Un llamado a ejercer mayores controles sobre la gasolina y diésel subsidiados por el Gobierno en las zonas de frontera elevó la Contraloría General de la República, ante indicios que señalan el combustible podría ir a parar a otras zonas del país donde inescrupulosos podrían comercializarlo a mayor precio.
De acuerdo con el contralor General, Edgardo Maya Villazón, hay alerta por indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las regiones fronterizas con Venezuela se estén aprovechando para prácticas de contrabando técnico.
“A la Contraloría le corresponde vigilar y ser garante del uso correcto de los recursos públicos, por eso, para enfrentar esta situación, estamos cerrando frentes con la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la vigilancia y control de las Estaciones de Servicio, con el Ministerio de Minas y Energía, que vigila y controla los demás agentes de la cadena, y con la Fuerza Pública”, anunció Maya.
Los hechos obedecen al cupo de 13.3 millones de gasolina mes aprobado por el Gobierno Nacional para Norte de Santander, Arauca y La Guajira –departamentos afectados por la crisis fronteriza con Venezuela– lo que implica un subsidio de $2.100 por galón de cara a que los usuarios paguen una gasolina más barata.
Al respecto, el contralor extendió una invitación a pobladores y agentes de la cadena de combustibles líquidos a actuar con apego a la Ley y que estos combustibles se comercialicen en las zonas de frontera correspondientes, en el entendido que los beneficiarios directos son los pobladores y la actividad económica de las regiones destinatarias.
“Este menor precio que se paga por el combustible en las zonas de frontera es asumido por todos los colombianos por lo que para la Contraloría resulta inadmisible que unos pocos se aprovechen de este esfuerzo nacional, en especial frente a la necesidad de apalancar la cadena de suministro de combustibles, para hacer frente al fenómeno de El Niño”, agregó el funcionario.
Maya Villazón advirtió además las sanciones a las que se enfrentan los agentes de la cadena de distribución de combustibles que transgredan las normas sobre el funcionamiento del servicio, entre ellas multas de entre diez y dos mil salarios mínimos, así como la suspensión del servicio y el decomiso administrativo permanente.
“Existe un esquema sancionatorio lo suficientemente amplio, y que fue reforzado en el último Plan Nacional de Desarrollo, el cual se aplicará ante al menor desvío de este esfuerzo de la Nación para con las regiones fronterizas”, precisó el contralor.
La Contraloría anunció además que estará muy atenta al buen uso de estos recursos, de modo que se cumplan las normas relativas a la comercialización de combustibles en la zona de frontera y se dé cumplimiento en forma rigurosa a los fines que se pretendieron al aumentar el cupo de subsidios.