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El origen de la discordia entre la gobernación de Magdalena y la alcaldía de Santa Marta con el Gobierno Nacional es sencilla: aunque Gustavo Petro prometió en campaña devolver el control de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) al gobierno local, en las últimas semanas se prorrogó la intervención y se le dio el control de la empresa a EPM.
En respuesta, esta semana, el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, le recordaron la promesa a Petro y le enviaron una carta con sus justificaciones para devolver la empresa a la región. “Señor presidente:somos respetuosos de su fuero, mas no podemos guardar silencio ante la situación que padecen Santa Marta y Magdalena por la grave crisis del agua, que se extenderá en el tiempo mientras Essmar continúe intervenida”.
Antes de ahondar en ello, es importante reconocer que todo comenzó en noviembre de 2021, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la Essmar, al considerar que no cumplía “con las condiciones operativas, administrativas y financieras para garantizar la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado”, por lo que nombró a Yahaira Díaz como agente especial y tomó posesión del lugar, en medio de protestas de trabajadores.
La discordia se dio principalmente porque la empresa no llevaba ni dos años de creada y la intervención se ordenó poco después de que los dos mandatarios lograron un convenio con la empresa Cenit para hacer estudios y diseños para solucionar el problema de abastecimiento en la ciudad. Pese a que hubo acciones judiciales, la Superintendencia se mantuvo en que tomó el control del Essmar por el déficit financiero y el incumplimiento en la prestación de los servicios, mientras que las críticas tomaron un tono político y se empezó a hablar de la intervención como un bloqueoo y una decisión arbitraria de la anterior administración nacional.
Es por eso que cuando Gustavo Petro quedó electo, Caicedo incluyó dentro de la hoja de ruta a trabajar en el Magdalena la entrega del Hospital Julio Méndez a la gobernación, la construcción de las nuevas universidades que prometió el presidente en campaña y una solución definitiva al problema de agua y del Essmar.
“Facilitar el acueducto y el agua potable a Santa Marta y la devolución de la Essmar y el Hospital, cuyas instituciones les fueron expropiadas a dos gobiernos diferentes, quitándoles su autonomía e intimidando a la ciudadanía que los eligió”, dijo Petro un poco antes de posesionarse.
Pero la sorpresa se dio el 14 de octubre, cuando el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, anunció junto al gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, que se prorrogaba la intervención y el Essmar pasaba a manos de la empresa antioqueña.
“Si hacemos entrega de la empresa en su estado actual, estamos seguros de que en dos meses estaría entrando en liquidación”, dijo Quiroga, quien además señaló que la decisión se basó en una evaluación financiera y operativa que demostraron que la entrega de la entidad todavía es inviable, ya que en el último año no hubo avance, lo que también les dio pie para declarar insubsistente a Yahaira Díaz, hasta ese momento interventora.
A la par, EPM indicó que trabajaría por mantener el personal y ampliar el equipo de especialistas, “aunque en su rol de Agente Especial, EPM no realizará aportes financieros o las inversiones requeridas, pues estas deben ser asumidas por entes territoriales, el Gobierno Nacional y Essmar, la empresa pondrá todo su conocimiento y experiencia al servicio de la comunidad samaria”, indicó EPM.
La primera en pronunciarse fue la alcaldesa Johnson, quien cuestionó que la decisión haya sido tomada por los mismos funcionarios que decidieron intervenir la empresa, así como resaltó que durante la intervención no se le ha dado respuesta ni a los rebosamientos que ya se encuentran en zonas turísticas por cuenta de las lluvias, ni al problema de abastecimiento de agua en la ciudad.
“Esta crisis se va a mantener mientras la Essmar siga intervenida. El superintendente Dagoberto Quiroga se basó en los mismos conceptos con los cuales se había motivado falsamente la intervención”, indicó Johnson.
Es por eso que en la carta al presidente le recordaron su promesa y resaltaron algunos acciones que consideran un retroceso para la empresa de servicios públicos, como el aumento en $38.000 millones en la deuda. “Confiando plenamente en su palabra, el 60,2 % de los magdalenenses votaron por usted en la segunda vuelta electoral. Esa inmensa mayoría reafirmó su confianza cuando en el pasado diálogo regional del caribe, celebrado el pasado 28 de julio en Santa Marta, usted declaró el fin del infame bloqueo al que el entonces presidente Iván Duque sometió al Magdalena”, dice la carta.
Ante la promesa de entregar la empresa a Santa Marta, el superintendente fue conciliador y señaló que “el interés de las partes es trabajar mancomunadamente para superar las causales de intervención y de esta manera poder devolver la empresa a los samarios. Este es un compromiso asumido por el Gobierno Nacional y vamos a cumplirlo”.
Los problemas de Santa Marta son más grandes, pues a la intervención de la empresa de servicios públicos se le suman las dificultades en el abastecimiento, que han estado relacionados con el alto consumo y la falta de planeación en el crecimiento urbanístico, así como se necesita atención al alcantarillado y al proceso de potabilización y bombeo, que requieren la modernización de la infraestructura, lo que va más allá de la entrega de la empresa. También hay que hablar de la planeación y trabajo conjuntos entre los gobiernos locales para atender este histórico problema para la ciudad.