Hallazgos fiscales por más de $16.000 millones por manejo del PAE en La Guajira

La Contraloría, después de una auditoría realizada entre el pasado 1 de marzo y el 15 de julio, halló problemas en el cumplimiento de la minuta definida por el MinEducación para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) así como en la cantidad mínima de cada ración, además de irregularidades respecto a las empresas encargadas de la distribución de los alimentos en La Guajira. 

El ente hizo hallazgos fiscales que ascienden a $16.792 millones. La investigación no fue solo respecto al PAE, sino también sobre “los paquetes nutricionales para niños de 0 a 5 años, madres gestantes y lactantes, financiados con Recursos del Sistema General de Regalías”.

Los sobrecostos de los alimentos fue en los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. En el informe, explica que, por ejemplo, “en la propuesta de uno de los consorcios se indica el suministro de 4 panelas a $760, para 1.250 beneficiarios y un total de 8 entregas, para un total de $30,4 millones, mientras que en contrato se indica 2 panelas a $760 por 1.250 beneficiarios por 8 entregas, lo que da como resultado $15,2 millones. Sin embargo, se pagaron $30,4 millones, lo que constituye un detrimento”.

También se evidenció la existencia de un monopolio en la ejecución del PAE por alianzas hechas entre los operadores. El ente controlador menciona a tres consorcios encargados de la operación del plan: el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, la Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira (Asoprolugua) y el Consorcio Alimentemos Juntos.

En La Guajira, cuando José María Ballesteros era gobernador, se hizo un hallazgo por $4.920 millones, pues se asignaron $16.470 millones al Consorcio Nutriendo Escolares para que ejecutara el PAE. La Contraloría determinó que se habían pagado un valor mayor por cada ración. En Manaure el hallazgo fiscal fue por $266 millones por el mismo motivo que el anterior. El contrato, que tenía un valor de $729 millones, fue suscrito a la Asoprolugua.

Frente a la entrega de paquetes nutricionales, la Contraloría actuó “debido a inconsistencia y falta de coherencia entre los estudios previos, minuta contractual y pagos en el Convenio de Asociación por valor de $550 millones”.

La Contraloría, después de una auditoría realizada entre el pasado 1 de marzo y el 15 de julio, halló problemas en el cumplimiento de la minuta definida por el MinEducación para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) así como en la cantidad mínima de cada ración, además de irregularidades respecto a las empresas encargadas de la distribución de los alimentos en La Guajira. 

El ente hizo hallazgos fiscales que ascienden a $16.792 millones. La investigación no fue solo respecto al PAE, sino también sobre “los paquetes nutricionales para niños de 0 a 5 años, madres gestantes y lactantes, financiados con Recursos del Sistema General de Regalías”.

Los sobrecostos de los alimentos fue en los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. En el informe, explica que, por ejemplo, “en la propuesta de uno de los consorcios se indica el suministro de 4 panelas a $760, para 1.250 beneficiarios y un total de 8 entregas, para un total de $30,4 millones, mientras que en contrato se indica 2 panelas a $760 por 1.250 beneficiarios por 8 entregas, lo que da como resultado $15,2 millones. Sin embargo, se pagaron $30,4 millones, lo que constituye un detrimento”.

También se evidenció la existencia de un monopolio en la ejecución del PAE por alianzas hechas entre los operadores. El ente controlador menciona a tres consorcios encargados de la operación del plan: el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, la Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira (Asoprolugua) y el Consorcio Alimentemos Juntos.

En La Guajira, cuando José María Ballesteros era gobernador, se hizo un hallazgo por $4.920 millones, pues se asignaron $16.470 millones al Consorcio Nutriendo Escolares para que ejecutara el PAE. La Contraloría determinó que se habían pagado un valor mayor por cada ración. En Manaure el hallazgo fiscal fue por $266 millones por el mismo motivo que el anterior. El contrato, que tenía un valor de $729 millones, fue suscrito a la Asoprolugua.

Frente a la entrega de paquetes nutricionales, la Contraloría actuó “debido a inconsistencia y falta de coherencia entre los estudios previos, minuta contractual y pagos en el Convenio de Asociación por valor de $550 millones”.