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Guerra, éxodo y memoria

Desde 1988 este pueblo padeció 33 masacres que dejaron 219 muertos y 156 desaparecidos a manos de los armados que quisieron apoderarse de sus recursos. Ahora, sus sobrevivientes se reúnen para recordar.

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Martha Nubia Bello*
29 de noviembre de 2011 - 11:35 p. m.
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El tendero, el farmaceuta, el alcalde, la personera, el párroco, el niño y la profesora, todos estaban de fiesta este fin de semana en San Carlos (Antioquia). Tenían motivos: el martes pasado les otorgaron el Premio Nacional de Paz y, el sábado, el Grupo de Memoria Histórica les hizo entrega del informe San Carlos: memorias del éxodo en la guerra. Después de las celebraciones y la ceremonias protocolarias en Bogotá y Medellín, el turno era para los sancarlitanos de a pie que hasta ese momento sólo habían tenido oportunidad de escuchar las noticias del premio y del libro por la radio y por el voz a voz que se fue extendiendo por las 76 veredas que conforman a este municipio del oriente antioqueño. El sábado todos preguntaban por el libro, querían tenerlo en las manos, ver las fotos, hablar con los investigadores de Memoria Histórica, saberse importantes.

Con el libro en las manos, los campesinos sintieron que sus relatos del horror cobraban importancia. El ejercicio de memoria que hicieron durante dos años dio frutos. La historia reciente de San Carlos demuestra que allí la guerra fue contra todos. No hubo distinción: los actores armados utilizaron todas las estrategias de guerra. Tanto así que a comienzos del siglo XXI se convirtió en una región fantasma. Cerca de tres décadas de asedio, terror y muerte produjeron un éxodo de casi el 90% de su población (se desplazaron 20 mil habitantes). Sus pobladores padecieron de manera sucesiva o simultánea la presencia destructora y asesina de guerrillas, paramilitares y hasta de miembros de la fuerza pública, que actuaban a veces con pasiva complicidad y en otras con no disimulada intervención del lado de los ‘paras’.

La violencia en la memoria de sus habitantes se presenta como correlato del desarrollo (desde allí se genera el 33% de la energía del país). Y por esa misma riqueza, San Carlos despertó el interés de todos los grupos armados. Las guerrillas hicieron presencia en periodos distintos con estrategias y discursos diversos; en algún momento Farc y Eln actuaron como aliados, en otros se enfrentaron. Los paramilitares, por su parte, primero las autodefensas de Ramón Isaza y luego las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (UCC), el Bloque Metro y el Héroes de Granada, evidenciaron intereses y modus operandi distintos, y también entre ellos hubo crudos enfrentamientos.

Las cifras del pueblo son las cifras del horror: desde 1988 la población fue víctima de alrededor de 33 masacres en las que fueron asesinadas aproximadamente 219 personas; hubo 156 desapariciones forzadas y 126 asesinatos selectivos. Si bien la guerra había iniciado varias décadas atrás, fue entre 2002 y 2005 cuando la población vivió los años de horror, de sufrimiento y de éxodo más crudos. En esos años los sancarlitanos fueron víctimas de crueles asesinatos: cuerpos descuartizados y decapitados fueron expuestos públicamente. Reconocidos lugares públicos fueron utilizados como centros de torturas y bases de operación paramilitar. Las misiones médicas fueron atacadas, los heridos “rematados” en los hospitales, las escuelas usurpadas como centros de operación, las personas obligadas a asistir a reuniones, a pagar extorsiones y a suministrar información; los campos y las escuelas fueron minados. El terror era un lugar común y las listas de los paramilitares, con los nombres de los supuestos colaboradores de la guerrilla, fueron la mejor estrategia para propagarlo; los retenes en las vías controlaron no sólo los movimientos de la gente sino también sus recursos.

Por eso la entrega del libro de Memoria Histórica durante este fin de semana no sólo se convierte en un reconocimiento a un pueblo que ha estado en el reverso de las buenas noticias sino al empeño de cientos de personas que durante los últimos años han decidido regresar a San Carlos. Muchas llegaron desplazadas a Medellín y, gracias al convenio entre las dos alcaldías, decidieron volver a su tierra a empezar la vida que en algún momento vieron truncada. No ha sido fácil, pues a veces regresar es más difícil que revivir su desplazamiento. En San Carlos la población se vio involucrada en la guerra: algunos financiaron y apoyaron a los grupos armados, otros incursionaron en sus filas, algunos incluso transitaron por distintos grupos armados. Pobladores de la región fueron ideólogos, financiadores y combatientes. Pero la mayoría de la población fue, ante todo, víctima.

El reto ahora es la reconstrucción del tejido social. Gonzalo Sánchez, coordinador del Grupo de Memoria Histórica, lo dijo en su discurso ante los sancarlitanos: “Para que sea posible y sostenible la reconstrucción, es necesario un compromiso claro de los organismos del Estado y de la población en el rechazo y la condena de las prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de todos los actores armados y no armados”. Pero eso implica también una revisión crítica del pasado que permita reconocer los factores que hicieron posible tanta atrocidad y un compromiso con el respeto a las reglas de la democracia que garanticen la vida y la libertad.

El informe sobre la guerra en San Carlos

En la pasada Semana por la Memoria, el Grupo de Memoria Histórica presentó un primer informe que reúne los testimonios de la guerra padecida durante los últimos treinta años en el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, pueblo que ha vivido en medio del fuego cruzado de guerrillas (Farc y Eln), paramilitares (bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada) y el Ejército. El informe reflexiona además sobre los orígenes del conflicto y los contextos que han hecho de San Carlos un lugar estratégico para el desarrollo de la región y del país y para la confrontación armada: la modernización excluyente, los movimientos cívicos y la hegemonía conservadora. Además, pone sobre la mesa los retos del Estado en el proceso de retorno de la población desplazada en condiciones dignas y revela los enormes costos políticos, morales, psicológicos, económicos y culturales de la violencia.

*Investigadora del Grupo de Memoria Histórica.

Por Martha Nubia Bello*

 

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