En San Andrés, en tres años han sido asesinados 59 raizales

Según el documento, el excongresista Víctor Velásquez y el abogado Ricardo Cifuentes registraron que como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico en la Isla, la sobrepoblación que ha padecido el archipiélago en la última década y los choques culturales, el pueblo raizal ha terminado desplazado y en los últimos tres años 59 de sus integrantes han sido asesinados por sicarios.

Por eso, señalaron que el pueblo raizal ha defendido su identidad y que hay más de 40 mil personas de su misma comunidad en San Andrés lo que constituye casi un 57% de la población total, según el DANE. “El pueblo raizal en su cultura tiene valores distinto al ánimo de lucro permanente y la cosmovisión comercial y consumista de la vida. Esto ha llevado a que sean desplazados por los continentales de las playas donde habitaron sus ancestros y ahora deben pagar por el parqueo de sus embarcaciones. Y la situación ha llegado a extremos tales que para poder ingresar a territorios que les pertenecían como la isla de Jonnhy Cay ahora deben pagar”, advierte la petición.

Velásquez y Cifuentes aseguran que la diferencia cultural e idiomática entre los raizales y los continentales ha hecho que los primeros sufran un “clima generalizado de persecución y discriminación” y que hay una segregación evidente que, sumada a los 59 asesinatos perpetrados en los últimos tres años constituye una radiografía preocupante que debe atender el Estado y que, como no lo ha hecho, debe intervenir de manera inmediata la CIDH.

Como datos para soportar su petición añadieron que la unión internacional para la conservación de la naturaleza incluyó en 1996 a las tortugas Carey en su lista roja como animales en peligro de extinción. Estos animales tienen como lugar para desovar la isla de Jonnhy Cay, pero este proceso está seriamente amenazada por la actividad comercial que los continentales le han dado, “prevaleciendo el interés particular sobre el general”.

Tomando como fuentes los semanarios El Extra y Archipiélago Press, se advierte en el documento que Jonathan Vásquez Silgado, Ubaldo Simón González y Erik Martínez Blanco hacen parte del grupo de raizales desaparecidos. Los abogados le pidieron a la CIDH que ordene 14 acciones urgentes para atender al pueblo raizal amenazado.

En concreto solicitaron la protección a la vida y a los valores culturales de los raizales. Además que se ordene al Estado una investigación inmediata para detener la estela de crímenes que han padecido, para liberarlos de los cobros que les hacen cuando visitan los lugares que antes pertenecían a sus ancestros y que cuanto antes se detenga la exclusión económica, comercial y laboral. Además, que se ordene a Colombia adecuar su legislación a fin de que el pueblo raizal goce de representación propia en el Congreso, y que los bienes confiscados a la mafia que fueron construidos en territorios ancestrales les sean entregados a los raizales.

Por último Velásquez y Cifuentes pidieron la protección inmediata de las tortugas Carey. Se trata de una solicitud que ya le llegó al secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza Longoria y que busca el reconocimiento de lo que para los abogados ha sido una población excluida y en peligro.

Según el documento, el excongresista Víctor Velásquez y el abogado Ricardo Cifuentes registraron que como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico en la Isla, la sobrepoblación que ha padecido el archipiélago en la última década y los choques culturales, el pueblo raizal ha terminado desplazado y en los últimos tres años 59 de sus integrantes han sido asesinados por sicarios.

Por eso, señalaron que el pueblo raizal ha defendido su identidad y que hay más de 40 mil personas de su misma comunidad en San Andrés lo que constituye casi un 57% de la población total, según el DANE. “El pueblo raizal en su cultura tiene valores distinto al ánimo de lucro permanente y la cosmovisión comercial y consumista de la vida. Esto ha llevado a que sean desplazados por los continentales de las playas donde habitaron sus ancestros y ahora deben pagar por el parqueo de sus embarcaciones. Y la situación ha llegado a extremos tales que para poder ingresar a territorios que les pertenecían como la isla de Jonnhy Cay ahora deben pagar”, advierte la petición.

Velásquez y Cifuentes aseguran que la diferencia cultural e idiomática entre los raizales y los continentales ha hecho que los primeros sufran un “clima generalizado de persecución y discriminación” y que hay una segregación evidente que, sumada a los 59 asesinatos perpetrados en los últimos tres años constituye una radiografía preocupante que debe atender el Estado y que, como no lo ha hecho, debe intervenir de manera inmediata la CIDH.

Como datos para soportar su petición añadieron que la unión internacional para la conservación de la naturaleza incluyó en 1996 a las tortugas Carey en su lista roja como animales en peligro de extinción. Estos animales tienen como lugar para desovar la isla de Jonnhy Cay, pero este proceso está seriamente amenazada por la actividad comercial que los continentales le han dado, “prevaleciendo el interés particular sobre el general”.

Tomando como fuentes los semanarios El Extra y Archipiélago Press, se advierte en el documento que Jonathan Vásquez Silgado, Ubaldo Simón González y Erik Martínez Blanco hacen parte del grupo de raizales desaparecidos. Los abogados le pidieron a la CIDH que ordene 14 acciones urgentes para atender al pueblo raizal amenazado.

En concreto solicitaron la protección a la vida y a los valores culturales de los raizales. Además que se ordene al Estado una investigación inmediata para detener la estela de crímenes que han padecido, para liberarlos de los cobros que les hacen cuando visitan los lugares que antes pertenecían a sus ancestros y que cuanto antes se detenga la exclusión económica, comercial y laboral. Además, que se ordene a Colombia adecuar su legislación a fin de que el pueblo raizal goce de representación propia en el Congreso, y que los bienes confiscados a la mafia que fueron construidos en territorios ancestrales les sean entregados a los raizales.

Por último Velásquez y Cifuentes pidieron la protección inmediata de las tortugas Carey. Se trata de una solicitud que ya le llegó al secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza Longoria y que busca el reconocimiento de lo que para los abogados ha sido una población excluida y en peligro.