Las directivas del George Washington, un colegio de estrato tres ubicado en Bogotá, empezaron a planificar hace dos años una nueva sede en el kilómetro 5 de la vía Bogotá-La Calera. Proyectaron la construcción de 58 aulas para 1.500 estudiantes, un escenario cultural y canchas de fútbol, baloncesto y voleibol, e invirtieron $1.000 millones. Y para todo esto obtuvieron una licencia de construcción el 6 de diciembre de 2011 de parte de la Alcaldía de La Calera.
Dos años después, sin embargo, y para su gran sorpresa, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llegó este miércoles a los predios ubicados en la vereda La Aurora e impuso la suspensión de la obra por tratarse de una actividad que impacta “los recursos de flora, suelo y agua” dentro de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Bogotá.
La misma acción se desarrolló en el colegio La Colina y el centro comercial El Manantial, ambos ubicados por encima de la cota de 2.650 metros.
La medida fue anunciada ayer por la autoridad ambiental como un procedimiento rutinario en defensa de los recursos naturales bajo su jurisdicción. Sin embargo, detrás de esta acción y del malestar que hoy sienten los constructores del colegio, se esconde una realidad que pocos conocen: un lío jurídico que tiene a los alcaldes de 44 municipios enfrentados con el Ministerio del Medio Ambiente, con la consecuencia de que constructores como los del centro comercial El Manantial o el colegio La Colina resulten sancionados por un choque de trenes que sigue sin tener solución.
El origen de este problema se encuentra en una resolución nacional que durante 30 años estuvo archivada y que reapareció sorpresivamente en 2011. La resolución 076 de 1977 decretaba como zona de reserva protectora productora toda área por encima de los 2.650 metros de altura. es decir, 245.147 hectáreas donde hoy se encuentran municipios completos y cientos de proyectos paralizados.
Desde que la resolución apareció de nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente emprendió la tarea de resolver la manera de delimitar de nuevo la zona y destrabar así los numerosos procesos urbanísticos que quedaron en vilo. Sin embargo, a la fecha, los alcaldes siguen sin obtener respuesta.
Pero a un año de haberse firmado un convenio con el Instituto Alexander von Humboldt para que le propusiera al Ministerio de Ambiente una nueva redelimitación de la reserva, los alcaldes siguen sin saber qué zonas de sus municipios quedarían excluidas y habilitadas para desarrollar proyectos.
Al ser consultado por El Espectador, el alcalde de La Calera, Álvaro Venegas, se negó a explicar verbalmente por qué otorgó licencias de construcción en zonas que hoy cobija la reserva. Sin embargo envió un comunicado en el que justificaba la expedición de las licencias argumentando que, un año antes de conocerse la reserva, el decreto 1469 de 2010 determinó que “los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas que sirvieron de base para la expedición de la licencia”. En otras palabras, que los dueños del George Washington ya tenían un visto bueno antes de que la aparición de la resolución de 1977 enredara todas las cosas.
Lo inquietante es el último párrafo de ese comunicado. Allí el alcalde Venegas le dice a la CAR: “La Corporación puede disponer la demolición de todo aquello que no sea vivienda unifamiliar”. ¿Quiso decir con esto que, bajo los parámetros de la CAR, se debería demoler buena parte de los edificios dotacionales e industriales de 44 municipios que hoy están dentro de la reserva?
Solamente este año, la CAR ha emitido 44 sanciones por construir dentro de la reserva y ha invalidado las licencias de construcción entregadas por las alcaldías municipales. Los afectados podrían terminar siendo multados hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales.
Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR, explicó que la entidad se ve obligada a hacer cumplir la norma vigente. A la fecha, la reserva forestal conserva los límites de 1977, por lo que Ballesteros argumentó que “las tres obras cuentan con licencias de construcción, pero son actos administrativos expedidos en contravía de una norma nacional, de una norma superior y en un área de reserva donde no podía haberse concedido esta clase de licencia o permisos”.
Hace un mes, como lo reveló El Espectador, el Instituto Humboldt le entregó al Minambiente cuatro propuestas de delimitación de la reserva. El Ministerio aseguró entonces que estaba ponderando cada uno de los escenarios.
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