Con estas palabras, la canciller María Ángela Holguín defendió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que inició ayer en Ginebra (Suiza) su 34° período de sesiones, la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismo de seguridad jurídica a los acuerdos firmados con las Farc.
“La JEP satisface íntegramente las obligaciones internacionales y nacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El centro de nuestra atención son las víctimas, que tienen la expectativa de conocer la verdad, obtener reparación y no volver a vivir los horrores del conflicto. Las víctimas son su eje central”, dijo.
Holguín enfatizó que Colombia contará con una Jurisdicción Especial “independiente, legítima y del más alto nivel”, donde los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto, incluyendo tanto a miembros de las Farc como a agentes del Estado y terceros, si reconocen oportunamente responsabilidades, serán sancionados con restricciones efectivas a su libertad y estarán obligados a contribuir a la reparación de las víctimas y al esclarecimiento de la verdad.
Por otra parte, la canciller ratificó que el proceso de desarme y desmovilización total de los guerrilleros de las Farc se completará en junio y que a partir de ese momento se iniciará en firme su reincorporación a la vida civil. “La paz tiene ya resultados palpables, como la movilización de 7.000 guerrilleros a las zonas donde harán la dejación de las armas, bajo el monitoreo del mecanismo tripartita coordinado por Naciones Unidas”.
Y tras reconocer que el proceso tiene “una alta complejidad política, logística y de seguridad”, insistió en la necesidad de seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional, por ejemplo, frente a las amenazas y los asesinatos de líderes sociales. “Hemos creado una comisión para hacer el seguimiento en cada caso y hemos pedido a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos que participe con la Fiscalía de la nación”, concluyó.