Explotación ilegal de oro afecta al 70% del país, dicen fiscales ambientales

En Colombia casi el 70 por ciento de los departamentos está afectado por la explotación ilícita e inadecuada de oro.

La denuncia fue hecha durante el V Congreso Latinoamericano de Fiscalías y Ministerios Públicos y el I Congreso Colombiano de Fiscales Ambientales, donde los participantes aseguraron que la problemática que se vive en el subcontinente es tan alta que las legislaciones se van fortaleciendo y sin embargo esto no es suficiente para resolver la situación.

Gloria Elsa Arias, jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, explicó que en Colombia de los 32 departamentos en que se haya dividido el país, 22 de ellos están seriamente afectados por problemas medioambientales y jurídico penales surgidos de las explotaciones ilegales de minería.

Si bien es cierto que en este rubro se destacan las explotaciones ilegales de oro, existen otros materiales que, por la forma como están siendo desarrollados, conllevan grandes problemas ambientales y, en consecuencia, de ahí surgen conductas tipificadas por el código penal, dice el informe de prensa.

Actualmente la fiscalía adelanta 6.000 investigaciones por minería ilegal gracias a la aplicación de la priorización de casos, paradigma que se está empleando novedosamente en Colombia para esclarecer los delitos cometidos en el país. Esa situación ha producido, al lado de los propios delitos ambientales, desplazamientos forzados, homicidios, trabajo infantil y otras conductas ilícitas nacidas de la explotación de oro, dice el informe.

Arias considera que la razón para que se registre esta situación es la carencia de normas fuertes que permitan atacar el problema, pues “no hay que investigar solo la mina, porque la problemática es social. En ese negocio hay desplazamiento y a los que se quedan en la zona los matan. Hay trabajo infantil y hasta prostitución”.

Pero la problemática afecta a todo el continente y va desde el norte hasta la zona austral de La Patagonia. Blas Matías Michienzi, fiscal ambiental de Buenos Aires, dijo que Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos con potencial para la explotación minera, que se ha incrementado desde que se dieron los procesos de descentralización y privatización de los recursos naturales en los años 90. Esto ha provocado problemas jurídicos de manejo de los asuntos ambientales.

Anteriormente, la explotación la realizaban los diferentes estados federales. Por tal motivo y para proteger el potencial de los recursos, en el año 2010 se produjo una ley que busca proteger el medio ambiente argentino. Para el funcionario, de esta manera se dará protección especial a recursos muy particulares del país como los glaciares, destaca el informe de prensa.

La ley permite ahora conocer con precisión en qué estado se encuentran los recursos naturales, con énfasis en saber cuál es el compromiso que genera la explotación de los mismos y de este modo las empresas podrán sentir de una forma eficiente el control estatal.

El fiscal del Estado de Minas Gerais, de Brasil, Marcos Paulo de S. Miranda, señaló que en un país de la vastedad de recursos naturales que tiene el gigante suramericano, el énfasis se ha dado en la recuperación de las áreas que los hombres han impactado por la minería.

Han aparecido continuamente planes de recuperación de las áreas que han sufrido el impacto de problemas como minería ilegal e incluso de explotaciones autorizadas, pues se sabe que cualquier actividad realizada en este campo conlleva consecuencias que se deben evitar.

La problemática de Perú se acerca mucho más a la de Colombia. Allí, el impacto social es tan grande como el ambiental, de los 220 conflictos detectados que se relacionan en este país con la industria ilícita del oro, 108 corresponden a minería ilegal, una industria que en esta nación provee alimentos a las familias de unas cien mil personas dedicadas a ella.

Sin embargo, las autoridades de Perú, país con 30 millones de habitantes, están facultadas por la legislación para destruir las máquinas que se emplean en la minería ilegal. Además, existe una fuerte fiscalización del transporte de los productos químicos que se emplean en las minas, especialmente en las explotaciones auríferas.

En Colombia casi el 70 por ciento de los departamentos está afectado por la explotación ilícita e inadecuada de oro.

La denuncia fue hecha durante el V Congreso Latinoamericano de Fiscalías y Ministerios Públicos y el I Congreso Colombiano de Fiscales Ambientales, donde los participantes aseguraron que la problemática que se vive en el subcontinente es tan alta que las legislaciones se van fortaleciendo y sin embargo esto no es suficiente para resolver la situación.

Gloria Elsa Arias, jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, explicó que en Colombia de los 32 departamentos en que se haya dividido el país, 22 de ellos están seriamente afectados por problemas medioambientales y jurídico penales surgidos de las explotaciones ilegales de minería.

Si bien es cierto que en este rubro se destacan las explotaciones ilegales de oro, existen otros materiales que, por la forma como están siendo desarrollados, conllevan grandes problemas ambientales y, en consecuencia, de ahí surgen conductas tipificadas por el código penal, dice el informe de prensa.

Actualmente la fiscalía adelanta 6.000 investigaciones por minería ilegal gracias a la aplicación de la priorización de casos, paradigma que se está empleando novedosamente en Colombia para esclarecer los delitos cometidos en el país. Esa situación ha producido, al lado de los propios delitos ambientales, desplazamientos forzados, homicidios, trabajo infantil y otras conductas ilícitas nacidas de la explotación de oro, dice el informe.

Arias considera que la razón para que se registre esta situación es la carencia de normas fuertes que permitan atacar el problema, pues “no hay que investigar solo la mina, porque la problemática es social. En ese negocio hay desplazamiento y a los que se quedan en la zona los matan. Hay trabajo infantil y hasta prostitución”.

Pero la problemática afecta a todo el continente y va desde el norte hasta la zona austral de La Patagonia. Blas Matías Michienzi, fiscal ambiental de Buenos Aires, dijo que Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos con potencial para la explotación minera, que se ha incrementado desde que se dieron los procesos de descentralización y privatización de los recursos naturales en los años 90. Esto ha provocado problemas jurídicos de manejo de los asuntos ambientales.

Anteriormente, la explotación la realizaban los diferentes estados federales. Por tal motivo y para proteger el potencial de los recursos, en el año 2010 se produjo una ley que busca proteger el medio ambiente argentino. Para el funcionario, de esta manera se dará protección especial a recursos muy particulares del país como los glaciares, destaca el informe de prensa.

La ley permite ahora conocer con precisión en qué estado se encuentran los recursos naturales, con énfasis en saber cuál es el compromiso que genera la explotación de los mismos y de este modo las empresas podrán sentir de una forma eficiente el control estatal.

El fiscal del Estado de Minas Gerais, de Brasil, Marcos Paulo de S. Miranda, señaló que en un país de la vastedad de recursos naturales que tiene el gigante suramericano, el énfasis se ha dado en la recuperación de las áreas que los hombres han impactado por la minería.

Han aparecido continuamente planes de recuperación de las áreas que han sufrido el impacto de problemas como minería ilegal e incluso de explotaciones autorizadas, pues se sabe que cualquier actividad realizada en este campo conlleva consecuencias que se deben evitar.

La problemática de Perú se acerca mucho más a la de Colombia. Allí, el impacto social es tan grande como el ambiental, de los 220 conflictos detectados que se relacionan en este país con la industria ilícita del oro, 108 corresponden a minería ilegal, una industria que en esta nación provee alimentos a las familias de unas cien mil personas dedicadas a ella.

Sin embargo, las autoridades de Perú, país con 30 millones de habitantes, están facultadas por la legislación para destruir las máquinas que se emplean en la minería ilegal. Además, existe una fuerte fiscalización del transporte de los productos químicos que se emplean en las minas, especialmente en las explotaciones auríferas.