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Las Fiscalía viene investigando las presuntas irregularidades de contratación que fueron detectadas en el Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonia y Orinoquia (Ciner). A ese caso acaba de vincular formalmente a Sergio Andres Espinosa, exgobernador de Vichada, y a Manuel Alberto Villalba Tavera, gobernador encargado del mismo departamento.
Según informó el ente investigador, a Espinosa le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado agravado (apropiación irregular de recursos públicos). El exfuncionario, sin embargo, seguirá en libertad mientras avanza el proceso en su contra.
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Por los mismos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló cargos contra Manuel Alberto Villalba Tavera, el mandatario encargado de Vichada.
Los hoy investigados ejercieron como gobernadores del departamento de Vichada durante el período 2012-2015; Espinosa Flórez como titular, y Villalba Tavera, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda Departamental, pero fue delegado y encargado en varias ocasiones, según la Fiscalía.
La investigación se deriva de supuestas inconsistencias en un contrato de compraventa celebrado en diciembre de 2015, entre la Unión Temporal Dotación Vichada y la Gobernación de Vichada, cuyo objeto era la dotación del Ciner, por un valor que superaba los $2.318 millones.
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En las indagaciones preliminares, la Fiscalía evidenció un aparente beneficio indebido a favor de la mencionada unión temporal y un posible peculado de $1.601 millones.
Por estos mismos hechos y por solicitud de un fiscal especializado de la unidad anticorrupción, el Juzgado Primero de control de garantías de Puerto Carreño, Vichada, envió a la cárcel a Germán Salas, jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Vichada; y dejó en libertad a Carlos González Arias, jefe de Compras y Servicios de la gobernación. Ambos son procesados por los mismos delitos que los gobernadores.
El exgobernador Espinosa también está siendo investigado porque, tras dejar el cargo, habría pagado para que le informaran sobre el avance de las pesquisas en su contra. Por ese caso, también está siendo investigado, Luis Sáenz, un fiscal del departamento, quien habría recibido el soborno y a quien ya le imputaron el delito de cohecho. El funcionario judicial, supuestamente, intentó obtener información privilegiada sobre las investigaciones en las que estaría involucrado el exgobernador.
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No es la primera vez que Espinosa está en líos con la justicia. La Procuraduría ya lo había sancionado e inhabilitado por 12 años al exgobernador por las irregularidades encontradas en la construcción de la sede del Ciner. Según el Ministerio Público, en la licitación pública, la administración departamental incluyó requisitos y condiciones que restringieron la participación de oferentes para favorecer a uno de ellos.