A más de tres años del crimen ocurrido en el mar del sector de Buritaca, en jurisdicción de Santa Marta, y varios meses después de conocerse la condena, la justicia sigue sin cumplirse para Edwin Guerrero Sánchez, padre del niño asesinado.
El menor, de 15 meses, murió en abril de 2022 tras ser ahogado en el mar. Luego de un proceso judicial marcado por aplazamientos y recursos, un juez condenó a su madre a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, al establecer que la muerte no fue producto de un accidente.
Sin embargo, pese a que ya hay un fallo, la mujer continúa en libertad, por lo que para el padre, la sentencia se ha convertido en un documento sin efectos. “La justicia quedó solo en el papel”
Guerrero afirma que, desde que se conoció la condena, ha acudido de manera constante a distintas autoridades para conocer el avance en la captura, sin recibir información concreta. “Estoy seguro de que, si hicieran un seguimiento serio, ya estaría presa. Ella está con su familia. Simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”.
El padre del menor sostiene que la falta de acción institucional ha prolongado su dolor y ha debilitado su confianza en el sistema judicial. “La condenaron, pero vive tranquila en Bogotá. Nada sirvió”.
En 2024, Higuera había recuperado su libertad por vencimiento de términos, tras los retrasos en el proceso. Desde entonces, según denuncia la familia, no se han aplicado medidas efectivas para garantizar su ubicación y posterior detención. Guerrero también advierte que no ha recibido acompañamiento ni orientación clara por parte de las entidades encargadas. “Uno va, pregunta, insiste, y nadie responde. Es como si el caso se hubiera quedado detenido”.
El crimen y las pruebas en su contra
El caso generó conmoción en la región y en el país cuando se conoció que un bebé había muerto en el mar mientras se encontraba con su madre en el sector de Guachaca, una zona turística y rural del norte del Magdalena. En un comienzo, la mujer aseguró que una corriente marina le arrebató al niño de los brazos. Esa versión fue puesta en duda por las autoridades desde las primeras indagaciones.
Los peritajes forenses, los análisis técnicos, las reconstrucciones del hecho y las contradicciones en sus declaraciones permitieron a la Fiscalía establecer que el menor fue sumergido de manera intencional hasta causarle la muerte por asfixia. El juez concluyó que existió voluntad de asesinar y descartó cualquier circunstancia que redujera la responsabilidad penal, por lo que el delito fue calificado como homicidio agravado.
Expertos han advertido que, cuando una persona procesada o condenada recupera la libertad antes de una sentencia firme, se incrementa el riesgo de evasión si no existen controles estrictos. En este caso, según la familia, esas medidas no fueron suficientes.
Un duelo que no termina
Para Guerrero, la falta de cumplimiento de la sentencia ha impedido cerrar el proceso de duelo y avanzar en su vida. “No puedo seguir adelante mientras la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”.
Mientras en los registros judiciales el caso figura como resuelto, para la familia del menor sigue siendo una herida abierta. La condena existe, pero no se cumple. Edwin Guerrero insiste en que continuará exigiendo que se ejecute la orden de captura, no solo como un acto legal, sino como una forma de preservar la memoria de su hijo y evitar que el caso quede en el olvido.