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Es una obligación buscar la paz y lo estamos haciendo”. Estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos ayer, en la firma por parte de los alcaldes y gobernadores del país de la Declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Queriéndolo o no, sus palabras llevan implícita una respuesta a las críticas hechas por la cúpula del uribismo “purasangre”, que —tras una reunión el pasado fin de semana en Bogotá, en la que se definió la participación del Puro Centro Democrático en las elecciones a Congreso y Presidencia de 2014— expidió un comunicado cuestionando la negociación que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana, advirtiendo que “tal y como está planteado el proceso, lo que habrá es una lavandería de activos de la guerrilla” y que “la arremetida del terrorismo es la respuesta al abandono de la seguridad democrática y a la promesa de impunidad con el marco jurídico para la paz”.
Finalizada el domingo pasado la tregua unilateral decretada por el grupo subversivo en sus acciones ofensivas, se conoce de cuatro ataques explosivos contra la infraestructura petrolera en el Putumayo y de hostigamientos contra la Policía en los municipios de Hacarí (Norte de Santander) y Riosucio (Chocó). Sin embargo, el llamado “canciller” de las Farc, Rodrigo Granda, desmintió ayer desde Cuba que exista la orden de iniciar una ofensiva militar. “Las Farc dieron la orden de un cese que concluyó el 20 de enero a las 12:00 de la noche. Esa es la orden que tiene la guerrilla, no hay nada más a favor ni en contra”, dijo.
La guerrilla insiste en una declaratoria de tregua bilateral, que el presidente Santos se niega a considerar en tanto no se vean resultados concretos en la mesa de diálogos: “Estamos a la ofensiva con todo”, ha dicho, mientras que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, cree que “cualquier tipo de acción de parte de la guerrilla en este momento es una gran muestra de cobardía y una señal de gran debilidad”, advirtiendo que habrá total determinación de parte de las Fuerzas Militares para impedir todo tipo de actividad armada por parte de las Farc.