El Cementerio San Miguel de Santa Marta dejó de ser únicamente un lugar para despedir a los muertos y terminó convertido en el escenario de una batalla legal y de acusaciones entre la Iglesia Católica y un exsacerdote que decidió desafiar tanto las decisiones eclesiásticas como las judiciales. La confrontación llegó a su punto más alto esta semana, cuando uniformados de la Policía acompañaron la recuperación del camposanto y retiraron del lugar al excura Hernando Fajid Álvarez Yacub, luego de que quedara en firme la orden que devolvió el cementerio a la Diócesis de la ciudad.
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“Ya no hay más chances para no entregar, ya no hay argumentos para no hacerlo”, aseguró a El Espectador el abogado Diego Duque Zuluaga, representante de la Fundación Juan Pablo II y de la Diócesis de Santa Marta, al explicar cómo se ejecutó la diligencia tras varios intentos fallidos de entrega voluntaria.
La intervención puso fin —al menos en la parte administrativa— a una disputa que durante más de dos años enfrentó a la Iglesia con quien fuera el administrador del Cementerio San Miguel. Según la investigación, el exclérigo habría creado una empresa privada para mantener el control operativo y económico del lugar después de haber sido removido de sus funciones por decisión del obispo de Santa Marta.
“Cuando el obispo le dijo que iba a ser trasladado, él respondió que no se iba para ninguna parte”, relató Duque, quien añadió que, tras conocer la decisión eclesiástica, el entonces sacerdote despidió empleados de la Fundación Juan Pablo II, desaparecieron archivos administrativos y posteriormente constituyó una empresa denominada Sociedad Parque San Miguel S.A.S., con la que habría continuado manejando el cementerio de manera paralela.
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Detrás de la recuperación del camposanto también apareció un escenario aún más delicado: con los archivos desaparecidos, no había soporte de pagos, así como hay familias que hoy no saben dónde quedaron los registros de bóvedas y servicios funerarios contratados durante los últimos años.
El sacerdote que desafió al obispo
La confrontación comenzó en diciembre de 2023, cuando el obispo de Santa Marta, monseñor José Mario Bacci Trespalacios, ordenó el traslado de Álvarez Yacub a otra parroquia, una decisión ordinaria dentro de la estructura administrativa de la Iglesia católica.
Sin embargo, según el abogado Diego Duque, el entonces sacerdote “entró en rebeldía” y se negó a abandonar el cementerio. “Cuando llegó el nuevo cura, le dijo: ‘yo no me voy de aquí’”.
En ese momento, Fajid no solo ejercía como párroco de la capilla del Cementerio San Miguel, sino también como representante legal de la Fundación Juan Pablo II, creada por la Diócesis exclusivamente para administrar el camposanto.
Aprovechando esa condición, creó la empresa privada “copiando incluso los estatutos de la fundación”, para posteriormente entregarle a esa sociedad el manejo del cementerio a perpetuidad. “Cuando se le dijo que ya no era representante legal de la fundación, respondió que el cementerio lo administraba su empresa y que la diócesis no tenía nada que ver”, sostuvo Duque.
La pelea pasó de la iglesia a los estrados
La situación derivó en denuncias penales y civiles. La Fiscalía terminó imputándolo por administración desleal, falsedad en documento privado y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
Mientras avanzaba el proceso penal, la representación de víctimas solicitó una medida de restablecimiento del derecho para recuperar el control inmediato del cementerio, argumentando que esperar el desenlace definitivo del juicio podría tardar años. “Si la diócesis tenía que esperar a que el proceso penal terminara, esto iba a durar muchísimo tiempo”, explicó Duque.
La orden judicial que acabó el pulso
Tras varias audiencias e inspecciones judiciales, el juez ordenó cancelar la matrícula mercantil de la empresa creada por Fajid y devolver el Cementerio San Miguel a la Diócesis de Santa Marta. Aunque la defensa apeló la decisión, el fallo fue confirmado en segunda instancia y quedó en firme.
Según Diego Duque, antes de ejecutar la medida, la Iglesia intentó nuevamente que el exclérigo entregara voluntariamente el camposanto, pero este insistió en que buscaría nuevas acciones judiciales para mantenerse en el lugar. “Él decía que iba a meter tutelas y darle vueltas al asunto”.
Finalmente, la Diócesis ingresó al cementerio acompañada por unidades de la Policía Metropolitana y tomó posesión formal de las instalaciones. El cementerio permanece cerrado temporalmente mientras se adelantan inventarios, inspecciones y procesos de reorganización interna.
“Hoy, cuando recuperamos las instalaciones del cementerio, no encontramos archivos, no hay registros ni control documental”, aseguró Diego Duque. Este hecho dejó en incertidumbre a decenas de familias que durante años realizaron pagos directamente a la administración encabezada por Álvarez Yacub y que ahora temen no tener cómo demostrar la titularidad de bóvedas o servicios funerarios.
Mientras tanto, la Diócesis adelanta inventarios y verificaciones internas para intentar reconstruir parte de la información desaparecida.
Suspendido como sacerdote y con proceso abierto
Paralelamente al proceso judicial, la Diócesis adelantó procedimientos internos de derecho canónico que terminaron con la suspensión de Hernando Fajid Álvarez Yacub como sacerdote.
Actualmente no tiene autorización para celebrar misas ni administrar sacramentos, aunque, según la Iglesia, continuó realizando ceremonias religiosas incluso después de haber sido suspendido. “Él hoy no puede ejercer como sacerdote”, afirmó Duque, quien explicó que el proceso eclesiástico deberá continuar ahora en el Vaticano para definir su situación definitiva dentro de la Iglesia.
“Ahora lo que sigue es el juicio. Si es declarado culpable, probablemente la condena implique privación de la libertad”, concluyó el abogado.
La recuperación del Cementerio San Miguel cerró uno de los capítulos más tensos para la Iglesia samaria en los últimos años. Pero para Hernando Fajid Álvarez Yacub, el verdadero problema judicial apenas comienza.