Gobierno no ha cumplido con seguridad para sustitución de cultivos: Indepaz

El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, dijo este martes, después de la reunión del Gabinete del Posconflicto, señaló, entre otras cosas, que “como resultado del impacto exitoso de la sustitución de cultivos, se han incrementado amenazas del Eln, otras que surgen de las disidencias de las Farc y de las organizaciones narcotraficantes”. En ese sentido, Naranjo afirmó que, hasta el momento, se han firmado acuerdos con 123 familias, hay otras 54 mil que están ya en el programa y que ya van 16 mil hectáreas sustituidas.

Así, sobre ese tema, expresó la preocupación del gobierno por el asesinato de líderes sociales en el país (en lo que va de 2018 van más de 10 asesinados) y dijo que se busca “afinar la coordinación interinstitucional en el territorio para estar más cerca de los líderes. Se han tomado decisiones para que en coordinación con la Fiscalía avancemos en el esclarecimiento de estos hechos. Y, en tercer lugar, iniciar un despliegue territorial para que región a región, los líderes tengan el acompañamiento del Gobierno”.

(Lea aquí: Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos: ¿se están quedando en el papel?).

Pero, a pesar de las declaraciones de Naranjo, el más reciente estudio de Indepaz sobre los cultivos de uso ilícito en el país, contradice un poco ese señalamiento de que las amenazas son solo por parte de grupos al margen de la ley. Uno de los hechos que más resalta en ese contexto fue la muerte de ocho campesinos en el corregimiento El Tandil, en Tumaco, Nariño, cuando protestaban contra el programa de erradicación forzosa, pues ya había acuerdos de sustitución voluntaria allí.

El informe expone, al final, otros casos que ponen en entredicho la voluntad del Gobierno para protegeré a los campesinos con cultivos de uso ilícito. Menciona el asesinato de Nidio Dávila (en Rosario, Nariño), Maydani Salcedo (sur del Cauca), José Jair Cortés (Tumaco, Nariño), Eliécer Carvajal (Puerto Guzmán, Putumayo), Miguel Pérez (Tarazá, Antioquia) y Alexander José Padilla Cruz (Tierralta, Córdoba).

Pero, además, señala que entre enero y diciembre de 2017 fueron asesinados miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM): 10 en Nariño, 7 en Córdoba, 2 en Antioquia y 1 en Cauca. “Aunque en el Acuerdo Final y en los acuerdos voluntarios de sustitución que se han firmado desde enero hasta octubre, el Gobierno se ha comprometido a garantizar la seguridad de las comunidades y en general de los territorios donde se pretende llegar con el programa de sustitución, no se ha hecho realidad este componente”, señala el informe.

(También: Tumaco, el municipio más afectado por cultivos de coca en el país).

El caso de El Tandil, en el reporte de Indepaz sobre cultivos ilícitos entre agosto y diciembre de 2017, es un ejemplo de los problemas que ha habido con el programa de sustitución voluntaria. Y uno de los principales inconvenientes es, justamente, que en municipios donde ya se han firmado acuerdos de sustitución, las autoridades llegan a erradicar los cultivos.

El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, adscrito a Indepaz, dio cuenta de que, de las 35 acciones de erradicación forzada, “21 tuvieron lugar en departamentos y municipios donde las comunidades ya habían firmado acuerdo de sustitución voluntaria con el Gobierno. Por otro lado, de las acciones de erradicación registradas, en 18 se presentaron enfrentamientos entre las comunidades y la Fuerza Pública”.

Los departamentos donde se hicieron estas acciones son: Nariño, Caquetá, Cauca, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Vichada, Santander, Meta y Tolima. La situación, puntualiza el informe, daba pie a que las comunidades se enfrentaran con la Fuerza Pública. Esto llevo a que se registraran hechos como la masacre de El Tandil (Nariño), la muerte de un campesino y que otros quedaran heridos en Morales (Cauca), las protestas de campesinos en Sardinata (Norte de Santander) por la llegada de la Fuerza Pública un día después de que se firmara un acuerdo de sustitución, entre otros.

(También: Cultivos de coca se habrían incrementado en un 50% en el país, dice la ONU).

Otro punto expuesto es que, a pesar de que el Gobierno ha celebrado que la meta de erradicación forzosa en 2017 se cumplió y que ya hay diez departamentos libres de cultivos de uso ilícito, es que esta puede ser una medida transitoria. ¿Por qué? Porque la erradicación no da otras opciones a los campesinos. Citando a Bo Mathiasen, representante en Colombia de UNODC, el informe asevera que tres meses después del proceso, la resiembra es del 25 al 30 % y que un año después puede superar el 50 %.

Adicionalmente, el informe critica el efecto que no se aprobara el trato penal diferencial a los pequeños cultivadores. Esta propuesta planteaba un tratamiento diferenciado para las “personas que tuvieran sus cultivos de coca en un área no mayor a 3.8 hectáreas; para los cultivadores de marihuana que no superaban los 18 y 84 metros cuadrados; y 0.8 y 3.840 metros cuadrados si fuera amapola”. Indepaz señala que “es vital para la generación de confianza entre comunidades y Estado, facilitando la implementación de los acuerdos de paz y en especial del programa de sustitución”.

Por eso, Indepaz reitera que se suspenda la erradicación forzosa donde haya acuerdos de sustitución, que haya mayor articulación de las distintas instituciones estatales en los territorios, que se den garantías de seguridad y que se tramite de nuevo el proyecto para el tratamiento diferencial de los pequeños cultivadores.

El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, dijo este martes, después de la reunión del Gabinete del Posconflicto, señaló, entre otras cosas, que “como resultado del impacto exitoso de la sustitución de cultivos, se han incrementado amenazas del Eln, otras que surgen de las disidencias de las Farc y de las organizaciones narcotraficantes”. En ese sentido, Naranjo afirmó que, hasta el momento, se han firmado acuerdos con 123 familias, hay otras 54 mil que están ya en el programa y que ya van 16 mil hectáreas sustituidas.

Así, sobre ese tema, expresó la preocupación del gobierno por el asesinato de líderes sociales en el país (en lo que va de 2018 van más de 10 asesinados) y dijo que se busca “afinar la coordinación interinstitucional en el territorio para estar más cerca de los líderes. Se han tomado decisiones para que en coordinación con la Fiscalía avancemos en el esclarecimiento de estos hechos. Y, en tercer lugar, iniciar un despliegue territorial para que región a región, los líderes tengan el acompañamiento del Gobierno”.

(Lea aquí: Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos: ¿se están quedando en el papel?).

Pero, a pesar de las declaraciones de Naranjo, el más reciente estudio de Indepaz sobre los cultivos de uso ilícito en el país, contradice un poco ese señalamiento de que las amenazas son solo por parte de grupos al margen de la ley. Uno de los hechos que más resalta en ese contexto fue la muerte de ocho campesinos en el corregimiento El Tandil, en Tumaco, Nariño, cuando protestaban contra el programa de erradicación forzosa, pues ya había acuerdos de sustitución voluntaria allí.

El informe expone, al final, otros casos que ponen en entredicho la voluntad del Gobierno para protegeré a los campesinos con cultivos de uso ilícito. Menciona el asesinato de Nidio Dávila (en Rosario, Nariño), Maydani Salcedo (sur del Cauca), José Jair Cortés (Tumaco, Nariño), Eliécer Carvajal (Puerto Guzmán, Putumayo), Miguel Pérez (Tarazá, Antioquia) y Alexander José Padilla Cruz (Tierralta, Córdoba).

Pero, además, señala que entre enero y diciembre de 2017 fueron asesinados miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM): 10 en Nariño, 7 en Córdoba, 2 en Antioquia y 1 en Cauca. “Aunque en el Acuerdo Final y en los acuerdos voluntarios de sustitución que se han firmado desde enero hasta octubre, el Gobierno se ha comprometido a garantizar la seguridad de las comunidades y en general de los territorios donde se pretende llegar con el programa de sustitución, no se ha hecho realidad este componente”, señala el informe.

(También: Tumaco, el municipio más afectado por cultivos de coca en el país).

El caso de El Tandil, en el reporte de Indepaz sobre cultivos ilícitos entre agosto y diciembre de 2017, es un ejemplo de los problemas que ha habido con el programa de sustitución voluntaria. Y uno de los principales inconvenientes es, justamente, que en municipios donde ya se han firmado acuerdos de sustitución, las autoridades llegan a erradicar los cultivos.

El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, adscrito a Indepaz, dio cuenta de que, de las 35 acciones de erradicación forzada, “21 tuvieron lugar en departamentos y municipios donde las comunidades ya habían firmado acuerdo de sustitución voluntaria con el Gobierno. Por otro lado, de las acciones de erradicación registradas, en 18 se presentaron enfrentamientos entre las comunidades y la Fuerza Pública”.

Los departamentos donde se hicieron estas acciones son: Nariño, Caquetá, Cauca, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Vichada, Santander, Meta y Tolima. La situación, puntualiza el informe, daba pie a que las comunidades se enfrentaran con la Fuerza Pública. Esto llevo a que se registraran hechos como la masacre de El Tandil (Nariño), la muerte de un campesino y que otros quedaran heridos en Morales (Cauca), las protestas de campesinos en Sardinata (Norte de Santander) por la llegada de la Fuerza Pública un día después de que se firmara un acuerdo de sustitución, entre otros.

(También: Cultivos de coca se habrían incrementado en un 50% en el país, dice la ONU).

Otro punto expuesto es que, a pesar de que el Gobierno ha celebrado que la meta de erradicación forzosa en 2017 se cumplió y que ya hay diez departamentos libres de cultivos de uso ilícito, es que esta puede ser una medida transitoria. ¿Por qué? Porque la erradicación no da otras opciones a los campesinos. Citando a Bo Mathiasen, representante en Colombia de UNODC, el informe asevera que tres meses después del proceso, la resiembra es del 25 al 30 % y que un año después puede superar el 50 %.

Adicionalmente, el informe critica el efecto que no se aprobara el trato penal diferencial a los pequeños cultivadores. Esta propuesta planteaba un tratamiento diferenciado para las “personas que tuvieran sus cultivos de coca en un área no mayor a 3.8 hectáreas; para los cultivadores de marihuana que no superaban los 18 y 84 metros cuadrados; y 0.8 y 3.840 metros cuadrados si fuera amapola”. Indepaz señala que “es vital para la generación de confianza entre comunidades y Estado, facilitando la implementación de los acuerdos de paz y en especial del programa de sustitución”.

Por eso, Indepaz reitera que se suspenda la erradicación forzosa donde haya acuerdos de sustitución, que haya mayor articulación de las distintas instituciones estatales en los territorios, que se den garantías de seguridad y que se tramite de nuevo el proyecto para el tratamiento diferencial de los pequeños cultivadores.