Facatativá y Zipaquirá, a la espera de un acuerdo...

El pasado martes, la Gobernación de Cundinamarca y los representantes de los sectores involucrados en el paro llegaron a un acuerdo para enviar representantes del departamento a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. A la misma hora, una batalla campal entre habitantes de Facatativá y la fuerza pública dejaba 72 personas capturadas y millonarias pérdidas. Entre tanto, en Zipaquirá, el corredor que conecta a ese municipio con Chiquinquirá, Ubaté, Pacho y Bogotá, había sido bloqueado. Aunque ayer la crisis había sido superada,  al cierre de esta edición en las tiendas y bermas de las carreteras, los manifestantes se agolpaban, radio en mano, esperando una solución que llegara desde Tunja.

La de ayer no fue  una mañana común en Facatativá. Los comercios estaban vacíos, el tránsito de personas se notaba mermado. Las multitudes asistían a la autopista principal, donde ocurrieron los disturbios. “Hacia las tres de la tarde (del martes) salió de la Universidad de Cundinamarca una manifestación que no estaba programada. De todas formas, la acompañamos. Pero a la altura de los juzgados municipales un grupo de vándalos atacó las fachadas y las cosas se salieron de control”, contó uno de los policías al mando del mayor Pérez Rodríguez, de la estación del pueblo.

Un total de 27 comercios, la sede de la Alcaldía y los propios juzgados resultaron afectados por la pedrea, que término con la captura de 34 adultos y 38 menores de edad. “Entraron con cuchillos. Me amenazaron y yo les dije que cogieran lo que quisieran. Mientras destrozaban todo, pude salir corriendo”, cuenta Édgar, el encargado del puesto de una famosa empresa de transportes, la única que tenía asegurado su inmueble, entre todas las empresas que registraron pérdidas.

Ayer, los transportadores intermunicipales, los mismos que habían programado su manifestación con el aval de las autoridades, reportaron que el servicio se estaba prestando sin anomalías. Sin embargo, afirman que estaban a la espera de lo que ocurriera en Tunja, en los diálogos que adelanta el Gobierno nacional con los representantes de las protestas. Incluso, si es que no se presentaban consensos, estaban dispuestos a bloquear la autopista que conecta a Faca con Villeta y Bogotá.

Hacia el norte, en la entrada a Zipaquirá, un municipio de 111 mil habitantes y  uno de los municipios neurálgicos del norte de la Sabana de Bogotá, decenas de policías se apostaban sobre la vía que en la noche del martes y la madrugada del miércoles había sido bloqueada por campesinos y transportadores. “Los campesinos acataron el acuerdo al que llegaron con el gobernador (Álvaro Cruz) y están tranquilos. Seguro seguirán las protestas, pero no creo que vayan a bloquear vías”, dijo uno de los agentes, que pidió no revelar su apellido por “respeto a la cadena de mando”. Pero, a juicio del uniformado, no ocurrirá lo mismo con los transportadores.

Unos kilómetros adelante, en el “tenedor” vial que conecta a Zipaquirá, Nemocón y Ubaté, la carretera daba cuenta de la calma chicha que se vivía en el sector. Rastros de llantas quemadas en el asfalto, una tractomula incinerada; a unos pocos metros, en una estación de gasolina, cerca de 50 hombres del Esmad armados hasta los dientes, y en la acera del frente, 20 transportadores sin sus volquetas, escuchando la radio “a ver si el señor Gobierno es capaz de entendernos”.

En el casco urbano, 70 de los cerca de 200 taxis que operan en el municipio estaban parqueados. Los taxistas discutían si iban o no al paro: “Si no paramos, el precio del combustible se lo van a bajar sólo a los camioneros. Además, llevamos una década peleando con la Alcaldía para que acabe con las rutas piratas. Lo que hay son razones para ir al paro”, comentó uno de los taxistas, que dice no sentirse representado por Fernando Álvarez y Pedro Méndez, dos taxistas que han sido concejales y reclaman la vocería ante la policía y la administración de Zipaquirá y que “procuran convencer al gremio de que trabaje”.

“Y no le voy a decir mentiras, también tenemos miedo de que, si no paramos, en la noche los camioneros nos rompan los carros. Además, los patrones nos dijeron que nos van a seguir cobrando la cuota. Claro, como uno es el que responde por el tanqueo del carro y es el que pone el pellejo, a ellos no les interesa parar”, dijo otro de los conductores.

Al cierre de esta edición, en ambos municipios se seguía a la espera de las noticias que vinieran de la capital boyacense. Sin embargo, el optimismo era moderado pues, si bien era probable una solución a los problemas campesinos, las demandas de los transportadores y camioneros eran difíciles de conceder, incluso para ellos.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

El pasado martes, la Gobernación de Cundinamarca y los representantes de los sectores involucrados en el paro llegaron a un acuerdo para enviar representantes del departamento a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. A la misma hora, una batalla campal entre habitantes de Facatativá y la fuerza pública dejaba 72 personas capturadas y millonarias pérdidas. Entre tanto, en Zipaquirá, el corredor que conecta a ese municipio con Chiquinquirá, Ubaté, Pacho y Bogotá, había sido bloqueado. Aunque ayer la crisis había sido superada,  al cierre de esta edición en las tiendas y bermas de las carreteras, los manifestantes se agolpaban, radio en mano, esperando una solución que llegara desde Tunja.

La de ayer no fue  una mañana común en Facatativá. Los comercios estaban vacíos, el tránsito de personas se notaba mermado. Las multitudes asistían a la autopista principal, donde ocurrieron los disturbios. “Hacia las tres de la tarde (del martes) salió de la Universidad de Cundinamarca una manifestación que no estaba programada. De todas formas, la acompañamos. Pero a la altura de los juzgados municipales un grupo de vándalos atacó las fachadas y las cosas se salieron de control”, contó uno de los policías al mando del mayor Pérez Rodríguez, de la estación del pueblo.

Un total de 27 comercios, la sede de la Alcaldía y los propios juzgados resultaron afectados por la pedrea, que término con la captura de 34 adultos y 38 menores de edad. “Entraron con cuchillos. Me amenazaron y yo les dije que cogieran lo que quisieran. Mientras destrozaban todo, pude salir corriendo”, cuenta Édgar, el encargado del puesto de una famosa empresa de transportes, la única que tenía asegurado su inmueble, entre todas las empresas que registraron pérdidas.

Ayer, los transportadores intermunicipales, los mismos que habían programado su manifestación con el aval de las autoridades, reportaron que el servicio se estaba prestando sin anomalías. Sin embargo, afirman que estaban a la espera de lo que ocurriera en Tunja, en los diálogos que adelanta el Gobierno nacional con los representantes de las protestas. Incluso, si es que no se presentaban consensos, estaban dispuestos a bloquear la autopista que conecta a Faca con Villeta y Bogotá.

Hacia el norte, en la entrada a Zipaquirá, un municipio de 111 mil habitantes y  uno de los municipios neurálgicos del norte de la Sabana de Bogotá, decenas de policías se apostaban sobre la vía que en la noche del martes y la madrugada del miércoles había sido bloqueada por campesinos y transportadores. “Los campesinos acataron el acuerdo al que llegaron con el gobernador (Álvaro Cruz) y están tranquilos. Seguro seguirán las protestas, pero no creo que vayan a bloquear vías”, dijo uno de los agentes, que pidió no revelar su apellido por “respeto a la cadena de mando”. Pero, a juicio del uniformado, no ocurrirá lo mismo con los transportadores.

Unos kilómetros adelante, en el “tenedor” vial que conecta a Zipaquirá, Nemocón y Ubaté, la carretera daba cuenta de la calma chicha que se vivía en el sector. Rastros de llantas quemadas en el asfalto, una tractomula incinerada; a unos pocos metros, en una estación de gasolina, cerca de 50 hombres del Esmad armados hasta los dientes, y en la acera del frente, 20 transportadores sin sus volquetas, escuchando la radio “a ver si el señor Gobierno es capaz de entendernos”.

En el casco urbano, 70 de los cerca de 200 taxis que operan en el municipio estaban parqueados. Los taxistas discutían si iban o no al paro: “Si no paramos, el precio del combustible se lo van a bajar sólo a los camioneros. Además, llevamos una década peleando con la Alcaldía para que acabe con las rutas piratas. Lo que hay son razones para ir al paro”, comentó uno de los taxistas, que dice no sentirse representado por Fernando Álvarez y Pedro Méndez, dos taxistas que han sido concejales y reclaman la vocería ante la policía y la administración de Zipaquirá y que “procuran convencer al gremio de que trabaje”.

“Y no le voy a decir mentiras, también tenemos miedo de que, si no paramos, en la noche los camioneros nos rompan los carros. Además, los patrones nos dijeron que nos van a seguir cobrando la cuota. Claro, como uno es el que responde por el tanqueo del carro y es el que pone el pellejo, a ellos no les interesa parar”, dijo otro de los conductores.

Al cierre de esta edición, en ambos municipios se seguía a la espera de las noticias que vinieran de la capital boyacense. Sin embargo, el optimismo era moderado pues, si bien era probable una solución a los problemas campesinos, las demandas de los transportadores y camioneros eran difíciles de conceder, incluso para ellos.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA