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La Rama Judicial colombiana comenzó hoy un paro nacional durante 48 horas para exigir al Gobierno mejores condiciones laborales. Entre el miércoles y jueves estará suspendida la atención en los juzgados y fiscalías de los 32 departamentos del país.
El cese de actividades se debe a la falta de garantías hacia los funcionarios de esta rama del poder en Colombia. Unos de los principales puntos del paro son la sobrecarga laboral. Según las denuncias, hay fiscalías que tienen entre 2 mil y 7 mil procesos. Además, denuncian el hacinamiento en el que se encuentran los trabajadores de los juzgados a nivel nacional.
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“Estamos es una crisis del sector justicia. Se debe precisamente a que las reformas de la justicia siempre son a favor de las altas cortes, pero no de los juzgados municipales ni de la región”, dijo Fredy Machado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), a El Espectador.
De acuerdo con Machado, han solicitado al Gobierno que escuchen sus reclamos antes de que se defina el presupuesto nacional 2020 en octubre. “Pedimos ampliación de la planta de personal en 3.000 cargos, mejoras en la infraestructura y mejor inversión en tecnología, pero seguimos sin soluciones”.
Agregó que el monto entregado por el Estado, hasta el momento, no es suficiente si se relaciona con el número de cargos solicitados para poder responder a la alta demanda de justicia en el país. “Hasta ahora, con el paro del 12 de septiembre y las actividades que estamos haciendo, solo se han entregado 115 mil millones de pesos, y como se requieren más de tres mil cargos para la nueva planta de personal, faltarían 500 mil millones”, sostuvo el funcionario.
Machado explicó que Colombia está muy por debajo de los lineamientos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Las plantas de personal es lo que determina que se haya dicho que ‘el mejor abogado en Colombia es el vencimiento de términos’ porque debería haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En Colombia, por ese número de personas, solo tenemos 11”, sostuvo.
Machado agregó que “como consecuencia de la sobrecarga de trabajo, funcionarios de la rama judicial han sufrido enfermedades mentales por el estrés laboral”, sostuvo el vocero sindical.
Por su parte, Luis Argel, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía Atlántico (Sintrafisgeneral), dijo a este medio que “este no es un paro caprichoso, ni inventando, es concertado. Para que llegáramos a este punto necesariamente nosotros debimos someter esto a votación. Se hizo democráticamente teniendo en cuenta un incumplimiento de la Fiscalía y del Estado como tal en la mesa nacional”.
Otro de los puntos que sostienen los sindicalistas es la falta de implementación de la carrera judicial en la Fiscalía. “Estamos aquí en libre nombramiento y remoción y vivimos en incertidumbre constante porque no tenemos la confianza de tener un trabajo fijo, ni contamos un respaldo laboral”, dijo Argel.
El vicepresidente del sindicato agregó que los nombramientos a dedo le faltan el respeto a los funcionarios que llevan más de 25 años en un mismo cargo. “No hay respeto al nombramiento de escala. Aquí no se respeta la antigüedad. Es inaceptable que de la noche a la mañana llegue alguien sin la experiencia requerida para el cargo y pase por encima del que ya lleva años. Eso no es justo”.
Desde la rama judicial también se denuncia el acoso laboral por el aumento de la carga de trabajo, la retención indebida de los salarios de los funcionarios que participaron en el paro de 2014 y traslados arbitrarios.
“En algunos casos esos traslados generan una ruptura familiar porque no conocen las situaciones y necesidades de las personas y cómo esta decisión pueda afectar las rutinas de las familias al verse separadas”, sostuvo Argel.
Con relación a la restitución del salario a los funcionarios que participaron en la movilización de 2014, Argel explicó que fue un punto a tratar en la mesa nacional y, de hecho, quedó pactado que dicho dinero se iba a devolver. Sin embargo, según dicen, todavía están a la espera del desembolso. “Ese descuento de dinero de más de 20 días fue indebida porque fue un paro justo y concertado, no algo que salió de la nada”, afirmó.
Hasta el momento solo se están desarrollando las audiencias de connotación especial como violaciones u homicidios. “Las programadas están suspendidas, además, los fiscales también están apoyando el paro”, dijo Argel.
A través de Twitter, los funcionarios de la rama judicial han visibilizado el paro con la etiqueta #EsJustaLaProtestaDeLaRamaJudicial