'Hay 890 mil indígenas en riesgo de extinción'

Una preocupante cifra fue revelada hoy por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). De los 102 comunidades aborígenes que existen, hay 66 en riesgo de extinción. Es decir, que de 1’420.000 indígenas que habitan en Colombia, el 62.7% podría desaparecer si no se toman medidas al respecto. El panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, como lo ha señalado la Procuraduría, las medidas de los órganos de control siguen siendo insuficientes a la hora de proteger a los indígenas, como, precisamente, se los ordenó la Corte Constitucional en una histórica sentencia de 2004. Precisamente esta semana, la Corte Constitucional, en una audiencia presidida por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, le hizo seguimiento a lo que ha hecho el Estado tras su fallo de 2004 y se apresta a pronunciarse respecto de esta crítica situación.

En medio del debate que se ha generado tras esta audiencia, El Espectador pudo conocer de un informe de la Procuraduría en el que se da cuenta de que, pese a algunos avances, la labor del Estado sigue siendo insuficiente para preservar la vida de los indígenas que durante años se han visto afectados por el conflicto, la explotación minera y la colonización. En este informe se señala que, por ejemplo, en 2009, el país necesitaba avanzar en el desarrollo de los planes de salvaguarda de 35 pueblos indígenas. El responsable era el Ministerio del Interior pero, pese a una ruta metodológica resaltada por la misma Procuraduría, los logros no han sido satisfactorios. El Ministerio Público precisó que “los prolongados periodos de tiempo que tardan los trámites administrativos en dicho Ministerio generan atrasos en el cumplimiento de las acciones”. Al revisar el tiempo transcurrido y compararlo con los resultados de implementación, luego de cuatro años y medio solo dos de los 35 planes de salvaguarda ordenados se encuentran en la última etapa.

Las críticas de la Procuraduría también apuntaron al Ministerio de Defensa. El pasado 26 de Julio, mediante una comunicación firmada por Edilberto Herrera, servidor del Grupo de Políticas de Defensa, se informa que esa entidad entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 adelantó reuniones con las comunidades indígenas para hacer cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, pero este no se ha podido dar, ya que las comunidades le están solicitando al Ministerio de Defensa que devuelva el área de resguardo Jiw de Barracón, el cual se encuentra actualmente ocupado por la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería Marina. En marzo de este año, el Ministerio de Defensa denegó la solicitud y en el informe que fue presentado ante el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Procuraduría le solicita al organismo de control responder al mandato de la Corte Constitucional.

En las observaciones que realizó el Ministerio Público en el informe presentado, dicen que persiste la situación de vulneración de derechos a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y confinamiento a causa del conflicto armado en sus territorios. Agregan que las medidas adoptadas por las autoridades concernidas con el cumplimento de las órdenes que dio la Corte Constitucional, “no parecen haber tenido desarrollos eficaces para contrarrestar o superar la grave situación” ya que dichas comunidades se encuentran en riesgo de extinción física y cultural.

Ante la diferencia en las cifras que muestra el Ministerio Público y la ONIC, miembros del área de derechos humanos de la Organización por los derechos indígenas explican que el informe de la Procuraduría se basa en una serie de pueblos que son más visibles y más afectados por el conflicto armado. “Nosotros trabajamos nuestros informes con una mirada diferente, ya que agregamos otros pueblos que están también en alto riesgo, pero que son más pequeños en Amazonía y Orinoco. Estos pueblos, no están incluidos en la lista de la Corte Constitucional, pero consideramos que es importante visibilizarlos para que se generen políticas ya que en esta zona ni siquiera existe planes de salvaguarda”.

Una preocupante cifra fue revelada hoy por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). De los 102 comunidades aborígenes que existen, hay 66 en riesgo de extinción. Es decir, que de 1’420.000 indígenas que habitan en Colombia, el 62.7% podría desaparecer si no se toman medidas al respecto. El panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, como lo ha señalado la Procuraduría, las medidas de los órganos de control siguen siendo insuficientes a la hora de proteger a los indígenas, como, precisamente, se los ordenó la Corte Constitucional en una histórica sentencia de 2004. Precisamente esta semana, la Corte Constitucional, en una audiencia presidida por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, le hizo seguimiento a lo que ha hecho el Estado tras su fallo de 2004 y se apresta a pronunciarse respecto de esta crítica situación.

En medio del debate que se ha generado tras esta audiencia, El Espectador pudo conocer de un informe de la Procuraduría en el que se da cuenta de que, pese a algunos avances, la labor del Estado sigue siendo insuficiente para preservar la vida de los indígenas que durante años se han visto afectados por el conflicto, la explotación minera y la colonización. En este informe se señala que, por ejemplo, en 2009, el país necesitaba avanzar en el desarrollo de los planes de salvaguarda de 35 pueblos indígenas. El responsable era el Ministerio del Interior pero, pese a una ruta metodológica resaltada por la misma Procuraduría, los logros no han sido satisfactorios. El Ministerio Público precisó que “los prolongados periodos de tiempo que tardan los trámites administrativos en dicho Ministerio generan atrasos en el cumplimiento de las acciones”. Al revisar el tiempo transcurrido y compararlo con los resultados de implementación, luego de cuatro años y medio solo dos de los 35 planes de salvaguarda ordenados se encuentran en la última etapa.

Las críticas de la Procuraduría también apuntaron al Ministerio de Defensa. El pasado 26 de Julio, mediante una comunicación firmada por Edilberto Herrera, servidor del Grupo de Políticas de Defensa, se informa que esa entidad entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 adelantó reuniones con las comunidades indígenas para hacer cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, pero este no se ha podido dar, ya que las comunidades le están solicitando al Ministerio de Defensa que devuelva el área de resguardo Jiw de Barracón, el cual se encuentra actualmente ocupado por la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería Marina. En marzo de este año, el Ministerio de Defensa denegó la solicitud y en el informe que fue presentado ante el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Procuraduría le solicita al organismo de control responder al mandato de la Corte Constitucional.

En las observaciones que realizó el Ministerio Público en el informe presentado, dicen que persiste la situación de vulneración de derechos a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y confinamiento a causa del conflicto armado en sus territorios. Agregan que las medidas adoptadas por las autoridades concernidas con el cumplimento de las órdenes que dio la Corte Constitucional, “no parecen haber tenido desarrollos eficaces para contrarrestar o superar la grave situación” ya que dichas comunidades se encuentran en riesgo de extinción física y cultural.

Ante la diferencia en las cifras que muestra el Ministerio Público y la ONIC, miembros del área de derechos humanos de la Organización por los derechos indígenas explican que el informe de la Procuraduría se basa en una serie de pueblos que son más visibles y más afectados por el conflicto armado. “Nosotros trabajamos nuestros informes con una mirada diferente, ya que agregamos otros pueblos que están también en alto riesgo, pero que son más pequeños en Amazonía y Orinoco. Estos pueblos, no están incluidos en la lista de la Corte Constitucional, pero consideramos que es importante visibilizarlos para que se generen políticas ya que en esta zona ni siquiera existe planes de salvaguarda”.