'En la agenda de la paz debe hablarse de violencia sexual'

El pasado 24 de septiembre la historia del conflicto armado que vivió Guatemala en los 80 se partió en dos. Ante los tribunales, 15 mujeres indígenas de la aldea Sepur Zarco (departamento de Izabal) detallaron cómo durante 1982 y 1988 las tropas del Ejército, que debían defender sus derechos, las ultrajaron una y otra vez y las convirtieron en esclavas sexuales. Por primera vez, el país centroamericano abrió un proceso penal por violación sexual durante el conflicto armado. Ahora los militares son investigados. Pero, ¿qué hizo que estas mujeres cobraran el valor suficiente para hablar de estos abusos, desafiaran el machismo y acusaran a sus victimarios?

Durante diez años Luz Méndez, hoy presidenta del Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, trabajó con ellas en la recuperación de la confianza y la dignidad, y mediante procesos de memoria histórica las invitó a contar sus crueles vivencias sobre cómo el sexo se convirtió en un arma de guerra de los uniformados que las acusaban de insurgentes.

Sus testimonios conformaron el informe Memoria del silencio, publicado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, que concluyó que la violación sexual durante el conflicto armado fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado y que el 89% de las víctimas fueron mujeres indígenas. Esta verdad constituyó durante muchos años una dimensión oculta de la guerra en Guatemala.

El caso guatemalteco coincide con una tendencia de los países que viven conflictos internos, en los cuales se busca evitar que las Fuerzas Armadas terminen vinculadas en casos semejantes. En Colombia, el Ministerio de Defensa acaba de lanzar un protocolo para regular la conducta de los militares frente a los delitos sexuales que se les imputen.

Para Méndez, actualmente invitada al Foro Nacional de Violencia Sexual y Conflicto Armado, todas las iniciativas estatales que hagan visibles las violaciones a los derechos de las mujeres deben ser bien recibidas. Sin embargo, cree que en el caso colombiano se debe trabajar fuertemente en programas que les regresen a ellas la confianza en las instituciones, para lo cual hay que atacar la eterna impunidad que rodea estos hechos: “Ahora que se vive un momento histórico con los diálogos de paz, la violencia sexual tiene, por obligación, que ser parte de la agenda de acuerdos. Los diálogos necesitan mujeres comprometidas con la verdad, la justicia y la reparación de este delito. E insisto: si continúa la impunidad, se les seguirá enviando el mensaje a los victimarios de que podrán seguir violentando a nuestras mujeres”.

El pasado 24 de septiembre la historia del conflicto armado que vivió Guatemala en los 80 se partió en dos. Ante los tribunales, 15 mujeres indígenas de la aldea Sepur Zarco (departamento de Izabal) detallaron cómo durante 1982 y 1988 las tropas del Ejército, que debían defender sus derechos, las ultrajaron una y otra vez y las convirtieron en esclavas sexuales. Por primera vez, el país centroamericano abrió un proceso penal por violación sexual durante el conflicto armado. Ahora los militares son investigados. Pero, ¿qué hizo que estas mujeres cobraran el valor suficiente para hablar de estos abusos, desafiaran el machismo y acusaran a sus victimarios?

Durante diez años Luz Méndez, hoy presidenta del Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, trabajó con ellas en la recuperación de la confianza y la dignidad, y mediante procesos de memoria histórica las invitó a contar sus crueles vivencias sobre cómo el sexo se convirtió en un arma de guerra de los uniformados que las acusaban de insurgentes.

Sus testimonios conformaron el informe Memoria del silencio, publicado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, que concluyó que la violación sexual durante el conflicto armado fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado y que el 89% de las víctimas fueron mujeres indígenas. Esta verdad constituyó durante muchos años una dimensión oculta de la guerra en Guatemala.

El caso guatemalteco coincide con una tendencia de los países que viven conflictos internos, en los cuales se busca evitar que las Fuerzas Armadas terminen vinculadas en casos semejantes. En Colombia, el Ministerio de Defensa acaba de lanzar un protocolo para regular la conducta de los militares frente a los delitos sexuales que se les imputen.

Para Méndez, actualmente invitada al Foro Nacional de Violencia Sexual y Conflicto Armado, todas las iniciativas estatales que hagan visibles las violaciones a los derechos de las mujeres deben ser bien recibidas. Sin embargo, cree que en el caso colombiano se debe trabajar fuertemente en programas que les regresen a ellas la confianza en las instituciones, para lo cual hay que atacar la eterna impunidad que rodea estos hechos: “Ahora que se vive un momento histórico con los diálogos de paz, la violencia sexual tiene, por obligación, que ser parte de la agenda de acuerdos. Los diálogos necesitan mujeres comprometidas con la verdad, la justicia y la reparación de este delito. E insisto: si continúa la impunidad, se les seguirá enviando el mensaje a los victimarios de que podrán seguir violentando a nuestras mujeres”.