, el 59% de los feminicidios son perpetrados por parejas o exparejas y el 45,9% son realizados con arma blanca. Pero Marilyn, y cientos de mujeres más, no están dentro de estas estadísticas.

Johanna cuenta que se realizaron allanamientos, se tomaron declaraciones, la Unidad Administrativa Especial (UESASP) emitió un informe, pero aún así no ha sido posible sumar el feminicidio a la pena del detenido.

“La investigación llevó incluso a que al relleno se le realizaran escaneos utilizando tecnología de georadar (algo novedoso en investigación forense), pero no encontraron nada”, explica la hermana de Marilyn.

En noviembre de 2018, un juez indicó que Góngora debía ser investigado por el feminicidio de Marilyn y la solicitud fue hecha a la Fiscalía, pero el proceso está estancado.

“El fiscal me dijo que sin el cuerpo es muy difícil continuar con la investigación por feminicidio. Me dice que no me haga expectativas”, dice Marilyn. “Pero yo no me cansaré de seguir tocando puertas. De alguna u otra manera se hará justicia con mi hermana”, concluye.