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Gobernadores piden voto obligatorio y reformar leyes de salud y educación

También le sugieren al próximo presidente de Colombia fortalecer la seguridad en las regiones, eliminar la ley de garantías y reformas estructurales para fortalecer social y económicamente a las regiones.

Redacción Colombia

28 de abril de 2022 - 12:55 p. m.
Entre los gobernadores reunidos en Villavicencio figuran Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y Juan Carlos Iral (Guanía)
Foto: Federación Nacional de Departamentos
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En un encuentro efectuado este jueves en Villavicencio, los gobernadores colombianos, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), consignaron una serie de peticiones dirigidas al próximo presidente de Colombia, que se posesionará el 7 de agosto, y al nuevo Congreso de la República, que se instalará el 20 de julio.

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A un mes de la elección presidencial los mandatarios regionales revelaron hoy jueves 28 de abril el documento ‘Las Regiones Proponen’, por parte del presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, y el Director Ejecutivo de esta entidad, Didier Tavera.

Se trata de un documento de 134 páginas, que recopila las propuestas de todos los gobernadores y cuya socialización y enriquecimiento se inició en el departamento del Meta, donde también concurrieron mandatarios, congresistas y líderes departamentales de Guanía, Guaviare, Casanare, Vaupés, Vichada y Arauca.

Según el escrito el objetivo general es “establecer y definir una hoja de ruta de propuestas, reformas y modificaciones necesarias para garantizar el desarrollo de las regiones del país en los próximos cuatro años”.

En tal sentido, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, presidente del Consejo de la FND, aseguró que “se trata de una riguroso inventario que recoge propuestas a fondo para luchar contra la pobreza en las regiones de Colombia, reactivar sus economías y trabajar en soluciones estructurales y, sobre todo, con visión de país a largo plazo”, entre otros aspectos.

Entre las propuestas más llamativas y que puede despertar una amplia controversia está la de “propiciar el análisis y discusión sobre la viabilidad de la figura del voto obligatorio, como una medida concreta para combatir el abstencionismo electoral y evitar fenómenos de corrupción como la compra de votos”.

Históricamente, Colombia registra un abstencionismo superior al 60 % en las urnas, razón por la cual los gobernadores han resulto poner sobre la mesa el voto obligatorio, que en el pasado ha sido objeto de una candente polémica entre quienes apoyan y rechazan dicha propuesta.

En el sector salud, por ejemplo, una de las propuestas consiste en reformar la Ley 715 de 2001: Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar del 2.9% al 10%.

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“El sistema de salud necesita reformas urgentes, pero una de las acciones inmediatas requeridas, es la de reajustar los recursos que hoy son insuficientes para poder garantizarle a la gente el derecho a la salud, con portafolios de atenciones resolutivas y servicios y tecnologías para fomentar la salud y prevenir las enfermedades en cerca de 1.000 municipios en los departamentos. Una evidencia de esta necesidad es la elevada carga de enfermedades, discapacidad y muertes evitables que se presentan hoy en muchos territorios del país, la baja oferta de servicios preventivos en el primer nivel o el alto volumen de remisiones innecesarias de pacientes que saturan los hospitales de mayor nivel”, anota el documento.

En ese sentido, precisa que dentro de este marco es necesario considerar, además, “poner al día” las competencias para el sector salud asignadas a los territorios luego de 15 años desde la expedición de la Ley 715 de 2001, redefinir las responsabilidades transferidas y ajustar los recursos SGP descentralizados.

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Seguridad

En cuanto al sector seguridad, sugieren fortalecer la presencia institucional en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad con enfoque diferencial. “Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2020 y los diferentes procesos de desmovilización, es fundamental continuar con el fortalecimiento de la presencia institucional en todo el territorio. No podemos desconocer que el orden público y la seguridad y convivencia ciudadana son prioridad para todos los colombianos dentro de su gobierno”, señalan los gobernadores.

En el sector vivienda piden modificar la Ley 2079 de 2021 de vivienda y hábitat para contar con las herramientas que permitan disminuir en al menos 30% el déficit de vivienda habitacional.

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Lo anterior, “con el fin de dar claridad a las competencias, recursos y responsabilidades de la generación de vivienda y hábitat dignos para los colombianos. Pues, para diciembre de 2021, el país tenía más de 5,1 millones de viviendas en déficit”.

En deportes, el texto considera que el deporte es uno de los sectores importantes a tener en cuenta en la acción política, ya que produce bienestar social, físico y mental en la población, por lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas.

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En ese frente, dos de las iniciativas consisten en ¿darle un enfoque territorial y poblacional a la política pública de fomento a los deportes en el país (equidad de género, minorías étnicas).

Además, fortalecer la financiación de los deportistas de todas las edades y disciplinas teniendo en cuenta un enfoque regional y territorial; e incluir dentro del próximo plan de desarrollo un capítulo especial para el fortalecimiento a la infraestructura deportiva de las regiones, teniendo en cuenta la proyección y necesidades de cada territorio y vinculando a actores privados que por medio de alianzas puedan contribuir en este objetivo.

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Otros pedidos de los gobernadores

· Finanzas territoriales

o Reformar el Sistema General de Participaciones

o Ceder a los Departamentos un porcentaje del IVA.

o Crear el impuesto al consumo de bebidas azucaradas y endulzadas con un porcentaje de cesión a los departamentos.

o Crear el impuesto al consumo de cannabis medicinal.

o Reformar de manera estructural al FONPET.

o Modificar y reformular el impuesto al consumo.

o Modificar el impuesto al vehículo.

o Reformar la ley 617 de 2000, para modificar la regla fiscal subnacional de acuerdo a las realidades actuales y también crear una nueva categorización de municipios y departamentos por entornos y tipologías de desarrollo para mejorar la distribución de recursos y la asignación de competencias subnacionales.

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o Aumentar el alcance de la figura “obras por impuestos” tanto en cupo como en tipo de entidades territoriales beneficiadas.

o Crear el impuesto al consumo a productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y sistemas similares con y sin nicotina.

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o Eliminar la Ley de Garantías

o Buscar mecanismos de financiación que permitan realizar las actualizaciones catastrales y fortalezcan la gestión predial de los departamentos (gestores catastrales).

o Modificar el impuesto de degüello de ganado mayor

· Descentralización general

o Crear un fondo territorial de incentivos dinámicos por resultados de la administración fiscal.

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o Incluir en la reglamentación de la Ley 2200 de 2022 el mandato de construir un diagnóstico del diseño institucional departamental que permita mejorar la gestión pública regional.

o Reforma electoral para la armonización de la administración pública: unificar los periodos de los cargos de elección popular (presidente, congreso, alcaldes y gobernadores) para lograr una ejecución armónica de recursos y de la implementación de los planes de desarrollo.

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· Agricultura y desarrollo rural

o Crear un sistema para la prevención del desabastecimiento.

o Aumento de créditos agropecuarios con enfoque territorial.

o Actualizar el catastro de manera periódica al menos en un 50% de todo el territorio nacional.

o Mejorar y operativizar los Planes Departamentales de Extensión

o Agropecuaria- PDEA.

o El Ministerio de Agricultura en concertación con las entidades territoriales trazará el lineamiento para el ordenamiento del aparato productivo del país.

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o Transferir competencias del ICA a los Departamentos.

· Salud

o Fortalecer la gobernanza sectorial en salud a través de las capacidades de las Direcciones Departamentales.

o Garantizar los recursos para que los hospitales públicos primarios puedan recibir el financiamiento necesario para la prestación de servicios de promoción de la salud, y prevención y atención de la enfermedad.

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o Reformar el modelo de aseguramiento en salud: unificar los regímenes subsidiado y contributivo aumentando las exigencias de habilitación y permanencia y pagando contra servicios prestados en salud.

o Reformar la ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar las Transferencias del 2.9% al 10%.

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o Reformar la Ley 100 de 1993 Ley de Seguridad Social.

· Infraestructura vial

o Crear un fondo vial que pueda ser usado por los departamentos a través de convocatorias, con recursos del INVÍAS y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR).

o Aumentar y recuperar kilómetros de la operación de las vías férreas del país para conexión interdepartamental.

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o Garantizar la sostenibilidad para la navegabilidad del Río Magdalena y demás afluentes con este potencial.

o Mejorar la infraestructura de los territorios de la Amazonía a través de puertos peatonales flotantes, planes de señalización en los ríos y muelles de carga apropiados.

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o Replantear el modelo de concesiones viales a través de la modificación de la ley 1508 de 2012 y la ley 1882 del 2018.

o Crear organismos de tránsito departamentales para preservar la vida y garantizar la seguridad vial.

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o Fortalecer las capacidades de la Policía de Tránsito y Transporte.

o Vía legislativa otorgar destinación específica a la sobretasa del sector financiero para que financie red vial secundaria y terciaria.

· Educación

o Implementar una política regional de educación para mejorar la calidad y pertinencia teniendo en cuenta un enfoque diferencial.

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o Duplicar estudiantes en jornada única en todo el territorio nacional

o Crear la Supertintendencia de inspección y vigilancia del sector educativo.

o Presentar un proyecto de ley que reforme la Ley 715 de 2001 para definir competencias específicas de las instituciones en materia de niñez y adolescencia y posteriormente expedir el respectivo decreto único reglamentario en el que se establezca las competencias y responsabilidades de cada institución frente a educación inicial.

o Reformar la Ley 30 de 1992 para garantizar la regionalización de la educación superior.

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· Seguridad

o Fortalecer la presencia institucional en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad con enfoque diferencial.

o Formular una política de fronteras sostenible en el tiempo.

o Reorganizar estratégicamente las fuerzas militares y de policía de acuerdo a las necesidades territoriales.

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o Establecer protocolos regionales de implementación del código de policía y el Código de convivencia.

o Establecer una estrategia para atender necesidades particulares de cada territorio especialmente para los Consejos de seguridad.

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o Financiar y reformar la Ley Anticontrabando para la lucha contra el delito.

o Reforma a la Justicia.

o Evaluación, Diagnóstico y reforma de la política criminal del Estado.

o Fortalecer los programas y proyectos enfocados en prevención de consumo y dinámicas de violencia especialmente para jóvenes.

· Medio ambiente, minas y energía

o Crear un fondo de cofinanciación de proyectos para la transición energética territorial y el acceso a energías fotovoltaicas y renovables en zonas aisladas y no interconectadas.

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o Crear un programa de masificación de energías alternativas en infraestructura publica (escuelas, hospitales, centros administrativos gubernamentales, etc.).

o Crear un programa nacional de descontaminación, a nivel local, y un estricto control a las emisiones generadas por la industria y por las fuentes móviles, en especial el transporte público.

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o Unificar la normatividad existente en materia ambiental y minera para tener criterios claros frente a la expedición de permisos, trámites y tiempos de respuesta

o Modificar la ley 388 de 1997 para que incluya los riesgos asociados al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial (POT, EOT, PBOT).

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o Presentar un proyecto de Acto Legislativo para que los negocios que hacen parte del plan nacional de negocios verdes sean vinculados a programas de comercialización y exportación fortaleciendo la asistencia técnica y tecnológica del mismo.

o Formular un programa de construcción de centros de biotecnología para la restauración de ecosistemas de selva y seguridad alimentaria, en los territorios de la Amazonia – Orinoquía.

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· Cultura

o Formular un Plan Estratégico de inversión del sector cultura para identificar las necesidades y prioridades y establecer los lineamientos para la estructuración del Sistema Nacional de Cultura.

o Fortalecer con mayor inversión el Sistema Nacional de Cultura para que las bibliotecas públicas cuenten con mayor capacidad y tecnología para ser ejes de desarrollo teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada región.

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o Formular una política de turismo cultural que potencie la memoria histórica de todo el territorio nacional con acciones de turismo sostenible.

o Implementar un programa de formalización y profesionalización en oficios relacionados con el sector cultura que permita mejorar las capacidades para acceder a convocatorias y a recursos nacionales e internacionales.

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· Deporte

o Darle un enfoque territorial y poblacional a la política publica de fomento a los deportes en el país (equidad de genero, minorías étnicas)

o Fortalecer la financiación de los deportistas de todas las edades y disciplinas teniendo en cuenta un enfoque regional y territorial.

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o Incluir dentro del próximo plan de desarrollo un capítulo especial para el fortalecimiento a la infraestructura deportiva de las regiones, teniendo en cuenta la proyección y necesidades de cada territorio y vinculando a actores privados que por medio de alianzas puedan contribuir en este objetivo.

o Articular el Sistema Nacional de Educación con el Sistema Nacional de Deporte de cara al apoyo y fomento de vocaciones deportivas de niños, niñas y jóvenes.

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o Fortalecer el programa de escuelas deportivas, se debe subir la cobertura para garantizar que el porcentaje de niños que practican deporte después de clase suba del 8.15% (2020) a porcentajes superiores al 40%. Esto en particular en estratos bajos.

· Grupos étnicos, afrodecendientes raizales y rrom

o Promover y reconocer los derechos históricos y la legislación de los grupos étnicos, afrodescendientes, raizales, rrom, a través de campañas televisivas, radiales, programas culturales, comerciales publicitarios, así como cartillas de promoción legislativa de los grupos étnicos para contrarrestar situaciones de discriminación racial, racismo, xenofobia y todas aquellas formas de intolerancia.

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o 2. Incluir en el Plan de Desarrollo un proyecto para el apoyo de proyectos productivos de grupos étnicos en el que se priorice la economía ancestral.

o 3. Incluir en el Plan de Desarrollo una política de fortalecimiento de programas de inversión en procesos que aseguren la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rrom en la toma de decisiones de la nación.

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· Participación ciudadana

o Propiciar el análisis y discusión sobre la viabilidad de la figura del voto obligatorio, como una medida concreta para combatir el abstencionismo electoral y evitar fenómenos de corrupción como la compra de votos.

o Por medio de una Ley y los respectivos decretos reglamentarios, establecer los lineamientos para la protesta y la movilización social pacifica teniendo en cuenta los derechos, deberes y la defensa de las libertades individuales y colectivos.

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· Vivienda

o Garantizar los recursos del programa Mi Casa Ya, en un volumen constante de entre 60.000 y 65.000 subsidios para VIP y VIS al año, en los próximos 4 años. Esto conlleva adicionalmente, disponer de mecanismos ágiles para aprobar el presupuesto destinado a ello, durante cada vigencia (Confis – Conpes), para evitar periodos muertos de acceso a los subsidios.

o Posibilidad de combinar ahorro de las familias, crédito de entidades del sector solidario o micro-financiación (antiguo programa Vivienda para Ahorradores - VIPA), además del acceso al sistema financiero tradicional.

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o Revivir el esquema de garantías (Fondo Nacional de Garantías) para proteger los créditos de compra de vivienda de interés prioritario.

o Promover el subsidio complementario de las entidades territoriales, a través de recursos del sistema general del regalías.

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o Permitir desde entidades como FINDETER, abrir líneas de crédito a los entes territoriales, para invertir en procesos de conservación dinámica y actualización catastral y contratación de profesionales con experiencia en formalización de la propiedad urbana.

o Promover, mediante la utilización de recursos provenientes de entidades de cooperación internacional, profundizar en los esquemas de formalización de la propiedad publica y privada.

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· Niñez y adolescencia

o Presentar un proyecto de acto legislativo que modifique el Sistema General de Participaciones-SGP, asignando un rubro específico para niñez y adolescencia, ya sea aumentando la bolsa general o la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN.

o 2. Crear una unidad administrativa especial para la niñez y la adolescencia que tenga autonomía, dirija, distribuya y ejecute los recursos de niñez y adolescencia. A su vez, integre el gasto público social generado en las diferentes entidades, para niñez y adolescencia (inversiones transversales), con participación de los departamentos.

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o 3. Elaborar un decreto reglamentario expedido por la Presidencia de la República para la creación del sistema de información unificado de los indicadores situacionales de niñez y adolescencia para orientar la toma de decisiones que sustenten las prioridades de inversión y el seguimiento a los impactos de los programas adelantados por la Nación y los territorios

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