En medio de las balas

El Plateado ha progresado —si así puede llamarse al desarrollo del comercio— a costa de arrasar la selva para sembrar coca, que es la fuente de la que se nutren los negocios, incluyendo la precaria ganadería local. En el corregimiento, la Policía fue obligada a salir por presión de la población, respaldada por las Farc; una presión determinada por la guerra en la que convergen intereses de la población civil con la estrategia política y militar de la subversión.

El litigio se originó en la utilización de la caseta comunal por parte de la Policía sin autorización de la junta y con grave y notorio deterioro de la edificación y de su mobiliario, unas 150 mesas de madera con sus respectivas bancas. El local, usado para reuniones y celebración de festividades, es un enorme espacio cubierto ubicado a dos cuadras de la plaza principal. La Fuerza Pública, que permaneció en la caseta entre 2008 y 2010, construyó en ella trincheras con sacos de arena, instaló dormitorios y puesto de mando, así como usó una superficie para jugar fútbol de salón. Para rematar el abuso, empleó parte de los muebles de madera para cocinar.

La tensión crecía a medida que, según denuncias puestas ante la Defensoría, los uniformados atropellaban a la gente, la drogadicción aumentaba, los robos se hacían a la luz del día y se amenazaba con el regreso de los paramilitares. En enero de 2011 el Ejército se instaló en la concentración escolar Miguel Zapata y montó retenes a las entradas y salidas del pueblo donde, argumentan los vecinos, todo era considerado ilegal: las remesas de comida, las gallinas, los plásticos, los abonos, todo aquello que pudiera estar asociado con el cultivo de la coca o servir de medio logístico para la guerrilla.

En abril de 2011 estallaron dos bombas en las cercanías del colegio durante el horario escolar. La respuesta de la comunidad fue inmediata y obligaron a los militares a instalarse en un potrero fuera del pueblo, pero pocos días después, al cambiar el comandante militar, volvió la tropa a instalarse en el Miguel Zapata, de donde volvieron a salir unas semanas después, no sin antes, dice la gente, dejar botados un par de municiones sin explotar (MUSE), que los niños descubrieron y entregaron a sus profesores, quienes pusieron la queja en la Cruz Roja Internacional.

Las denuncias de asesinatos, desapariciones, golpes y robos, hechas por la comunidad, son numerosas y la Defensoría ha tomado atenta nota de ello. El interrogante que ha hecho público la junta de acción comunal es sencillo: ¿Cómo podemos confiar en unas autoridades que dicen defendernos y nos atropellan, mientras defienden a grupos criminales como ‘Los Rastrojos’?

El Mango es un corregimiento de Argelia que vive de la coca, el café y el cacao. Los cultivos de coca han tratado de ser erradicados en varias oportunidades y, a juzgar por lo que cualquier viajero ve, los resultados no han sido exitosos. Tampoco en materia de orden público: ‘Los Rastrojos’ entraron, permanecieron dos años sin que ni el Ejército ni la Policía los pudiera derrotar debido al carácter marginal y ocasional de sus operativos.

El gobernador del Cauca ha declarado que “las autoridades han puesto todo el interés y el esfuerzo necesarios para repeler el terrorismo en el departamento”. Por el contrario, los vecinos dan cuenta de la relación cotidiana de unidades paramilitares y de la Policía en el corregimiento.

El año antepasado, a raíz de la muerte de un menor, hubo un amotinamiento del pueblo contra la Policía, cuyo cuartel fue incendiado. El alto mando decidió trasladarlo al pie de uno de los cerros que encierra al poblado, donde arrendó una casa particular en medio de la población civil, rodeándola por los cuatro costados de trincheras.

El 6 de junio del pasado año la Policía fue informada de la existencia de un artefacto sospechoso a la diagonal del cuartel. Nadie explica cómo —teniendo las vías de acceso controladas— fue colocado allí. Más aún, los uniformados inspeccionaron el lugar denunciado y se acuartelaron. La bomba explotó a las 8 de la noche y, a renglón seguido, se trabó un combate en el que resultaron muertos cuatro agentes y 14 resultaron heridos. Parece un hecho comprobado que, para repeler el ataque, la Policía disparó desde casas contiguas al cuartel.

El pánico que el pueblo sufrió aquella noche se conserva vivo y ha creado un ambiente de hostilidad contra las guarniciones militares en medio de los cascos urbanos. Es una antigua discusión en la que el Gobierno argumenta que constitucionalmente es un cuerpo civil que tiene la obligación de velar y defender la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía. El problema es que es también un cuerpo que emplea armas de guerra, y para defenderse de los ataques de las guerrillas opta por usar a los pobladores como escudos humanos. Es también posición de las Farc y del Eln.

La Fuerza Pública suele ser considerada una garantía del orden público sólo en sectores sociales acomodados; por lo tanto, en zonas de presencia militar la gente opta —en general— por evitar una relación franca con ella. Si además se suma el hecho evidente de ser objetivo militar de la insurgencia, el peligro que corren los ciudadanos se expresa en un rechazo radical y una animadversión tangible contra los militares y las fuerzas de Policía. Quizá la gente los protegería si, como reza la Constitución, fueran un organismo únicamente civil, como puede serlo un CAI en el barrio de Los Rosales en Bogotá.

La historia de la violencia en el país desde los años 50, la corrupción de muchos de sus agentes y oficiales de la Policía, así como las alianzas con el paramilitarismo, el narcotráfico y aun con las guerrillas, son expedientes que no los hacen populares. En El Mango se teme una nueva y brutal agresión de la guerrilla sin que el pueblo salga a defender a los agentes de la Fuerza Pública que son, por lo demás, víctimas de la estrategia de los altos mandos.

El cuartel de la Policía en El Mango es una verdadera vergüenza. Se trata de una edificación civil, parapetada tras trincheras vulnerables; el techo se cae a pedazos, hay túneles de escape hechos en las paredes que colindan con residencias particulares, las que, naturalmente, la gente ha abandonado. En cada habitación del cuartel, donde hay un puesto de mando alumbrado con un bombillo, viven entre 10 y 15 agentes hacinados en medio de un desorden de ropas, armas, utensilios de cocina y platos sucios, lo que expresa sin más el grado de peligrosa desmoralización de la tropa.

Un agente del orden en semejante condición no puede menos que odiar a quien considera el causante de su situación, incluidos “los civiles”, que percibe como aliados de la subversión. El comandante del puesto comenta que a los agentes que envían al cuartel de El Mango se les pregunta de entrada: “¿Y usted qué mal hizo para que lo hubieran mandado a este infierno?

El pasado 2 de julio en El Mango siete policías resultaron heridos en un hostigamiento de la guerrilla que dejó destruido el cuartel y obligó a 450 personas a huir de sus casas hacia la cabecera municipal en busca de protección. El alcalde declaró: “Por momentos la Policía y el Ejército toman el control, con apoyo aéreo del Ejército, pero la guerrilla vuelve a hostigar disparando”. Diez días después, el 12 de julio, en El Plateado, un helicóptero de la compañía Helifly fue quemado por un comando de las Farc a poca distancia de la base militar y sus tripulación retenida.

El Plateado ha progresado —si así puede llamarse al desarrollo del comercio— a costa de arrasar la selva para sembrar coca, que es la fuente de la que se nutren los negocios, incluyendo la precaria ganadería local. En el corregimiento, la Policía fue obligada a salir por presión de la población, respaldada por las Farc; una presión determinada por la guerra en la que convergen intereses de la población civil con la estrategia política y militar de la subversión.

El litigio se originó en la utilización de la caseta comunal por parte de la Policía sin autorización de la junta y con grave y notorio deterioro de la edificación y de su mobiliario, unas 150 mesas de madera con sus respectivas bancas. El local, usado para reuniones y celebración de festividades, es un enorme espacio cubierto ubicado a dos cuadras de la plaza principal. La Fuerza Pública, que permaneció en la caseta entre 2008 y 2010, construyó en ella trincheras con sacos de arena, instaló dormitorios y puesto de mando, así como usó una superficie para jugar fútbol de salón. Para rematar el abuso, empleó parte de los muebles de madera para cocinar.

La tensión crecía a medida que, según denuncias puestas ante la Defensoría, los uniformados atropellaban a la gente, la drogadicción aumentaba, los robos se hacían a la luz del día y se amenazaba con el regreso de los paramilitares. En enero de 2011 el Ejército se instaló en la concentración escolar Miguel Zapata y montó retenes a las entradas y salidas del pueblo donde, argumentan los vecinos, todo era considerado ilegal: las remesas de comida, las gallinas, los plásticos, los abonos, todo aquello que pudiera estar asociado con el cultivo de la coca o servir de medio logístico para la guerrilla.

En abril de 2011 estallaron dos bombas en las cercanías del colegio durante el horario escolar. La respuesta de la comunidad fue inmediata y obligaron a los militares a instalarse en un potrero fuera del pueblo, pero pocos días después, al cambiar el comandante militar, volvió la tropa a instalarse en el Miguel Zapata, de donde volvieron a salir unas semanas después, no sin antes, dice la gente, dejar botados un par de municiones sin explotar (MUSE), que los niños descubrieron y entregaron a sus profesores, quienes pusieron la queja en la Cruz Roja Internacional.

Las denuncias de asesinatos, desapariciones, golpes y robos, hechas por la comunidad, son numerosas y la Defensoría ha tomado atenta nota de ello. El interrogante que ha hecho público la junta de acción comunal es sencillo: ¿Cómo podemos confiar en unas autoridades que dicen defendernos y nos atropellan, mientras defienden a grupos criminales como ‘Los Rastrojos’?

El Mango es un corregimiento de Argelia que vive de la coca, el café y el cacao. Los cultivos de coca han tratado de ser erradicados en varias oportunidades y, a juzgar por lo que cualquier viajero ve, los resultados no han sido exitosos. Tampoco en materia de orden público: ‘Los Rastrojos’ entraron, permanecieron dos años sin que ni el Ejército ni la Policía los pudiera derrotar debido al carácter marginal y ocasional de sus operativos.

El gobernador del Cauca ha declarado que “las autoridades han puesto todo el interés y el esfuerzo necesarios para repeler el terrorismo en el departamento”. Por el contrario, los vecinos dan cuenta de la relación cotidiana de unidades paramilitares y de la Policía en el corregimiento.

El año antepasado, a raíz de la muerte de un menor, hubo un amotinamiento del pueblo contra la Policía, cuyo cuartel fue incendiado. El alto mando decidió trasladarlo al pie de uno de los cerros que encierra al poblado, donde arrendó una casa particular en medio de la población civil, rodeándola por los cuatro costados de trincheras.

El 6 de junio del pasado año la Policía fue informada de la existencia de un artefacto sospechoso a la diagonal del cuartel. Nadie explica cómo —teniendo las vías de acceso controladas— fue colocado allí. Más aún, los uniformados inspeccionaron el lugar denunciado y se acuartelaron. La bomba explotó a las 8 de la noche y, a renglón seguido, se trabó un combate en el que resultaron muertos cuatro agentes y 14 resultaron heridos. Parece un hecho comprobado que, para repeler el ataque, la Policía disparó desde casas contiguas al cuartel.

El pánico que el pueblo sufrió aquella noche se conserva vivo y ha creado un ambiente de hostilidad contra las guarniciones militares en medio de los cascos urbanos. Es una antigua discusión en la que el Gobierno argumenta que constitucionalmente es un cuerpo civil que tiene la obligación de velar y defender la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía. El problema es que es también un cuerpo que emplea armas de guerra, y para defenderse de los ataques de las guerrillas opta por usar a los pobladores como escudos humanos. Es también posición de las Farc y del Eln.

La Fuerza Pública suele ser considerada una garantía del orden público sólo en sectores sociales acomodados; por lo tanto, en zonas de presencia militar la gente opta —en general— por evitar una relación franca con ella. Si además se suma el hecho evidente de ser objetivo militar de la insurgencia, el peligro que corren los ciudadanos se expresa en un rechazo radical y una animadversión tangible contra los militares y las fuerzas de Policía. Quizá la gente los protegería si, como reza la Constitución, fueran un organismo únicamente civil, como puede serlo un CAI en el barrio de Los Rosales en Bogotá.

La historia de la violencia en el país desde los años 50, la corrupción de muchos de sus agentes y oficiales de la Policía, así como las alianzas con el paramilitarismo, el narcotráfico y aun con las guerrillas, son expedientes que no los hacen populares. En El Mango se teme una nueva y brutal agresión de la guerrilla sin que el pueblo salga a defender a los agentes de la Fuerza Pública que son, por lo demás, víctimas de la estrategia de los altos mandos.

El cuartel de la Policía en El Mango es una verdadera vergüenza. Se trata de una edificación civil, parapetada tras trincheras vulnerables; el techo se cae a pedazos, hay túneles de escape hechos en las paredes que colindan con residencias particulares, las que, naturalmente, la gente ha abandonado. En cada habitación del cuartel, donde hay un puesto de mando alumbrado con un bombillo, viven entre 10 y 15 agentes hacinados en medio de un desorden de ropas, armas, utensilios de cocina y platos sucios, lo que expresa sin más el grado de peligrosa desmoralización de la tropa.

Un agente del orden en semejante condición no puede menos que odiar a quien considera el causante de su situación, incluidos “los civiles”, que percibe como aliados de la subversión. El comandante del puesto comenta que a los agentes que envían al cuartel de El Mango se les pregunta de entrada: “¿Y usted qué mal hizo para que lo hubieran mandado a este infierno?

El pasado 2 de julio en El Mango siete policías resultaron heridos en un hostigamiento de la guerrilla que dejó destruido el cuartel y obligó a 450 personas a huir de sus casas hacia la cabecera municipal en busca de protección. El alcalde declaró: “Por momentos la Policía y el Ejército toman el control, con apoyo aéreo del Ejército, pero la guerrilla vuelve a hostigar disparando”. Diez días después, el 12 de julio, en El Plateado, un helicóptero de la compañía Helifly fue quemado por un comando de las Farc a poca distancia de la base militar y sus tripulación retenida.