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Al evaluar el manejo que dieron la Gobernación del Tolima y los municipios de Ibagué, Purificación, Armero Guayabal y Lerida a los recursos del Sistema General de Participaciones durante 2014 –destinados a la financiación de los servicios de salud, educación, entre otros– la Contraloría General de la República determinó hallazgos con alcance fiscal por $4.399 millones.
De acuerdo con el órgano de control, de los más de cuatro mil millones, $3.803 millones corresponden a presuntos hallazgos fiscales detectados en la Gobernación, otros $425 millones a Ibagué, $161 millones a Purificación y algo más de $7 millones a Armero Guayabal.
“La conclusión de la auditoría adelantada a la Gobernación del Tolima y a los municipios citados es que el manejo de los recursos SGP destinados a salud pública, población pobre no afiliada (PPNA), educación calidad educativa y alimentación escolar, fue ineficaz, ineficiente y antieconómico”, sostuvo la Contraloría.
En materia de salud pública, la entidad encontró que aunque las acciones definidas y desarrolladas en todo el departamento guardan coherencia con todas las actividades catalogadas como prioritarias por el Ministerio de Protección Social, “los entes territoriales decidieron contratar vía convenio con los hospitales públicos, la ejecución de las actividades relacionadas y éstos las subcontrataron con particulares”.
“Y sin estar pactado en los referidos convenios porcentaje alguno de administración por la labor de intermediación contractual, se quedaron en las tesorerías de los hospitales aproximadamente $1.000 millones de la salud pública transferida al Tolima”, advirtió la Contraloría, precisando que esa porción de recursos de salud pública no cumplió su cometido de llegar a la comunidad, sino que se constituyó en un salvavidas financiero de los hospitales públicos.
“La Contraloría encontró que la capital del departamento del Tolima, Ibagué, registra inejecución de los recursos de salud pública en cuantía de $1.690 millones: $562 millones que no fueron ejecutados del presupuesto 2014 y $1.128 millones que vienen de la vigencia 2013 y que no fueron incorporados ni al presupuesto 2014 ni al de 2015”, agrega el informe.
La Contraloría determinó además que los entes territoriales se limitan a transferir los recursos a los hospitales, “sin ejercer un efectivo control y seguimiento” a la ejecución y efectividad de las actividades pactadas.
Por otro lado, en lo referente a la Población Pobre No Afiliada, la entidad constató que el servicio es prestado por los hospitales públicos, que han realizado conciliación parcial de los recursos girados directamente por la Nación a los fondos de pensiones y cesantías; y en la parcialidad de la conciliación ya se reflejan saldos a favor del Estado por $860 millones aproximadamente, sin que se haya gestionado la devolución de los mismos.
“Específicamente, el departamento del Tolima canceló $3.200 millones por concepto de medicamentos y tratamientos médicos que a partir del 1 de julio de 2012 se incluyeron en el Plan Obligatorio de Salud y en consecuencia esta obligación le corresponde asumirla a las respectivas EPS. De estos $3.200 millones, $2.200 millones le corresponden a CAPRECOM EPS Pública y $1.000 millones a EPS privadas”, indica el informe.
En cuanto a la inversión en calidad educativa, se observó que la ejecución de los recursos en la mayoría de los municipios del departamento del Tolima no fue oportuna ni continúa, porque su ejecución solo se produjo a partir del mes de agosto de 2014, dejando de implementar las estrategias durante los primeros siete meses del año.
“El único ente territorial que hizo la contratación de servicios educativos fue Ibagué, que la fundamentó en un estudio de insuficiencia que no refleja la realidad de la planta docente ni de la infraestructura oficial”, precisa la Contraloría.
En materia del servicio de alimentación escolar, la Contraloría evidenció que fue contratado por algunos municipios con el mismo operador del Ministerio de Educación y otros con operador diferente, en las dos modalidades: ración preparada en sitio y ración industrializada.
En las raciones preparadas en sitio, asegura la entidad, se presentaron deficiencias en la infraestructura de los restaurantes, en las áreas de preparación, en el almacenamiento y en la distribución, “porque los alimentos son entregados y consumidos al aire libre, sin la dotación o menaje adecuado”.
En las raciones industrializadas, los sitios de distribución “carecen de elementos adecuados de refrigeración, por lo que los complementos alimentarios no se entregan a los estudiantes en condiciones y temperaturas propias del día y zona de entrega”.
“Los entes territoriales y las instituciones educativas no realizan inspección y vigilancia efectiva al sitio y al diligenciamiento y registro de las planillas soporte de la entrega de las raciones, lo que permitió que se pagaran cantidades superiores a las realmente entregadas, faltante que se pretende justificar con listados de alumnos aportados en la ejecución del contrato del Ministerio de Educación”, manifiesta la Contraloría.
Como resultado de esta auditoría, el órgano de control recordó que cada ente territorial debe elaborar un Plan de Mejoramiento con las acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias detectadas.