Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con ocasión de la emergencia sanitaria que afronta el país por el COVID-19, durante 2020 en el Ministerio de Trabajo fueron radicadas 4.111 solicitudes de despidos colectivos y suspensiones de contratos laborales por parte de los empleadores.
De esa cifra global, 63 corresponden a peticiones de despidos colectivos de trabajadores; 715 a solicitudes de autorización a empleador para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días y 3.333 correspondieron a solicitudes por fuerza mayor por el cual se suspendió el contrato de trabajo, que significa un 34.3 por ciento.
Ese ministerio, recibió 5.434 quejas o querellas por violación de derechos de los trabajadores con ocasión de la emergencia sanitaria. Informó, además, que gracias a la gestión de sus funcionarios lograron salvar 128.299 puestos de trabajo, entre los que se cuentan 40.024 contratos reactivados.
Según Asofondos, los trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia retiraron más de $2,2 billones en cesantías por causa de la terminación de contrato.
Consultado por El Espectador, Germán Plazas -abogado especializado en derecho laboral-, comenta que “a primera vista, parecen bajas las quejas recibidas, frente a lo que en realidad pudo haber ocurrido. Surge la pregunta: ¿realmente todos los casos de suspensión del contrato de trabajo fueron debidamente informados al Ministerio?”. De no ser así, habría un subregistro que se traduciría en una cifra más elevada de quejas.
Plazas recuerda que cuando comenzó la emergencia sanitaria provocada por el COVID-10, en marzo del año pasado, la mayor preocupación fue la posibilidad de una avalancha de despidos. Entonces, el Gobierno implementó por lo menos ochos estrategias para mantener las plazas de trabajo y autorizó, entre otras, la licencia remunerada para que el trabajador descansara con la condición que repusiera después con trabajo ese tiempo que le pagaron por anticipado.
Otra estrategia consistió en el trabajo en casa, que es diferente al teletrabajo porque aquella es más flexible. También dio luz verde a las vacaciones anticipadas de los trabajadores con apenas un día de preaviso y no con los 15 que exige la ley laboral.
Con el paso de las semanas esas medidas resultaron insuficientes y muchas empresas agotaron esas estrategias. Por esa razón, explica Plazas, el Gobierno recurrió a medidas adicionales, pero más duras -para que las empresas pudieran ahorrar plata y evitar la asfixia económica-, entre ellas la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, caso en el cual la empresa no le paga al trabajador salarios, ni se causan vacaciones. Solo se causan primas, salud y pensiones.
En el caso de la fuerza mayor, que se presenta cuando hay una circunstancia inesperada como la pandemia, algunos empleadores decidieron suspender unilateralmente los contratos de trabajo. Y una tercera opción fue el cierre de operaciones durante más de cuatro meses para poder suspender los contratos, previa autorización del Ministerio de Trabajo. Figura que no tuvo luz verde por parte del Gobierno.
En ese escenario, muchas empresas acudieron a la terminación del contrato de trabajo. Y así ocurrió, comenta Plazas, en los contratos a término fijo que al terminar no fueron renovados, o en aquellos que fenecieron por la culminación de la obra, además del mutuo acuerdo y la justa causa para finalizar el contrato. En todos los anteriores, sin necesidad de pedir la autorización del Ministerio de Trabajo, porque la ley y la jurisprudencia lo acepta, sin importar la emergencia sanitaria, siempre y cuando el empresario respete las normas y la dignidad del trabajador.
En cambio, para que un empleador pueda ejecutar un despido colectivo de trabajadores sin justa causa, sí tiene que pedirle permiso al ministerio porque así lo exige la ley.
“En estos tiempos difíciles lo ideal es que las empresas no pisoteen a los trabajadores, y a su vez estos no sean intransigentes en este momento extraordinario para la humanidad. Una mala actitud lo que hace es generar resentimientos que dañan el clima laboral. Hay que evitar que las medidas que se adopten generen odios y resentimientos en el empleado. Algún día esta pandemia va a terminar y cuando eso ocurra qué bueno que empresarios y trabajadores puedan mirarse a los ojos y estar unidos para que ambos salgan adelante y empujen la recuperación económica del país”, reflexiona Plazas. (ravila@elespectador.com)