En Catatumbo no hay hospitales de tercer nivel para afrontar el coronavirus

El hospital Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña (Norte de Santander), es el corazón de la salud de la subregión del Catatumbo. Ha sido el hospital que ha recibido a los heridos por el conflicto armado, a las víctimas de minas antipersonales y a los pacientes de los nueve municipios de la zona que han requerido atención de segundo nivel. En palabras de Édwar Álvarez, defensor de derechos humanos de la región, es un hospital de guerra.

Entre Ábrego, Convención, El Carmen, Hacarí, Teorama, El Tarra, San Calixto, Tibú y Ocaña hay casi 288.500 habitantes, de los cuales al menos el 60 % viven en zonas rurales, como veredas y corregimientos. Las cifras preocupan, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia que se vive en el país por cuenta del coronavirus y que, como sostiene el alcalde de El Carmen, Wilfredo Gelves Prado, en el Catatumbo “no hay suficiente personal de salud para tener médicos en las zonas rurales”.

Eso se traduce en que en caso de una urgencia, los pobladores deben dirigirse a los centros médicos de primer nivel de los cascos urbanos. Sin embargo, quienes necesiten atención más especializada deberán llegar hasta Ocaña, al hospital público o a la única clínica privada que hay en el municipio.

Aunque el hospital Emiro Quintero Cañizares es de segundo nivel y no tiene unidad de cuidados intensivos (UCI), sino una semiuci, su presupuesto para 2019 fue de más de $57.600 millones y, para este año, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Salud destinaron, solo para atender la pandemia, $4.378 millones adicionales para la instalación de 45 camas de cuidados intensivos.

Aun con ese presupuesto, Jairo Pinzón López, gerente del hospital, solicitó a cada uno de los alcaldes del Catatumbo que hicieran importantes donaciones para satisfacer las necesidades de funcionamiento durante por lo menos tres meses. En la carta, conocida por El Espectador, (adjunta en la parte inferior), se solicitaron, por ejemplo, 24 camas hospitalarias, 24 ventiladores mecánicos, 24 bombas de infusión, 24 monitores de signos vitales, cuatro carros de paro con dotación, cuatro desfibriladores, un equipo de RX portátil, 6.000 tapabocas N95, 6.000 trajes antivirales, 10.000 batas desechables, 1.000 litros de alcohol glicenirado, 500 gafas protectoras, 500 caretas protectoras, 10.000 gorros, 6.000 cajas de guantes, entre otras cosas.

Sin embargo, para algunos alcaldes se trata de una solicitud imposible de cumplir. De acuerdo con Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego, los insumos médicos suman más de $4.000 millones, una cifra similar al presupuesto total de municipios como El Carmen, que tiene $5.000 millones para todo 2020. O municipios como Ábrego, que tienen $521 millones para invertir en la salud durante el año y deben responder por el centro médico de primer nivel de su municipio. “Nosotros somos municipios de sexta categoría, no tenemos ese dinero para aportar al hospital porque ya tenemos que responder por nuestros centros médicos. Es aburda la solicitud”, añadió Jácome.

Otra de las dificultades es el transporte de pacientes a otros centros médicos. Tibú, aunque también cuenta con un hospital de primer nivel igual que todos los municipios, según el gobernador Silvano Serrano, “es uno de los mejores dotados en la zona”, por lo que se instalarán 20 camas de cuidados intensivos que cuestan $2.134 millones, para atender a habitantes de municipios que no puedan llegar hasta Ocaña.

Yair Díaz, alcalde de El Tarra, manifestó que aunque en el municipio hay destinados $13.500 millones para la salud, las cuatro ambulancias que hacen traslados hacia Tibú están en mal estado: “El hospital más cercano está a 80 kilómetros, y si se quiere llegar a Ocaña, son 150 kilómetros, todo en vía destapada. Las ambulancias tienen problemas en la carrocería, incluso nos informaron que hay una que la tiene totalmente suelta y hay riesgo de que la máquina se parta en dos en cualquier momento”.

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Las cuatro ambulancias continúan funcionando y trasladando a los pacientes, a pesar del riesgo que representan. “El otro problema que tenemos es que trasladan a la persona al municipio correspondiente, pero las EPS después, cuando les dan de alta, no los regresan acá y hemos tenido personas varadas en Tibú y en Ocaña, sin tener cómo regresar”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de San Calixto, Besaida Montejo, dijo que al municipio no le han permitido realizar pruebas del nuevo coronavirus a sus habitantes, entonces las personas con sospecha deben ir hasta Ocaña, que son dos horas de trayecto, en las únicas dos ambulancias que hay en la zona y que, al momento, no están dotadas de elementos de bioseguridad para trasladar a una persona con sospecha del virus. En eso coincide el alcalde de El Carmen, Wilfredo Gelves Prado, quien dijo que el centro hospitalario del municipio “no cuenta con equipos biomédicos ni la capacidad para atender personas con el virus y dependen de las decisiones de las EPS y la Gobernación del Norte de Santander.

Al respecto, el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, mencionó que los recursos que se están destinando para el Catatumbo serán invertidos únicamente en la dotación de camas de los hospitales de Tibú y Ocaña, y sobre la solicitud a los nueve alcaldes del hospital Emiro Quintero, mencionó que “la Gobernación suplirá los insumos que sean necesarios para atender la emergencia”.

Las alarmas por la situación en la región se prendieron el pasado 9 de abril, luego de que se conociera que la muerte de un paciente de 98 años en Ocaña -ocurrida el 27 de marzo- había sido a consecuencia del COVID-19. Lo que más ha causado preocupación es que la víctima no salió de su casa desde que se alertó sobre la pandemia en el país, lo que significaría que se contagió a través de amigos y familiares con los que tuvo contacto en su vivienda. El alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego, explicó que la prueba se le tomó el 27 de marzo, en cumplimiento al Decreto 482 del 26 de marzo, en el que se reglamenta que todas las personas que fallezcan por cuadro respiratorio en el país deben practicarles la prueba del COVID-19.

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De acuerdo con el alcalde de Ocaña, serían 19 personas, entre familiares, vecinos, amigos y personal médico los que tuvieron contacto directo con el paciente antes de morir y durante el entierro. Entre ellas una fisioterapeuta que le realizaba terapias respiratorias en casa.

Pero la cifra podría ser mucho mayor, pues el alcalde de Ábrego dijo que es posible que en su municipio haya personas contagiadas porque “hay cuatro familiares cercanos al adulto mayor que murió, que viven allí”, sin embargo, explicó que permanecerán en cuarentena y, si presentan síntomas, les realizarán la prueba.

Jesús Ramón Dueñas Vergel, médico general y gerente de la clínica Nuestra Señora de Torcoroma, donde falleció el adulto, dijo que hay cinco trabajadores del hospital en riesgo, porque “cuando el paciente llegó en paro cardio respiratorio se le realizó una reanimación y ninguno de los médicos utilizó elementos de bioprotección”.

El fin de semana pasado, el viernes 10 y sábado 11 de abril, fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud en Bogotá, las pruebas que le realizaron a algunos familiares del fallecido por COVID-19. La petición unánime de las alcaldías, gobernación y población en general, es celeridad con los resultados. En voz del defensor de derechos humanos: “un contagio masivo del coronavirus en el Catatumbo, es mortal, sobre todo para las poblaciones rurales”.