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11 Oct 2020 - 2:00 a. m.

“Falta tiempo para cicatrizar las heridas de la guerra”: Juan Fernando Cristo

El exministro habla de la estremecedora confesión del partido FARC y de uno de sus senadores, “Carlos Antonio Lozada”, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos. Analiza las reacciones del Gobierno a esa declaración, negando, a priori, que sea cierta. Comenta también las consecuencias judiciales para los declarantes y afirma que “no hay duda” de la competencia de la JEP en estos casos.
Juan Fernando Cristo
Juan Fernando Cristo
Foto: Óscar Pérez

El país todavía se encuentra estupefacto con la confesión de las Farc sobre los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, el general Landazábal, Jesús Bejarano, dos disidentes de las Farc y un político con cercanías paramilitares. ¿Cómo recibió esa confesión?

Inicialmente, con mucha sorpresa e incredulidad. Nunca había escuchado una versión en ese sentido. Después las Farc entregaron la carta a la JEP reconociendo responsabilidad y, luego, el propio Carlos Antonio Lozada confesó su participación directa. Hoy, tras este acelerado proceso de revelaciones en que, además, se descubre la existencia del libro de cartas de Tirofijo, las declaraciones de hace unos años de un desmovilizado y de un exoficial del Ejército, no se entiende cómo en estos 25 años no se investigó a fondo esta hipótesis ni las que hubo sobre los casos de las otras víctimas. Habrá que esperar la comparecencia de las Farc ante la JEP para que cuenten toda la verdad y esta sea confrontada judicialmente. Ahora, no se comprendería para qué un senador y jefe político del nuevo Partido FARC se atribuiría semejante responsabilidad en vano, en uno de los hechos más ignominiosos de la historia de Colombia.

Entonces, para usted, ¿es más creíble la declaración de las Farc después de la autoincriminación de “Lozada”? ¿La situación judicial de este cambia por su confesión?

Sin duda es mucho más creíble. Ya no se trata de un reconocimiento colectivo frente al que muchos pensaron que se iba a señalar como responsables a los comandantes de las Farc ya fallecidos: reconoce responsabilidad un jefe político actual de los más importantes en su colectividad. No encuentro razones sensatas para dudar de su versión. Espero que confiese todos los detalles ante su juez constitucional. Precisamente, ese es el objetivo de la JEP.

Empieza a concretarse una de las razones de los Acuerdos: conocer la verdad de la guerra. ¿Por qué las Farc iniciarían el desarrollo de esa verdad con un hecho tan grave?

Ellos no iniciaron el reconocimiento de la verdad con este crimen. Recuerde que antes habían avanzado en hechos tan graves como el atentado criminal al club El Nogal o el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, el reclutamiento forzado de menores y los secuestros. Francamente, respecto de este crimen en particular, no encuentro motivo para que las Farc y, en especial, Lozada se atribuyan un magnicidio de tal dimensión si no fuera cierto. No conozco que haya ninguna motivación distinta a la de cumplir con lo pactado en los Acuerdos, aunque hay rumores sobre enfrentamientos y divisiones entre quienes se apartaron de los Acuerdos y quienes lo están cumpliendo. Esa es una de las preguntas que el propio Lozada deberá responder ante la JEP.

En cuanto a las presuntas divisiones internas entre exmiembros de las antiguas Farc, ¿ha hablado con Piedad Córdoba? Ella parecía tener pistas certeras sobre lo que sucedería. ¿Ella estaría notificando al Partido Fuerza Alternativa?

Hace mucho tiempo no hablo con Piedad. No tengo idea. Es una buena pregunta para ella.

Se ha dicho que la cita en su casa con el expresidente Santos y algunos miembros del Partido FARC era para hablar de este tema. ¿Cuál era el motivo de la reunión con los firmantes del Acuerdo de Paz?

Como lo señalamos con el expresidente Santos, se trató de una reunión de las varias que se han hecho en los últimos años con los negociadores del Acuerdo de Paz para discutir la imperiosa necesidad de que las Farc asumieran un claro compromiso con la verdad en sus comparecencias ante la JEP, ya que muchos sectores de la sociedad consideraban, con razón, que no lo estaban haciendo. Fue una reunión con discusiones y debates muy fuertes que esperamos haya contribuido a la deliberación interna entre ellos, como se vio en los días siguientes.

¿Allí se habló del caso Gómez Hurtado o de otros crímenes en particular?

Nunca se habló ni de ese crimen ni de ninguno en particular, sino de la necesidad de contar toda la verdad ante la JEP.

A propósito, supo cómo entró a su conjunto residencial la persona que tiene un blog usado por el uribismo para atacar a sus contradictores y que publicó, en redes, fotos y videos de su reunión? Públicamente se conoce que el exministro del gobierno Uribe, Fernando Londoño, vive en su mismo lugar de residencia ¿Él tuvo algo que ver este con ese incidente?

Tengo claros los detalles de ese episodio: la hora de ingreso, la lista de invitados en la portería y el sitio desde donde se tomaron las fotos invadiendo mi privacidad. Un residente del conjunto le avisó a ese señor, organizó su entrada y le facilitó los nombres de quienes se encontraban en la reunión. Podrá imaginar quién.

Con los días se ha pasado de “nunca hubo pistas que condujeran a las Farc” a “se había dicho” o “se había encontrado que...” Una de las versiones indicaría que en la mesa de La Habana se había hablado de ese magnicidio. ¿Alguna vez se trató este tema con usted o su grupo, o supo sobre ese caso?

Estuve en la recta final y en las renegociaciones del nuevo Acuerdo y nunca escuché nada sobre este crimen.

¿Cuáles son las sanciones previstas en el Acuerdo cuando los comparecientes confiesan uno o varios crímenes?

Las sanciones propias del sistema para quienes reconozcan responsabilidad son de 5 a 8 años de restricción de libertad.

¿Quiere decir que “Lozada”, cuyo nombre de pila es Julián Gallo, tendría que someterse a entre 5 y 8 años de “restricción de la libertad”?

Según los Acuerdos y las normas aprobadas por el Congreso, quienes reconocen tempranamente ante la JEP todos los crímenes que cometieron con ocasión del conflicto tienen esa sanción. Significa que el Tribunal de la JEP impondrá una efectiva restricción de la libertad en un lugar geográfico determinado, la obligación de pedir autorización para salir de ese sitio y el cumplimiento de medidas de reparación restaurativa para las víctimas de sus crímenes. Ese catálogo de sanciones tendrán un monitoreo por parte de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, cuyas características deben definir la ONU y el Gobierno.

En el marco de lo que acordado, ¿tiene sentido, entonces, pedir el retiro de la curul de “Lozada” como lo está diciendo la Casa de Nariño? La confesión de crímenes por parte de guerrilleros y también de militares, ¿se castiga o se reconoce como cumplimiento de lo firmado?

La intención de quitarles sus curules a las Farc no es nueva. Es la posición del Gobierno, reiterada hace poco en un informe de balance de la implementación. El reconocimiento de la verdad en el posconflicto es muy doloroso para toda sociedad, pero es necesario. Nos falta mucha verdad aún, no solo de las Farc, sino también del Eln, de los “paras”, de los agentes del Estado y de los financiadores de la guerra. Las reacciones de la ciudadanía, las víctimas y sus familias ante esa verdad son comprensibles. En mi concepto - tras haber trabajado por años en la construcción de la Ley de Víctimas y en el Acuerdo de paz, y en mi condición de víctima del Eln desde hace 23 años por el asesinato de mi padre que aun sigue en la impunidad -, nos falta tiempo para cicatrizar las heridas de una larga y bárbara guerra. Pero la justicia transicional se creó precisamente para buscar esa verdad y con esas confesiones se cumple lo pactado. Podría decirse que la confesión de crímenes es castigada severamente por la opinión pública y que es reconocida por la justicia con penas alternativas.

La reacción a la confesión de las Farc es rara: se exige, con razón, que los guerrilleros confiesen sus crímenes, pero en cuanto lo hacen no les creen. En su opinión, ¿esa es una posición política para no reconocerle un triunfo al Acuerdo o es una actitud defensiva con el fin de no aceptar que las hipótesis, durante 25 años, sobre los presuntos responsables del magnicidio eran erróneas?

En el caso del Gobierno, más que rara es esquizofrénica. Duque sale, un día, a dar instrucciones a la JEP de excluir a los integrantes de las Farc de esa Jurisdicción por no decir la verdad. Y al día siguiente su comisionado de Paz plantea que, ante esa confesión, la JEP debe sacar de inmediato a Lozada del Congreso. En ambos casos es una interferencia inaceptable en asuntos de la justicia. Y al fin, ¿las Farc dicen verdades o mentiras? Por eso lo razonable y sensato es permitir que la JEP avance en el caso sin presiones indebidas. No sabe uno si esas posiciones son fruto de la ignorancia de los Acuerdos o de una mala fe deliberada con la intención de continuar sus ataques al Acuerdo. Ahora pretenden que la JEP resuelva en 8 días lo que la justicia ordinaria no ha resuelto en 25 años. Increíble.

Los seis asesinatos declarados por las Farc constituyen una seria prueba para el sistema de justicia transicional, pero el presidente y el fiscal han dicho que la competencia es de la justicia ordinaria. ¿Cabe el conflicto entre la JEP y la Fiscalía o el texto del Acuerdo de Paz resuelve la duda?

No solo en el texto del Acuerdo, sino en las normas constitucionales y legales que crearon la JEP: no hay duda de la competencia de la JEP frente a los integrantes de las Farc que pudieron participar en el magnicidio. Caso distinto es sobre quienes no tienen esa condición y están en indagación en la Fiscalía. Sobre estos últimos, la justicia ordinaria mantiene competencia y la propia Comisión de Acusación. Y usted tiene razón: esta es una seria prueba para la JEP.

Para nadie es un secreto que este gobierno y su partido no protegen, impulsan ni desean el avance del Acuerdo y que, en palabras de su vecino Londoño, lo que hay que hacer es “volverlo trizas” ¿Cómo califica el estado actual del pacto de paz con las Farc y su implementación?

El Gobierno no hizo trizas el Acuerdo pero no porque no quiso sino porque no pudo. Sin embargo, sí lo engavetó y no avanza en su implementación integral. No entendió que no se reduce a los 13 mil hombres que se desarmaron sino tiene que ver con la vida de millones de colombianos en las zonas afectadas por el conflicto. No se trata de una pelea Santos Vs. Uribe o Duque_Vs. Farc . Y ¿la reforma rural? Y ¿la formalización de la propiedad a los campesinos? Y ¿la reforma política para profundizar nuestra democracia? Y ¿la sustitución social de cultivos para brindar alternativa a nuestros campesinos? La Paz es para los colombianos, no para las Farc.

¿No será que el presidente no está muy enterado sobre este tema de paz y sus desarrollos?

Duque perdió la gran oportunidad de unir el país en torno a la implementación del Acuerdo, sin abandonar sus posiciones políticas. Nosotros, en Defendamos La Paz lo invitamos varias veces, en el último año, a tener un diálogo franco y respetuoso para llegar a acuerdos y nunca quiso conversar. Aún guardan la esperanza de hacer trizas La Paz. El problema para el país y para zonas como Nariño, Cauca, el bajo Cauca antioqueño, Chocó o el Catatumbo es que ni implementan los acuerdos ni han sido eficaces en el combate militar a las disidencias, el ELN y las bandas criminales herederas del paramilitarismo. Y la gente en esos territorios, ¿no importa?

Algunos analistas opinan que en lugar de paz, reverdeció la guerra: asesinatos continuos de excombatientes en las regiones; abandono o falta de financiación de los programas que impulsarían la resocialización de los exguerrilleros; incremento alarmante de asesinatos a líderes sociales y hasta rebrote paramilitar ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, los firmantes del Acuerdo y cuál la del gobierno Duque?

No hay duda de que el Acuerdo disminuyó la violencia en el país de manera sustancial, aún hoy en muchas regiones de Colombia. Hay regreso de la violencia en las zonas que mencione arriba. Los asesinatos de líderes sociales crecen y volvieron las masacres ante la indiferencia y la indolencia del Gobierno. Le doy una cifra: el número de municipios con presencia de las disidencias de las FARC creció de 55 a 113 en los últimos dos años. Y en el caso del ELN, pasó de un poco más de 90 a casi 180. Entre tanto, vemos un ministerio de Defensa, y unas Fuerzas Militares y de Policía paralizados, divididos, sin liderazgo y con evidente retroceso en materia de respeto a los derechos humanos y a la transparencia. Por eso hay que construir una enorme acuerdo ciudadano de demócratas para cambiar el gobierno en 2022 y retomar el camino de la seguridad y la construcción de la paz que va mucho más allá de la implementación del Acuerdo.

La campaña presidencial de 2022 arrancó muy temprano. Hasta del ministro de Defensa se dice que está en la competencia. Usted se retiró del Partido Liberal. ¿Qué va a hacer?

Es prematuro hablar de campañas mientras la gente lucha por evitar el contagio de coronavirus y para no morir de hambre ante la crisis social profunda que vivimos. El año entrante tomaré decisiones, pero, sin duda, participaré en la construcción del gran acuerdo de fuerzas de oposición de centro izquierda. La candidatura presidencial es una opción, no una obsesión. En estos dos años el país retrocedió en términos de pobreza y en garantías a las libertades y los derechos. Por eso debemos hacer un acuerdo de mínimos que comience con la defensa de la Constitución del 91, del Estado social de derecho, la vida, la democracia y la paz que estarán en juego en 2022, amenazados por un proyecto autoritario de extrema derecha. Solo con la conducta de desacatar decisiones de las cortes Duque ha ido, incluso, más lejos que Uribe en cuanto a interferencias y ataques a la justicia. Por eso no puede volver a suceder lo de 2018. Estaré en la posición que sea más útil para construir consensos vitales para el futuro de la democracia de este país.

La tensión social y el rumbo que parece estar tomando el gobierno Duque, por su desacato a los fallos judiciales o por sus declaraciones contra algunas decisiones de la justicia, no auguran unos años fáciles. ¿Cree que habrá elecciones presidenciales libres y sin presiones en 2022?

Quedan menos de dos años a este Gobierno y presiento que cada día adoptará posiciones más autoritarias de irrespeto a la institucionalidad y a la movilización ciudadana pacífica. Pero creo que las instituciones sobrevivirán y tendremos una transición democrática como está contemplado en la Constitución. Ni siquiera quiero pensar en algo distinto que sería horrible para el país. Pero hay que estar alerta, porque no son positivas las señales. Asistimos a una “madurización” del Gobierno. Y a Colombia no le conviene ni Maduro ni Duque. Hay que cambiar esta administración con participación democrática y con votos. Pero no hay que olvidar que aunque el uribismo es muy malo para gobernar, es bueno para hacer campaña.

Algunos miembros del uribismo han dicho que la invitación a su casa, al expresidente Santos, el senador Cepeda y tres dirigentes del partido Farc era para “cuadrar” la declaración sobre el magnicidio ¿Qué se comentó esa noche, sobre el caso?

Absolutamente nada sobre casos concretos. Las fantasiosas versiones de algunos radicales resultarían divertidas si no fueran tan peligrosas. En el último mes, he escuchado toda clase de sandeces alrededor de una reunión normal con los integrantes de un partido político en la legalidad. Primero, dijeron que era para definir la estrategia para mantener preso a Uribe; después, que para promover las protestas del 9 y 10 de septiembre, es decir, planeamos el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez que las originó; luego, que era para urdir un plan para tumbar a Duque; y, ahora, que fue para cuadrar esta versión sobre el magnicidio. Ridículo. Solo falta que digan que era para oponernos al bautizo de una calle en Miami con el nombre de Uribe. Es la misma estrategia engañosa que siempre han utilizado. Todo eso se asemeja a la campaña del plebiscito en la que afirmaron que le entregaríamos el país al castrochavismo: hoy el presidente es Duque y hasta donde entiendo, él no pertenece al partido Farc ni al petrismo sino al Centro Democrático.

El exfiscal Martínez Neira dice que debido a la autoincriminación de “Lozada”, y siendo este senador, su proceso sale de la competencia de la JEP y debe trasladarse a la justicia ordinaria, es decir, en el caso de congresistas con fuero, a la Corte Suprema ¿Eso es cierto?

El exfiscal Martínez siempre saca del sombrero tesis muy originales, perversas y equivocadas. Juristas de la seriedad de Yesid Reyes desvirtuaron por completo esa teoría. Solo agregaría que Néstor Humberto tomó cuatro renglones de la sentencia de la Corte y olvidó el resto. Insiste, aún, en sus objeciones a la Ley Estatutaria que desarrolló la JEP, objeciones que fueron rechazadas por el Congreso y por la propia Corte. La norma que fue avalada por la Corte Constitucional es totalmente clara en cuanto a que la JEP tiene una competencia “preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva, en las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre del 2016 con ocasión del conflicto por quienes participaron en el mismo”. Más claro, imposible. La condición de congresistas de los miembros del partido Farc, no cambia esa situación. Afirmar lo contrario es negar la posibilidad de participar en política de los excombatientes, elemento esencial en cualquier acuerdo de paz. Tendrían que modificarlo.

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