La captura de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Silvia Gette Ponce, cuando ingresaba el pasado martes al complejo judicial de Paloquemao a cumplir una diligencia judicial, revivió el más sonado caso de la costa Caribe en los últimos tiempos. Y una vez más fue el exoficial del Ejército Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, uno de los principales secuaces del extraditado jefe paramilitar Jorge 40, quien la acusa. En esta ocasión, por un intento de soborno para modificar sus señalamientos.
El nuevo capítulo de una historia que comenzó en 2011, cuando alias Don Antonio, cinco años después de su detención en un operativo en el que le fue hallado el computador de Jorge 40, depositario de los secretos del paramilitarismo en el departamento del Atlántico, la emprendió contra la entonces rectora de la Universidad Autónoma. En su testimonio precisó que Silvia Gette le había pagado a la organización $150 millones para que asesinara al ganadero Fernando Cepeda, con quien ella sostenía una publicitada disputa judicial.
La confesión de Don Antonio causó revuelo y activó una comidilla social que todavía no cesa. En su juventud, Silvia Gette era una artista argentina que llegó a Barranquilla hacia 1987 con su compañía de baile, y deslumbró con sus encantos al reconocido abogado Mario Ceballos Araújo, quien durante casi 25 años ejerció una magistratura en el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en 1967 fue uno de los fundadores de la Universidad Autónoma del Caribe. Esta relación amorosa desató un explosivo conflicto familiar.
Primero porque Gette entró a ejercer como coordinadora artística en la Universidad Autónoma y luego porque se convirtió en la pareja de Ceballos Araújo. Su presencia generó protestas al interior del centro docente, y la férrea oposición del entonces vicerrector Antonio Vallejo, a la que se sumó el ganadero Fernando Cepeda, esposo de María Paulina Ceballos, la única hija del rector. La pelea alcanzó tales dimensiones que Mario Ceballos rompió relaciones con su hija y en 1995 Silvia Gette denunció a Cepeda ante la Fiscalía.
La artista se declaró víctima de una conspiración supuestamente orquestada por Cepeda y el ente investigador alcanzó a expedir órdenes de captura por el presunto delito de concierto para delinquir . Sin embargo, cuatro años después, un juez absolvió a los acusados, entre ellos Cepeda, y para infortunio de Silvia Gette, su propio abogado declaró ante la Fiscalía que con recursos de la universidad él había pagado sobornos a fiscales e investigadores para que el caso se resolviera en favor de su cliente. De acusadora pasó a acusada.
Durante los años siguientes, Silvia Gette tuvo que enfrentar cargos de la justicia, de los cuales salió bien librada. No obstante ocurrió lo inesperado. A mediados de 2002, el abogado que la señalaba fue asesinado en Barranquilla, y un año después, en agosto de 2003, corrió la misma suerte Fernando Cepeda. Hasta ese momento el caso parecía destinado al olvido, y los dos crímenes sólo pasaron a engrosar la larga lista de asesinatos perpretados en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, donde ya Jorge 40 había activado su máquina de crímenes selectivos.
En marzo de 2006, fue capturado alias Don Antonio, quien para la época ya fungía como jefe militar de Jorge 40. De entrada, la Fiscalía tenía claro que se trataba del poseedor de muchos secretos. Cuando el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensa se fue a pique y los principales jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008, a quienes quedaron presos en Colombia no les quedó otro camino que la confesión. Uno de los que prendió su ventilador fue alias Don Antonio.
Con el aliciente de la ley de Justicia y Paz, este exmilitar que tuvo una larga trayectoria criminal en el Bloque Norte de las autodefensas, entre sus múltiples versiones, en 2011 sorprendió cuando señaló a Silvia Gette como la determinadora del asesinato de Fernando Cepeda. Ya para entonces, ella ejercía como rectora de la Universidad Autónoma, cargo que asumió después de la muerte de su esposo en 2003. Y a falta de un testimonio llegó el segundo, esta vez de Johnny Acosta Garizábalo, alias 28.
Tanto el uno como el otro aseguraron que Gette pagó $150 millones por el asesinato de Cepeda y que el intermediario fue un abogado Jorge Palacios. El problema es que para la época de las confesiones, Palacios había sido asesinado en Barranquilla. Murió acribillado en 2006. Sin embargo, el caso trascendió a nivel nacional, y el abogado de María Paulina Ceballos, viuda de Fernando Cepeda, llegó incluso a pedir la exhumación del cadáver de Mario Ceballos para que se aclarara de qué había muerto.
Cuando todo apuntaba a una rápida solución en el caso Gette, otro desmovilizado de las autodefensas, Rafael Peña, alias Chiqui, más antiguo que Don Antonio en la organización, declaró que el crimen de Cepeda fue una orden de Pedro Soler, alias Aguas, pero que este mismo individuo dejó entrever días después, que la gestora del crimen había sido la viuda del asesinado, que se había quedado colaborando con ellos. El caso dio un giro inesperado y puso en tela de juicio a Don Antonio.
En medio de la polémica, apareció el jefe político del Bloque Resistencia Tayrona, José Gelvez Albarracín, quien a través de una declaración pública salió en defensa de Silvia Gette, le pidió a alias Chiqui que confesara la verdad porque él era el único que la sabía, y aseguró que los señalamientos hacían parte de un montaje entre alias Don Antonio y la viuda de Cepeda, María Paulina Ceballos, de quien dijo “era la más paraca de todos” y tenía una estrecha relación con el comandante del sur del Atlántico.
El lío es que ese comandante era el mismísimo Pedro Soler, alias Aguas, un exmilitante del Epl que se pasó a las autodefensas, con larga trayectoria de asesinato en el Atlántico, quien fue encontrado muerto a tiros en el interior de un vehículo abandonado en la carretera entre Cartagena y Turbaco. En otras palabras, las claves de la verdad siguen en manos de Rafael Julio, alias Chiqui, quien sigue preso en la cárcel Modelo de Barranquilla, donde el asunto se ha vuelto una papa caliente.
Con este contexto abordo, se produjo esta semana el hecho que revivió el caso. Reapareció Don Antonio, en esta ocasión con grabaciones en la mano, acusando al abogado Arcadio Martínez de ofrecerle $1.000 millones para cambiar su declaración contra Silvia Gette. Obviamente, según él, enviado por la rectora. El propio Don Antonio manifestó a Semana.com que la grabación se dio en la segunda cita y que su contenido fue puesto en manos de la Fiscalía y la Procuraduría.
Ahora, de nuevo el caso está que arde. El abogado Arcadio Martínez terminó preso, la exrectora dela Universidad Autónoma del Caribe en casa por cárcel porque logró probar que es madre cabeza de familia y responde por cuatro personas. Entre los desmovilizados del Bloque Norte presos en las cárceles no se habla de otra cosa. En Barranquilla el asunto guarda las proporciones del caso Colmenares en Bogotá. Pero unos y otros saben que alguien tiene la verdad y por algo no quiere hablar.