En Colombia hay 951 menores huérfanos por conflicto armado
Predominan los adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.
El Espectador
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró en su primer censo de huérfanos del conflicto armado a 951 niños y niñas, de los que 479 ya han iniciado un proceso de reparación integral enmarcado en la Ley de Víctimas.
El director general del ICBF, Diego Molano, aseguró que de los 951 menores huérfanos identificados hasta el momento en tres de los departamentos más afectados por el conflicto -Antioquía con 526, Nariño, con 360 y Casanare, con 65-, predominan los adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.
"Lo primero es que Colombia entienda que hay unos niños que son huérfanos de la violencia que deben ser visibilizados y luego darles acompañamiento psicosocial, lo que necesitamos es sanar y hacer que no haya más violencia, que ahí no haya odio sino niños que puedan avanzar en la reconstrucción de su proyecto de vida", apuntó Molano.
En este sentido, el director del ICBF adelantó que la entidad está realizando un Estudio de Impactos, Daños y Consecuencias de los Niños y Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado, un trabajo conjunto con Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para mejorar la atención psicosocial.
Según algunos avances, el estudio revela que estos niños y niñas tienen un "alto riesgo" de sufrir depresión y trastornos del comportamiento, así como pensamientos angustiosos, obsesivos y negativos que afectan directamente su rendimiento y atención.
Del mismo modo, Molano insistió que "la reparación no puede ser la concesión de un cheque", sino que debe profundizar en el acceso de los menores a programas de atención integral que respondan a sus necesidades y afectaciones, permitan su acceso a la educación, la salud y la restitución de las tierras familiares.
Es por eso que el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, explicó el trabajo conjunto de la unidad con el ICBF para que en el caso de familias desplazadas o desaparecidas "el juez devuelva la propiedad a los menores".
"Nuestro reto es reconstruir un rompecabezas en un país donde el 60 % de los predios no tienen registro catastral", explicó Sabogal, por lo que la tarea se centra en redefinir las propiedades familiares de los menores a partir de sus recuerdos o de los de sus parientes y vecinos más cercanos, una tarea no siempre exitosa.
El proceso de búsqueda y registro, iniciado en el segundo semestre de 2012 dentro de la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras se ampliará próximamente a la región rural de Montes de María, Caquetá y la ciudad de Medellín.
Los afectados pueden dirigirse directamente a los centros regionales del ICBF, quien a su vez dispone de unidades móviles que cuentan con la colaboración de líderes comunales y organizaciones de la sociedad civil para la identificación y ubicación de los menores.
El programa incluye a todos aquellos menores huérfanos por el conflicto armado hasta la actualidad, a excepción de aquellos que ya hayan cumplido la mayoría de edad, y se extenderá a lo largo del despliegue de la Ley de Víctimas que dispone de una vigencia de diez años desde su aprobación en 2012.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró en su primer censo de huérfanos del conflicto armado a 951 niños y niñas, de los que 479 ya han iniciado un proceso de reparación integral enmarcado en la Ley de Víctimas.
El director general del ICBF, Diego Molano, aseguró que de los 951 menores huérfanos identificados hasta el momento en tres de los departamentos más afectados por el conflicto -Antioquía con 526, Nariño, con 360 y Casanare, con 65-, predominan los adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.
"Lo primero es que Colombia entienda que hay unos niños que son huérfanos de la violencia que deben ser visibilizados y luego darles acompañamiento psicosocial, lo que necesitamos es sanar y hacer que no haya más violencia, que ahí no haya odio sino niños que puedan avanzar en la reconstrucción de su proyecto de vida", apuntó Molano.
En este sentido, el director del ICBF adelantó que la entidad está realizando un Estudio de Impactos, Daños y Consecuencias de los Niños y Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado, un trabajo conjunto con Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para mejorar la atención psicosocial.
Según algunos avances, el estudio revela que estos niños y niñas tienen un "alto riesgo" de sufrir depresión y trastornos del comportamiento, así como pensamientos angustiosos, obsesivos y negativos que afectan directamente su rendimiento y atención.
Del mismo modo, Molano insistió que "la reparación no puede ser la concesión de un cheque", sino que debe profundizar en el acceso de los menores a programas de atención integral que respondan a sus necesidades y afectaciones, permitan su acceso a la educación, la salud y la restitución de las tierras familiares.
Es por eso que el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, explicó el trabajo conjunto de la unidad con el ICBF para que en el caso de familias desplazadas o desaparecidas "el juez devuelva la propiedad a los menores".
"Nuestro reto es reconstruir un rompecabezas en un país donde el 60 % de los predios no tienen registro catastral", explicó Sabogal, por lo que la tarea se centra en redefinir las propiedades familiares de los menores a partir de sus recuerdos o de los de sus parientes y vecinos más cercanos, una tarea no siempre exitosa.
El proceso de búsqueda y registro, iniciado en el segundo semestre de 2012 dentro de la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras se ampliará próximamente a la región rural de Montes de María, Caquetá y la ciudad de Medellín.
Los afectados pueden dirigirse directamente a los centros regionales del ICBF, quien a su vez dispone de unidades móviles que cuentan con la colaboración de líderes comunales y organizaciones de la sociedad civil para la identificación y ubicación de los menores.
El programa incluye a todos aquellos menores huérfanos por el conflicto armado hasta la actualidad, a excepción de aquellos que ya hayan cumplido la mayoría de edad, y se extenderá a lo largo del despliegue de la Ley de Víctimas que dispone de una vigencia de diez años desde su aprobación en 2012.