El conflicto por la administración del cementerio San Miguel de Santa Marta entró en una fase decisiva. En aproximadamente dos semanas, un juez penal deberá resolver si el control del lugar retorna a la Diócesis de Santa Marta o permanece en manos del sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub, quien enfrenta un proceso por presuntas irregularidades.
La decisión se dará tras una reciente diligencia liderada por la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento de peritos y autoridades, en el marco de una investigación que busca esclarecer la propiedad, la administración y el manejo financiero del camposanto.
Mientras tanto, el cementerio continúa operando en medio de tensiones, reclamos y una disputa que ya desbordó lo jurídico y se trasladó al plano comunitario.
La inspección que reactivó el pulso legal
La diligencia judicial tuvo como objetivo verificar las condiciones físicas, administrativas y documentales del cementerio, así como establecer quién tiene la titularidad real del predio.
El abogado de la diócesis, Diego Fernando Duque Zuluaga, aseguró que el proceso apunta a cancelar un registro que consideran irregular y a ordenar la entrega provisional del lugar a la Iglesia.
Sin embargo, la defensa del religioso ofreció una versión distinta sobre el alcance de la diligencia: “Soy apoderado para esta diligencia del señor Hernando Fajir Álvarez. El día de hoy estaba programada simplemente una inspección ocular a las instalaciones de la capilla, para que el perito tome posesión del cargo y establezca las dimensiones reales del cementerio, que es el objeto de este proceso judicial”.
El abogado añadió que la diligencia respondió al interés generado alrededor del caso, pero insistió en que se trató de un procedimiento técnico y preliminar dentro del proceso.
El dictamen del perito designado será clave para que el juez adopte una decisión en los próximos días.
Recursos sin claridad y archivos en disputa
Otro de los ejes del proceso es el manejo de los recursos económicos. De acuerdo con la diócesis, no existen reportes claros sobre los ingresos por servicios funerarios, ofrendas, inhumaciones y exhumaciones.
“La información financiera está incompleta y parte de los documentos siguen retenidos”, señaló el abogado, quien indicó que actualmente se intenta reconstruir la contabilidad de varios años.
A esto se suman denuncias de familias que aseguran haber sido afectadas por presuntas exhumaciones no autorizadas y reventas de bóvedas. Muchas de esas quejas llegan hoy a la Iglesia, pese a que no tiene acceso directo a los registros del cementerio.
Misas, procesos y una permanencia cuestionada
Durante la inspección judicial, las autoridades coincidieron con un sepelio y una ceremonia religiosa encabezada por el sacerdote, pese a que, según la diócesis, no cuenta con autorización canónica para oficiar.
Para la Iglesia, este tipo de actuaciones reflejan una negativa reiterada a acatar decisiones institucionales y judiciales. Para la defensa del religioso, en cambio, el caso aún tiene procesos pendientes, especialmente en la jurisdicción civil.
Por ahora, el sacerdote permanece en el lugar y continúa prestando servicios funerarios, respaldado por un sector de la comunidad.
Una salida que podría ser forzada
Si el fallo favorece a la diócesis, la entrega del cementerio deberá hacerse de manera voluntaria o, de ser necesario, con acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia, conforme al procedimiento legal.
Mientras llega la decisión, en Santa Marta el cementerio sigue siendo escenario de una disputa que involucra a la Iglesia, la justicia y a decenas de familias que esperan respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos.
En quince días, el juzgado definirá si el control del camposanto cambia de manos o si el sacerdote continúa al frente de una administración que hoy está bajo la lupa de las autoridades.