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Un plan de choque inmediato pidió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en respuesta a la crítica situación de derechos humanos que afecta a las personas privadas de la libertad en la estación de Policía La 19, de Riohacha (La Guajira), quienes están expuestas a un brote de tuberculosis entre otras enfermedades, y viven es circunstancias humillantes, dado que los privados de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas.
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Según Camargo, el departamento de La Guajira cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233%, sin embargo “en la Estación de Policía La 19 de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000% en esta estación”, aseveró el funcionario, quien este lunes visitó el lugar.
“Es infrahumana la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la estación de policía de Riohacha. Desde la Defensoría dispondremos de un equipo especial de defensores públicos y les solicitamos a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en nuestra normatividad y garantizando la integridad y el debido proceso”, aseguró el defensor del Pueblo.
Ese organismo reportó que Camargo verificó las graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en esa estación (cuyo número no fue informado), al tiempo que constató las difíciles condiciones de salubridad, de alimentación, de atención en salud y la indefinición de la situación jurídica de los privados de la libertad.
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Según la Defensoría del Pueblo, a corte de junio de 2022, el hacinamiento en las cárceles del país era del 20 % y en los centros de detención transitoria del 194 %; pero el escenario revelado desborda todas las cifras y deja al descubierto una profunda crisis que requiere atención urgente de parte de las autoridades.
Precisamente el funcionario les solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis. Urge, señaló el organismo defensor de derechos humanos, adelantar una jornada de salud, ante las alertas por un posible brote de tuberculosis, entre otras enfermedades, y proveer de baterías sanitarias, dado que los privados de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas.
“Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC por la propagación del covid conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país”, dijo Camargo.
La Defensoría recordó que los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica. Sin embargo, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría ha encontrado personas sindicadas que permanece detenidas por más de dos años.
Finalmente, el Defensor del Pueblo manifestó su preocupación porque las unidades policiales deben ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicarse a la custodia de las personas privadas de la libertad. Es una situación que se escapa de sus funciones institucionales y que debe ser solucionada de manera urgente.