Igualdad: el camino que trazó la Constitución de 1991

En la historia de la defensa de los derechos humanos en Colombia quedará marcada para siempre la figura de Alicia, una maestra lesbiana que ocultó su rostro con una máscara negra para hablar frente a la Corte Constitucional de 1998. El objetivo: que se protegiera su derecho al trabajo. “Cubro mi rostro por el temor a ser sancionada por mi orientación sexual y por la discriminación de que puedo ser objeto por parte de la comunidad educativa”, dijo la docente en la audiencia pública donde se discutía la ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, que finalmente permitió a los docentes dictar su cátedra sin temor a ser sancionados por su orientación sexual. (Lea aquí: Amanda y Amparo, tres décadas de amor y discriminación)

Su testimonio puso en evidencia el gran déficit jurídico que había entonces de los derechos de la población LGBT y la larga tradición jurídica, que hasta 1991 había estado trazada por las creencias religiosas. Pero el camino por la igualdad se había abierto con la llegada de la nueva Constitución. Los derechos fundamentales que pregonaba se convirtieron en la herramienta más veraz para que esta población reclamara sus derechos y se negara a seguir viviendo “en el clóset”. La tarea no fue fácil. Hasta hace 18 años, ser docente y homosexual era una falta disciplinaria grave, y hace nueve las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho. (Lea aquí: Ciudades donde habrá marchas LGBT este año)

Fue gracias al trabajo mancomunado de personas anónimas que reclamaron sus derechos, de defensores y defensoras de derechos humanos y del movimiento LGBT, que se movilizó y se organizó, que se lograron victorias históricas, y hoy las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans no son consideradas ciudadanas de segunda categoría. 

Así como Alicia, Alba Reyes denunció el caso de discriminación del que había sido víctima Sergio Urrego en el colegio, a tan sólo un mes de su suicidio, y presentó una acción de tutela para reclamar la protección de los derechos y la memoria de su hijo; Ana Leiderman y Verónica Botero emprendieron desde 2009 la lucha para lograr el reconocimiento pleno de su familia, a través de la adopción de sus hijos por su mamá no biológica, y Grace Kely se enfrentó contra el Estado para abolir la libreta militar para las mujeres trans, luego de que la Secretaría de Integración Social de Bogotá le exigiera ese documento para contratarla como enfermera.

A ellos y ellas, a la Constitución y a la Corte Constitucional, que se ha mostrado como la única institución del Estado colombiano en la que las minorías han podido encontrar escenarios de reconocimiento, participación y protección, queremos rendirles un homenaje este martes, el Día Internacional del Orgullo LGBT.

El alto tribunal ha velado por cinco grandes derechos fundamentales: igualdad, familia, dignidad, libertad y educación. En cada una de sus sentencias, la Corte frenó en seco la discriminación que vivían estas personas en las escuelas y en el trabajo, el anonimato en el que vivieron cientos de historias de amor entre parejas homosexuales y la falta de reconocimiento que padecieron estas familias. (Lea aquí: Las promesas incumplidas para los LGBT que quieren donar sangre)

El Congreso, por su parte, ha brillado por su negligencia. Según la congresista Angélica Lozano, “existe un bloqueo institucional en el Legislativo que impide regular lo relativo a las parejas del mismo sexo”. En la pasada audiencia pública de matrimonio igualitario demostró que entre 1992 y 2015 se presentaron 19 proyectos de ley sobre derechos de familias compuestas por parejas del mismo sexo, a los cuales no se les asignó ponencia, no los agendaron para debate, se hundieron en conciliación o no se dio un debate por temor a la intromisión del procurador, Alejandro Ordóñez.

Los 25 años de historia de la Constitución de 1991 han significado 25 años de derechos para una población que hasta entonces había vivido en la sombra. Hoy, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales: pensión, salud y herencia, son reconocidas como familias y pueden casarse y adoptar.

En la historia de la defensa de los derechos humanos en Colombia quedará marcada para siempre la figura de Alicia, una maestra lesbiana que ocultó su rostro con una máscara negra para hablar frente a la Corte Constitucional de 1998. El objetivo: que se protegiera su derecho al trabajo. “Cubro mi rostro por el temor a ser sancionada por mi orientación sexual y por la discriminación de que puedo ser objeto por parte de la comunidad educativa”, dijo la docente en la audiencia pública donde se discutía la ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, que finalmente permitió a los docentes dictar su cátedra sin temor a ser sancionados por su orientación sexual. (Lea aquí: Amanda y Amparo, tres décadas de amor y discriminación)

Su testimonio puso en evidencia el gran déficit jurídico que había entonces de los derechos de la población LGBT y la larga tradición jurídica, que hasta 1991 había estado trazada por las creencias religiosas. Pero el camino por la igualdad se había abierto con la llegada de la nueva Constitución. Los derechos fundamentales que pregonaba se convirtieron en la herramienta más veraz para que esta población reclamara sus derechos y se negara a seguir viviendo “en el clóset”. La tarea no fue fácil. Hasta hace 18 años, ser docente y homosexual era una falta disciplinaria grave, y hace nueve las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho. (Lea aquí: Ciudades donde habrá marchas LGBT este año)

Fue gracias al trabajo mancomunado de personas anónimas que reclamaron sus derechos, de defensores y defensoras de derechos humanos y del movimiento LGBT, que se movilizó y se organizó, que se lograron victorias históricas, y hoy las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans no son consideradas ciudadanas de segunda categoría. 

Así como Alicia, Alba Reyes denunció el caso de discriminación del que había sido víctima Sergio Urrego en el colegio, a tan sólo un mes de su suicidio, y presentó una acción de tutela para reclamar la protección de los derechos y la memoria de su hijo; Ana Leiderman y Verónica Botero emprendieron desde 2009 la lucha para lograr el reconocimiento pleno de su familia, a través de la adopción de sus hijos por su mamá no biológica, y Grace Kely se enfrentó contra el Estado para abolir la libreta militar para las mujeres trans, luego de que la Secretaría de Integración Social de Bogotá le exigiera ese documento para contratarla como enfermera.

A ellos y ellas, a la Constitución y a la Corte Constitucional, que se ha mostrado como la única institución del Estado colombiano en la que las minorías han podido encontrar escenarios de reconocimiento, participación y protección, queremos rendirles un homenaje este martes, el Día Internacional del Orgullo LGBT.

El alto tribunal ha velado por cinco grandes derechos fundamentales: igualdad, familia, dignidad, libertad y educación. En cada una de sus sentencias, la Corte frenó en seco la discriminación que vivían estas personas en las escuelas y en el trabajo, el anonimato en el que vivieron cientos de historias de amor entre parejas homosexuales y la falta de reconocimiento que padecieron estas familias. (Lea aquí: Las promesas incumplidas para los LGBT que quieren donar sangre)

El Congreso, por su parte, ha brillado por su negligencia. Según la congresista Angélica Lozano, “existe un bloqueo institucional en el Legislativo que impide regular lo relativo a las parejas del mismo sexo”. En la pasada audiencia pública de matrimonio igualitario demostró que entre 1992 y 2015 se presentaron 19 proyectos de ley sobre derechos de familias compuestas por parejas del mismo sexo, a los cuales no se les asignó ponencia, no los agendaron para debate, se hundieron en conciliación o no se dio un debate por temor a la intromisión del procurador, Alejandro Ordóñez.

Los 25 años de historia de la Constitución de 1991 han significado 25 años de derechos para una población que hasta entonces había vivido en la sombra. Hoy, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales: pensión, salud y herencia, son reconocidas como familias y pueden casarse y adoptar.