El sistema de salud colombiano, que atraviesa una severa crisis financiera, asumirá ahora dos nuevas cargas: responder económicamente por las mujeres víctimas de actos violentos (ver nota anexa), y practicar de manera gratuita a cualquier colombiano, hombre o mujer, sin importar su condición social, una vasectomía o ligadura de trompas cuando decidan que no quiere tener más hijos. la primera, gracias a la Ley 1412, que este viernes sancionó el Gobierno nacional,
La Casa de Nariño aclaró que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas o privadas que atiendan a la población que no se esté afiliada a ninguno de los dos regímenes de salud (subsidiado o contributivo), podrán realizar el cobro del procedimiento al Estado a través del Fosyga.
Esta ley, según el Gobierno, se convierte en un nuevo camino para “fomentar la paternidad y la maternidad responsables”, al tiempo que advirtió que “los médicos que realicen el procedimiento están en la obligación de informar a los pacientes sobre la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos”.
En Colombia cualquiera de estos procedimientos tenía un costo para particulares que oscilaba entre un millón y un millón y medio de pesos. La Ley 1412 prevé que en ningún caso se podrá adelantar estos procedimientos a menores de edad. En el caso de discapacitados mentales, la solicitud y el consentimiento serán suscritos por el respectivo representante legal, previa autorización judicial.
Tania Patriota, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, celebró la determinación tomada por el Gobierno, porque así “se podrá garantizar el derecho de los hombres y las mujeres colombianos a decidir libremente el número de hijos que quieran tener. Sin embargo, también es necesario seguir brindando el acceso a una amplia gama de anticonceptivos, de acuerdo con las expectativas de cada persona”.
Para Juan Carlos Vargas, asesor de Profamilia, si esta medida no se complementa con acceso a otros métodos de planificación se crea un problema pues “la decisión va a estar presionada para el usuario o usuaria final, por un tema económico”. Añadió que “hay que hacer énfasis en la información y asesoría a las personas pues son métodos definitivos, permanentes, de difícil reversibilidad”.
El proyecto sancionado por el presidente Santos había sido objetado por su antecesor Álvaro Uribe Vélez en 2009. En ese momento se argumentó que existían vicios constitucionales y de inconveniencia. Se calculó además que el costo de financiar tal iniciativa generaría un sobrecosto al Estado que rondaría los 399 mil 617 millones de pesos. Como el Congreso no aceptó las objeciones, el proyecto siguió su curso hacia la Corte Constitucional.