Gobierno buscará créditos extraordinarios para San Andrés
Estudian un paquete de medidas para hacerle frente a los efectos en la isla, tras el fallo de la Corte de La Haya.
El Espectador
Tras analizar el fallo de la Corte de La Haya que trazó una nueva delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el gobierno tiene listo un plan de ayudas para atender las necesidades del archipiélago de San Andrés y Providencia, que incluye inversión en infraestructura, salud, educación y comunicaciones.
A través de una declaratoria de emergencia económica y social, alrededor de $130.000 millones serán destinados para suplir las principales necesidades de los isleños. Así mismo, se invertirá en ayudas para los pescadores artesanales, que manifestaron su preocupación por la pérdida de mar territorial, que incluye una gran variedad de especies marinas.
Parte de los recursos serán invertidos para adecuar el hospital y los puestos de salud del archipiélago, que en la actualidad son centros de atención de primer nivel.
Además, como parte de este plan de ayudas la Comisión Tercera de Cámara aprobó de urgencia un proyecto de ley para dar beneficios económicos y tributarios a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para atenuar las consecuencias del fallo de la Corte de la Haya.
"La exclusión del pago se aplicará a las ventas dentro del territorio del Archipiélago de los bienes producidos allí, así como las ventas que se hagan en el territorio nacional con destino al Archipiélago", explicó el representante liberal Jack Housni Jaller, promotor de esa iniciativa.
Los miembros de la Comisión consideran que hay que darles exenciones tributarias a los sanandresanos para incentivar el desarrollo de la isla.Proponen eliminar el IVA para los productos importados de Colombia y los de fabricación local.
Los congresistas del comité esperan que la iniciativa haga tránsito urgente en las plenarias de Senado y Cámara para que sea sancionado por el presidente Juan Manuel Santos y entre en vigencia, ojalá antes de concluir este año.
Las medidas económicas se complementarán con otras de orden público, contempla un aumento del pie de fuerza en la isla, con el objetivo de reforzar la seguridad y ejercer un mayor control al narcotráfico.
Se espera que en horas de la tarde el presidente Santos anuncie el paquete completo de medidas, luego de sostener una reunión con dirigentes y representantes de la comunidad.
El lunes, Santos anunció que su Gobierno no acepta el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que ha incurrido en "graves errores" al trazar una nueva delimitación marítima entre este país y Nicaragua.
"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente", aseveró Santos, en una alocución desde la Casa de Nariño.
El tribunal internacional, con sede en La Haya, incurrió en "omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar", insistió Santos, al anunciar que Colombia "representada por su Jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy".
La CIJ redefinió la frontera marítima en el mar Caribe entre Colombia y Nicaragua, al conceder parcialmente a cada país algunas de sus reclamaciones.
Mientras que a Colombia le otorgó siete cayos en disputa pertenecientes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe; a Nicaragua le otorgó más territorio marítimo en un área rica en pesca y recursos naturales.
Este tribunal "equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago", indicó Santos en alusión al acuerdo firmado entre los dos países en 1928 y que desconoce Nicaragua por considerar que entonces el país centroamericano estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.
El presidente colombiano insistió en ese sentido que su Gobierno cree que la decisión "se salió del ámbito cobijado por el tratado".
Para Santos, la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense, lo que significa "una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas".
Agregó que la Corte contradice una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del archipiélago, por lo que "desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia".
Con este fallo, según Santos, a Colombia se le crea "toda una serie de complejidades entre los países del Caribe" que le obliga "a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas".
Tras analizar el fallo de la Corte de La Haya que trazó una nueva delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el gobierno tiene listo un plan de ayudas para atender las necesidades del archipiélago de San Andrés y Providencia, que incluye inversión en infraestructura, salud, educación y comunicaciones.
A través de una declaratoria de emergencia económica y social, alrededor de $130.000 millones serán destinados para suplir las principales necesidades de los isleños. Así mismo, se invertirá en ayudas para los pescadores artesanales, que manifestaron su preocupación por la pérdida de mar territorial, que incluye una gran variedad de especies marinas.
Parte de los recursos serán invertidos para adecuar el hospital y los puestos de salud del archipiélago, que en la actualidad son centros de atención de primer nivel.
Además, como parte de este plan de ayudas la Comisión Tercera de Cámara aprobó de urgencia un proyecto de ley para dar beneficios económicos y tributarios a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para atenuar las consecuencias del fallo de la Corte de la Haya.
"La exclusión del pago se aplicará a las ventas dentro del territorio del Archipiélago de los bienes producidos allí, así como las ventas que se hagan en el territorio nacional con destino al Archipiélago", explicó el representante liberal Jack Housni Jaller, promotor de esa iniciativa.
Los miembros de la Comisión consideran que hay que darles exenciones tributarias a los sanandresanos para incentivar el desarrollo de la isla.Proponen eliminar el IVA para los productos importados de Colombia y los de fabricación local.
Los congresistas del comité esperan que la iniciativa haga tránsito urgente en las plenarias de Senado y Cámara para que sea sancionado por el presidente Juan Manuel Santos y entre en vigencia, ojalá antes de concluir este año.
Las medidas económicas se complementarán con otras de orden público, contempla un aumento del pie de fuerza en la isla, con el objetivo de reforzar la seguridad y ejercer un mayor control al narcotráfico.
Se espera que en horas de la tarde el presidente Santos anuncie el paquete completo de medidas, luego de sostener una reunión con dirigentes y representantes de la comunidad.
El lunes, Santos anunció que su Gobierno no acepta el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que ha incurrido en "graves errores" al trazar una nueva delimitación marítima entre este país y Nicaragua.
"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente", aseveró Santos, en una alocución desde la Casa de Nariño.
El tribunal internacional, con sede en La Haya, incurrió en "omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar", insistió Santos, al anunciar que Colombia "representada por su Jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy".
La CIJ redefinió la frontera marítima en el mar Caribe entre Colombia y Nicaragua, al conceder parcialmente a cada país algunas de sus reclamaciones.
Mientras que a Colombia le otorgó siete cayos en disputa pertenecientes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe; a Nicaragua le otorgó más territorio marítimo en un área rica en pesca y recursos naturales.
Este tribunal "equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago", indicó Santos en alusión al acuerdo firmado entre los dos países en 1928 y que desconoce Nicaragua por considerar que entonces el país centroamericano estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.
El presidente colombiano insistió en ese sentido que su Gobierno cree que la decisión "se salió del ámbito cobijado por el tratado".
Para Santos, la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense, lo que significa "una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas".
Agregó que la Corte contradice una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del archipiélago, por lo que "desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia".
Con este fallo, según Santos, a Colombia se le crea "toda una serie de complejidades entre los países del Caribe" que le obliga "a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas".