En Nuevo Gramalote siguen esperando 128 casas

A pocas semanas de que se cumplan diez años del día en que Gramalote quedara convertido en un pueblo fantasma, tragado por la tierra que cedió por la saturación de agua en medio de una inclemente ola invernal, aún no termina de cumplirse la promesa de reconstrucción de un nuevo lugar para reubicar a los habitantes de este municipio de Norte de Santander. Más de 3.000 familias tuvieron que evacuar de emergencia la mañana del 17 de diciembre de 2010, cuando sus casas se fueron a pique y todas las estructuras del pueblo empezaron a agrietarse. Gramalote quedó inhabitable.

Como respuesta a la emergencia el Gobierno nacional propuso el megaproyecto Nuevo Gramalote, que planteaba la reconstrucción de la cabecera municipal. Una tarea que terminó siendo titánica y hoy, una década después, no termina de concretarse por cuenta de los desacuerdos entre el contratista Unión Temporal Nuevo Gramalote y el Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. En medio de los alegatos están 128 familias que siguen a la espera de una casa para ser reubicadas.

Aunque Gramalote desapareció en 2010, tuvieron que pasar cinco años para que se adjudicara el contrato de la construcción de las viviendas. En 2011, se dio el proceso de articulación institucional. Se conformaron mesas entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Gramalote y el Fondo de Adaptación y luego se fueron vinculando actores de la comunidad. En 2012, el Fondo de Adaptación fue habilitado para ejecutar el megaproyecto. Se hicieron los estudios prediales y la selección del lote en el que sería reconstruido el municipio, teniendo en cuenta que no se podría trabajar en el mismo lugar donde desapareció. Entre 2013 y 2014, se dio la fase de las propuestas del nuevo diseño de la cabecera y se constituyó una vía de acceso. Finalmente, en 2015, se adjudicó el contrato para la construcción de 600 casas y Unión Temporal Nuevo Gramalote ganó la licitación. En el camino las partes fueron haciendo acuerdos para aumentar el número de viviendas a construir, llegando a tener como meta final 988 viviendas.

También le puede interesar: Asesinaron a Jorge Solano, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, Norte de Santander

El origen de los problemas entre las partes inició con la llegada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote acordaron con la firma interventora y la Unión Temporal Nuevo Gramalote la suspensión del contrato desde el 21 de marzo de 2020. Dicho contrato se reinició el 26 de mayo de este año, luego de que se aprobaron los protocolos de bioseguridad para la reactivación de las obras. Sin embargo, de las 144 casas que faltaban por entregar el contratista solo terminó 16, quedando el vacío de las 128 viviendas que hoy están en el aire.

La falta de dinero por parte del Gobierno nacional y el vencimiento del contrato fueron dos de las razones dadas por el contratista para justificar la no culminación de las viviendas. “Le pedimos al Fondo que nos reconocieran $4.000 millones para terminar el contrato, pero no logramos ningún acuerdo. En últimas les dijimos que teníamos capacidad para terminar 75 casas, pero tampoco hubo un acuerdo. El contrato finalmente terminó. No quedamos debiendo plata, porque habíamos entregado los anticipos y les habíamos pagado. Desafortunadamente quedaron 128 viviendas sin terminar”, explica Ricardo Carvajal, abogado de la Unión Temporal Nuevo Gramalote.

Carvajal asegura que el contrato venció el 22 de agosto de 2020. Dato que difiere de lo que dice el Fondo de Adaptación, que sostiene que la fecha final del contrato fue el 27 de octubre de este año. En el contrato inicial de diciembre de 2015 quedó plasmado que la obra debía ser entregada en un plazo máximo de trece meses y quince días. No obstante, el contrato ha tenido diez otrosíes (documento nuevo que se agrega al contrato original, en el que se modifican acuerdos iniciales). El último otrosí tiene fecha del 23 noviembre de 2019, y en él se prorroga la ejecución del contrato por nueve meses, teniendo como finalización del contrato el 22 de agosto de 2020.

Más allá de la discusión por la fecha en la que se acabó el contrato, la pregunta es qué pasará con las viviendas que están sin terminar y con las familias que siguen esperando. De las 128 casas que faltan algunas tienen adelantos del 30 %, 40 % y otras hasta del 50 %. El gerente del Fondo de Adaptación, Édgar Ortiz Pabón, aseguró que le dieron oportunidades al contratista para terminar el proyecto. Además, notificó que iniciarán acciones de carácter administrativo y judicial en contra de Unión Temporal Nuevo Gramalote, con el fin de que se presenten alternativas concretas para culminar las viviendas.

El Fondo sostiene que el 7 de octubre se reunieron con la Procuraduría para proponer una solución al contratista, pero este no aceptó los términos. La propuesta era prorrogar el contrato por el tiempo que se afectaron los trabajos de las obras durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, hasta el 31 de marzo de 2021; pero esto no es una propuesta viable para la Unión Temporal. “Un contrato solo puede prorrogarse cuando está en vigencia. En el marco de esa reunión, el Fondo expresó que ellos querían prorrogar el contrato, pero nosotros les respondimos que no era viable porque el contrato ya había finalizado. Desde el punto legal existía el riesgo de incurrir en un delito penal que se llama celebración indebida de contratos públicos”, asegura el abogado Carvajal, quien le dijo a El Espectador que presentaron una demanda ante un tribunal de arbitramento para que sea un tercero el encargado de definir cuál de las partes es la responsable de la no terminación de las viviendas. Desde el Fondo de Adaptación tienen conocimiento de ese proceso, pero prefirieron no dar detalles de los asuntos jurídicos.

Mientras se da una respuesta, las familias siguen en vilo. Rubiela Mazo y su madre llevan una década esperando ser reubicadas en una de las viviendas. “El Fondo pide paciencia. El asunto es que esa paciencia en cuánto tiempo se va a transformar. A mi mamá le habían dicho que este año le entregaban la vivienda, pero ya no será este año, ni en el 2021; será en 2022, y muchas cosas pueden pasar. Estamos en desigualdad con las otras familias que ya tienen sus viviendas”, concluye Mazo.

También le puede interesar: Gobernación de Norte de Santader propone instalar albergue temporal para migrantes venezolanos

A pocas semanas de que se cumplan diez años del día en que Gramalote quedara convertido en un pueblo fantasma, tragado por la tierra que cedió por la saturación de agua en medio de una inclemente ola invernal, aún no termina de cumplirse la promesa de reconstrucción de un nuevo lugar para reubicar a los habitantes de este municipio de Norte de Santander. Más de 3.000 familias tuvieron que evacuar de emergencia la mañana del 17 de diciembre de 2010, cuando sus casas se fueron a pique y todas las estructuras del pueblo empezaron a agrietarse. Gramalote quedó inhabitable.

Como respuesta a la emergencia el Gobierno nacional propuso el megaproyecto Nuevo Gramalote, que planteaba la reconstrucción de la cabecera municipal. Una tarea que terminó siendo titánica y hoy, una década después, no termina de concretarse por cuenta de los desacuerdos entre el contratista Unión Temporal Nuevo Gramalote y el Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. En medio de los alegatos están 128 familias que siguen a la espera de una casa para ser reubicadas.

Aunque Gramalote desapareció en 2010, tuvieron que pasar cinco años para que se adjudicara el contrato de la construcción de las viviendas. En 2011, se dio el proceso de articulación institucional. Se conformaron mesas entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Gramalote y el Fondo de Adaptación y luego se fueron vinculando actores de la comunidad. En 2012, el Fondo de Adaptación fue habilitado para ejecutar el megaproyecto. Se hicieron los estudios prediales y la selección del lote en el que sería reconstruido el municipio, teniendo en cuenta que no se podría trabajar en el mismo lugar donde desapareció. Entre 2013 y 2014, se dio la fase de las propuestas del nuevo diseño de la cabecera y se constituyó una vía de acceso. Finalmente, en 2015, se adjudicó el contrato para la construcción de 600 casas y Unión Temporal Nuevo Gramalote ganó la licitación. En el camino las partes fueron haciendo acuerdos para aumentar el número de viviendas a construir, llegando a tener como meta final 988 viviendas.

También le puede interesar: Asesinaron a Jorge Solano, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, Norte de Santander

El origen de los problemas entre las partes inició con la llegada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote acordaron con la firma interventora y la Unión Temporal Nuevo Gramalote la suspensión del contrato desde el 21 de marzo de 2020. Dicho contrato se reinició el 26 de mayo de este año, luego de que se aprobaron los protocolos de bioseguridad para la reactivación de las obras. Sin embargo, de las 144 casas que faltaban por entregar el contratista solo terminó 16, quedando el vacío de las 128 viviendas que hoy están en el aire.

La falta de dinero por parte del Gobierno nacional y el vencimiento del contrato fueron dos de las razones dadas por el contratista para justificar la no culminación de las viviendas. “Le pedimos al Fondo que nos reconocieran $4.000 millones para terminar el contrato, pero no logramos ningún acuerdo. En últimas les dijimos que teníamos capacidad para terminar 75 casas, pero tampoco hubo un acuerdo. El contrato finalmente terminó. No quedamos debiendo plata, porque habíamos entregado los anticipos y les habíamos pagado. Desafortunadamente quedaron 128 viviendas sin terminar”, explica Ricardo Carvajal, abogado de la Unión Temporal Nuevo Gramalote.

Carvajal asegura que el contrato venció el 22 de agosto de 2020. Dato que difiere de lo que dice el Fondo de Adaptación, que sostiene que la fecha final del contrato fue el 27 de octubre de este año. En el contrato inicial de diciembre de 2015 quedó plasmado que la obra debía ser entregada en un plazo máximo de trece meses y quince días. No obstante, el contrato ha tenido diez otrosíes (documento nuevo que se agrega al contrato original, en el que se modifican acuerdos iniciales). El último otrosí tiene fecha del 23 noviembre de 2019, y en él se prorroga la ejecución del contrato por nueve meses, teniendo como finalización del contrato el 22 de agosto de 2020.

Más allá de la discusión por la fecha en la que se acabó el contrato, la pregunta es qué pasará con las viviendas que están sin terminar y con las familias que siguen esperando. De las 128 casas que faltan algunas tienen adelantos del 30 %, 40 % y otras hasta del 50 %. El gerente del Fondo de Adaptación, Édgar Ortiz Pabón, aseguró que le dieron oportunidades al contratista para terminar el proyecto. Además, notificó que iniciarán acciones de carácter administrativo y judicial en contra de Unión Temporal Nuevo Gramalote, con el fin de que se presenten alternativas concretas para culminar las viviendas.

El Fondo sostiene que el 7 de octubre se reunieron con la Procuraduría para proponer una solución al contratista, pero este no aceptó los términos. La propuesta era prorrogar el contrato por el tiempo que se afectaron los trabajos de las obras durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, hasta el 31 de marzo de 2021; pero esto no es una propuesta viable para la Unión Temporal. “Un contrato solo puede prorrogarse cuando está en vigencia. En el marco de esa reunión, el Fondo expresó que ellos querían prorrogar el contrato, pero nosotros les respondimos que no era viable porque el contrato ya había finalizado. Desde el punto legal existía el riesgo de incurrir en un delito penal que se llama celebración indebida de contratos públicos”, asegura el abogado Carvajal, quien le dijo a El Espectador que presentaron una demanda ante un tribunal de arbitramento para que sea un tercero el encargado de definir cuál de las partes es la responsable de la no terminación de las viviendas. Desde el Fondo de Adaptación tienen conocimiento de ese proceso, pero prefirieron no dar detalles de los asuntos jurídicos.

Mientras se da una respuesta, las familias siguen en vilo. Rubiela Mazo y su madre llevan una década esperando ser reubicadas en una de las viviendas. “El Fondo pide paciencia. El asunto es que esa paciencia en cuánto tiempo se va a transformar. A mi mamá le habían dicho que este año le entregaban la vivienda, pero ya no será este año, ni en el 2021; será en 2022, y muchas cosas pueden pasar. Estamos en desigualdad con las otras familias que ya tienen sus viviendas”, concluye Mazo.

También le puede interesar: Gobernación de Norte de Santader propone instalar albergue temporal para migrantes venezolanos