Garantías para el paro, primer acuerdo entre Gobierno, Cumbre Agraria y Mingas

Tras la apertura de la vía Panamericana, en Cauca, el Gobierno Nacional, la Cumbre Agraria y la Minga Campesina llegaron a un primer acuerdo en cuanto a las garantías del paro agrario que se desarrolla en el país desde hace 10 días. (Lea: “El país no se acaba en el Cauca”: Camilo Romero)

Entre otras, en un acta de nueve páginas conocida por este diario, el Ejecutivo se compromete a no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y activar un mecanismo de verificación de presuntas violaciones a los DD.HH. Tal documento es firmado por el Ministerio del Interior, un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas e integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Según dice el acta, el Gobierno impulsará investigaciones por violaciones a los derechos humanos e irregularidades que se hubiesen cometido durante la Minga: “Se acordará un mecanismo especial de impulso y seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias por las presuntas violaciones”.

En el documento se estipula que el Gobierno reconoce la protesta social como un derecho que debe ser respetado y garantizado, y se compromete además a emitir un comunicado en el que elevará un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos al margen de la ley.

En otro de los puntos, el Ejecutivo acordó brindar plenas garantías para que los manifestantes puedan protestar en todo el país, bajo control de la Policía. También, se adoptarán medidas para prevenir actuaciones que vulneren el derecho a la protesta.

“El Gobierno dará instrucciones precisas a la Policía y al Ejército Nacional en el sentido de no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y permanecer en una distancia prudente y prevenir actos por fuera del marco legal”, señala el documento.

Adicionalmente, de ahora en adelante funcionará de forma permanente la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional, de cara a analizar situaciones que en materia de DD.HH. surjan de la movilización. Se desarrollarán además misiones de verificación en las regiones que se prioricen.

“La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos analizará y tramitará ante las instancias competentes los casos en los cuales se requieran medidas de protección urgente colectivos y/o individuales por hechos de riesgo generados con ocasión de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular y dará trámite y seguimiento hasta su decisión final”, se lee en el acta.

El documento se refiere también a la libertad de los detenidos y judicializados a nivel nacional en el marco de las movilizaciones del paro nacional agrario y las mingas de 2013, 2014 y 2016, cuyos casos “serán abordados con urgencia en reunión de alto nivel del Comité de alternatividad penal. Para ello el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la convocatoria, asistencia de funcionarios de alto nivel y la continuidad de sus sesiones”.

Tras la apertura de la vía Panamericana, en Cauca, el Gobierno Nacional, la Cumbre Agraria y la Minga Campesina llegaron a un primer acuerdo en cuanto a las garantías del paro agrario que se desarrolla en el país desde hace 10 días. (Lea: “El país no se acaba en el Cauca”: Camilo Romero)

Entre otras, en un acta de nueve páginas conocida por este diario, el Ejecutivo se compromete a no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y activar un mecanismo de verificación de presuntas violaciones a los DD.HH. Tal documento es firmado por el Ministerio del Interior, un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas e integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Según dice el acta, el Gobierno impulsará investigaciones por violaciones a los derechos humanos e irregularidades que se hubiesen cometido durante la Minga: “Se acordará un mecanismo especial de impulso y seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias por las presuntas violaciones”.

En el documento se estipula que el Gobierno reconoce la protesta social como un derecho que debe ser respetado y garantizado, y se compromete además a emitir un comunicado en el que elevará un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos al margen de la ley.

En otro de los puntos, el Ejecutivo acordó brindar plenas garantías para que los manifestantes puedan protestar en todo el país, bajo control de la Policía. También, se adoptarán medidas para prevenir actuaciones que vulneren el derecho a la protesta.

“El Gobierno dará instrucciones precisas a la Policía y al Ejército Nacional en el sentido de no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y permanecer en una distancia prudente y prevenir actos por fuera del marco legal”, señala el documento.

Adicionalmente, de ahora en adelante funcionará de forma permanente la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional, de cara a analizar situaciones que en materia de DD.HH. surjan de la movilización. Se desarrollarán además misiones de verificación en las regiones que se prioricen.

“La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos analizará y tramitará ante las instancias competentes los casos en los cuales se requieran medidas de protección urgente colectivos y/o individuales por hechos de riesgo generados con ocasión de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular y dará trámite y seguimiento hasta su decisión final”, se lee en el acta.

El documento se refiere también a la libertad de los detenidos y judicializados a nivel nacional en el marco de las movilizaciones del paro nacional agrario y las mingas de 2013, 2014 y 2016, cuyos casos “serán abordados con urgencia en reunión de alto nivel del Comité de alternatividad penal. Para ello el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la convocatoria, asistencia de funcionarios de alto nivel y la continuidad de sus sesiones”.