¿Equilibrio de poderes para qué?

“Desmontar la figura de la reelección es la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes en nuestro país”. Fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en septiembre de 2014, cuando en compañía de algunos ministros y los voceros de los partidos de la Unidad Nacional y de otras fuerzas políticas —como la Alianza Verde y el conservatismo— le presentó al país el proyecto de reforma al Estado que incluía cambios constitucionales en materia política, electoral y de justicia. Hoy, cuando dicho acto legislativo cursa su quinto debate en el Congreso de la República, lo que se ve es que se ha convertido en un instrumento para poner zancadillas, figurar, atacar, medir fuerzas e incluso negociar decisiones.

Porque aunque quedó en el olvido, fue el mismo jefe de Estado quien denunció en febrero pasado supuestas maniobras por parte de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para evitar la eliminación de ese tribunal, uno de los ejes claves de la reforma. “Hay versiones, y lo digo claramente, respecto a eventuales cortejos a los congresistas con ocasión del trámite de la reforma de equilibrio de poderes, que incluye la eliminación de los actuales órganos de gobierno del Consejo Superior”, dijo. Lo cierto es que ello sirvió para sumar voces contra la Judicatura y para que muchos vean ahora en el dichoso equilibrio de poderes la “fórmula mágica” para acabar con los males de la justicia, que no fue posible exterminar por el fracaso de la reforma de 2012.

De paso, el escándalo que salpicó al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt —con su “si me voy yo, nos vamos todos”— ha servido de caballito de batalla y ha dado más argumentos para hablar de la necesidad de establecer normas que, como ha dicho el mismo Gobierno, hagan que la ciudadanía recupere la perdida credibilidad en sus instituciones. En sus ejes fundamentales, además de acabar con todas las reelecciones, el equilibrio de poderes apunta, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “a tener partidos realmente fuertes, a garantizar la presencia en el Congreso de todas las regiones, a crear un nuevo y eficiente sistema de administración y de gobierno de la Rama Judicial y a cambiar esa percepción de impunidad en el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, incluidos los magistrados de las altas cortes”.

Sin embargo, en la discusión de esta semana en la Comisión Primera del Senado salieron otras aristas que muestran que detrás de la discusión se mueven otro tipo de intereses —hay quienes dicen que político-electorales—, teniendo como trasfondo los comicios locales y regionales de octubre próximo y pensando en los presidenciales de 2018. Con acusaciones directas y con nombre propio, como que la reforma está haciéndose a la medida de Germán Vargas Lleras, todo porque se le otorgó al vicepresidente el mismo fuero judicial del presidente y se estableció que si quiere aspirar a la primera magistratura del Estado deberá renunciar un año antes de las elecciones. Algunos querían que la inhabilidad fuera de cuatro años, pero tras dejar el cargo, lo que fue visto como un intento de ponerle a Vargas Lleras palos en la rueda de su inminente futura aspiración.

Y está también la modificación que se hizo a la reglamentación de las incompatibilidades de los congresistas. En concreto, se abrió la puerta para que puedan ser nombrados ministros, lo que fue calificado por miembros de la oposición como un “contentillo a las fuerzas afines al Gobierno”. Otros temas que causan roncha tienen que ver con los cambios en las funciones de la Procuraduría, como el que señala que “debe ejercer vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, excepto a los congresistas a partir del 20 de julio de 2018” y el otorgarle al presidente la facultad de ternar al procurador para que el Senado elija. Y está la norma que establece que los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernaciones y alcaldías que pierdan en la contienda electoral, ocuparán inmediatamente cargos en el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas y los concejos municipales, respectivamente.

En el Congreso hay quienes creen que si bien algunas de las reformas planteadas son de utilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia, en el fondo se trata solo de paños de agua tibia que no cortarán esa relación servil entre Ejecutivo y Legislativo. “Es una especie de sancocho. Le cuelgan de todo como a un árbol de Navidad y el eje central se supone que es el de las relaciones entre la Presidencia y el Congreso, o entre alcaldes y concejales, o entre gobernadores y diputados. El proyecto no avanza un centímetro en lo que es el uso de la mermelada o el clientelismo, es decir, a las relaciones entre quienes firman los cheques y quienes hacen parte de los puestos de elección popular. Aquí lo que ha venido sucediendo es que el presidente constriñe a los congresistas para que voten sus proyectos, ¿eso qué equilibrio es?”, dice por ejemplo el senador Jorge Robledo, del Polo.

Incluso, el uribismo insiste aún en que lo que debe darse es un “gran pacto nacional” alrededor de una nueva e integral reforma al Estado, que involucre a la academia, a los gremios de la justicia, a las veedurías ciudadanas, a los gremios de producción, a los sindicatos, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general. “Este proyecto es un mediocre curso remedial de la anterior reforma a la justicia. Lo aprobado hasta hoy no corrige nada y, al contrario, ahonda los problemas de corrupción, politiquería e ineficacia de la justicia”, señaló en su momento Óscar Iván Zuluaga, presidente del Centro Democrático. Y ni qué decir de la opinión del procurador Alejandro Ordóñez, quien ha dicho que es una “involución constitucional” que el presidente postule a las cabezas de organismos de control. Sea como sea, todo indica que el martes la Comisión Primera le dará el visto bueno en su quinto debate y que el pulso entre defensores y detractores del proyecto seguirá candente.

“Desmontar la figura de la reelección es la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes en nuestro país”. Fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en septiembre de 2014, cuando en compañía de algunos ministros y los voceros de los partidos de la Unidad Nacional y de otras fuerzas políticas —como la Alianza Verde y el conservatismo— le presentó al país el proyecto de reforma al Estado que incluía cambios constitucionales en materia política, electoral y de justicia. Hoy, cuando dicho acto legislativo cursa su quinto debate en el Congreso de la República, lo que se ve es que se ha convertido en un instrumento para poner zancadillas, figurar, atacar, medir fuerzas e incluso negociar decisiones.

Porque aunque quedó en el olvido, fue el mismo jefe de Estado quien denunció en febrero pasado supuestas maniobras por parte de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para evitar la eliminación de ese tribunal, uno de los ejes claves de la reforma. “Hay versiones, y lo digo claramente, respecto a eventuales cortejos a los congresistas con ocasión del trámite de la reforma de equilibrio de poderes, que incluye la eliminación de los actuales órganos de gobierno del Consejo Superior”, dijo. Lo cierto es que ello sirvió para sumar voces contra la Judicatura y para que muchos vean ahora en el dichoso equilibrio de poderes la “fórmula mágica” para acabar con los males de la justicia, que no fue posible exterminar por el fracaso de la reforma de 2012.

De paso, el escándalo que salpicó al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt —con su “si me voy yo, nos vamos todos”— ha servido de caballito de batalla y ha dado más argumentos para hablar de la necesidad de establecer normas que, como ha dicho el mismo Gobierno, hagan que la ciudadanía recupere la perdida credibilidad en sus instituciones. En sus ejes fundamentales, además de acabar con todas las reelecciones, el equilibrio de poderes apunta, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “a tener partidos realmente fuertes, a garantizar la presencia en el Congreso de todas las regiones, a crear un nuevo y eficiente sistema de administración y de gobierno de la Rama Judicial y a cambiar esa percepción de impunidad en el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, incluidos los magistrados de las altas cortes”.

Sin embargo, en la discusión de esta semana en la Comisión Primera del Senado salieron otras aristas que muestran que detrás de la discusión se mueven otro tipo de intereses —hay quienes dicen que político-electorales—, teniendo como trasfondo los comicios locales y regionales de octubre próximo y pensando en los presidenciales de 2018. Con acusaciones directas y con nombre propio, como que la reforma está haciéndose a la medida de Germán Vargas Lleras, todo porque se le otorgó al vicepresidente el mismo fuero judicial del presidente y se estableció que si quiere aspirar a la primera magistratura del Estado deberá renunciar un año antes de las elecciones. Algunos querían que la inhabilidad fuera de cuatro años, pero tras dejar el cargo, lo que fue visto como un intento de ponerle a Vargas Lleras palos en la rueda de su inminente futura aspiración.

Y está también la modificación que se hizo a la reglamentación de las incompatibilidades de los congresistas. En concreto, se abrió la puerta para que puedan ser nombrados ministros, lo que fue calificado por miembros de la oposición como un “contentillo a las fuerzas afines al Gobierno”. Otros temas que causan roncha tienen que ver con los cambios en las funciones de la Procuraduría, como el que señala que “debe ejercer vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, excepto a los congresistas a partir del 20 de julio de 2018” y el otorgarle al presidente la facultad de ternar al procurador para que el Senado elija. Y está la norma que establece que los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernaciones y alcaldías que pierdan en la contienda electoral, ocuparán inmediatamente cargos en el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas y los concejos municipales, respectivamente.

En el Congreso hay quienes creen que si bien algunas de las reformas planteadas son de utilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia, en el fondo se trata solo de paños de agua tibia que no cortarán esa relación servil entre Ejecutivo y Legislativo. “Es una especie de sancocho. Le cuelgan de todo como a un árbol de Navidad y el eje central se supone que es el de las relaciones entre la Presidencia y el Congreso, o entre alcaldes y concejales, o entre gobernadores y diputados. El proyecto no avanza un centímetro en lo que es el uso de la mermelada o el clientelismo, es decir, a las relaciones entre quienes firman los cheques y quienes hacen parte de los puestos de elección popular. Aquí lo que ha venido sucediendo es que el presidente constriñe a los congresistas para que voten sus proyectos, ¿eso qué equilibrio es?”, dice por ejemplo el senador Jorge Robledo, del Polo.

Incluso, el uribismo insiste aún en que lo que debe darse es un “gran pacto nacional” alrededor de una nueva e integral reforma al Estado, que involucre a la academia, a los gremios de la justicia, a las veedurías ciudadanas, a los gremios de producción, a los sindicatos, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general. “Este proyecto es un mediocre curso remedial de la anterior reforma a la justicia. Lo aprobado hasta hoy no corrige nada y, al contrario, ahonda los problemas de corrupción, politiquería e ineficacia de la justicia”, señaló en su momento Óscar Iván Zuluaga, presidente del Centro Democrático. Y ni qué decir de la opinión del procurador Alejandro Ordóñez, quien ha dicho que es una “involución constitucional” que el presidente postule a las cabezas de organismos de control. Sea como sea, todo indica que el martes la Comisión Primera le dará el visto bueno en su quinto debate y que el pulso entre defensores y detractores del proyecto seguirá candente.