¿Indígenas activistas de las Farc?

Lo peor que puede seguir haciendo el Gobierno es continuar insistiendo en que los indígenas del Cauca son aliados de las Farc, pues incluso podría llegar a convencerse o más grave aún a convencerlos.

Las relaciones entre los grupos armados y los movimientos sociales son uno de los temas más complejos de la sociología de los conflictos. Pero lejos de ser una preocupación intelectual, meramente erudita, ha resultado decisiva para el curso de casi todos los conflictos armados contemporáneos, en escenarios de guerra interior. El tema es de tal importancia que el destacado sociólogo francés Alain Touraine  —a propósito de la guerra en Guatemala— llegó a afirmar que sintetiza “el mayor problema del siglo XX” que es, en su opinión, él de todas las revoluciones en la historia moderna: “El de las relaciones entre la ideología y la vanguardia de clase, y las comunidades o los movimientos comunitarios, sociales o religiosos”.

El norte del departamento del Cauca es uno de esos escenarios compartidos por movimientos comunitarios rurales y grupos armados. A lo largo de las últimas cuatro décadas, todas las organizaciones insurgentes han querido implantarse allí, atraídas por su intrincada geografía y por el conflicto social que representa la movilización de las comunidades nasa y guambiana en defensa de su territorio. Ninguno de estos grupos logró sin embargo la adhesión que buscaban. Por el contrario, su presencia ha sido siempre fuente de numerosos conflictos, particularmente en el caso de las Farc, cuya primera acción pública, la toma de Inzá —en el corazón de Tierradentro— a comienzos de 1964, dejó una imborrable huella entre las comunidades locales, presagiando lo que sería la dolorosa experiencia de las décadas siguientes.

Lejos de lo que el Gobierno y un sector de la opinión piensan, la distancia entre la insurgencia y las comunidades indígenas es enorme: el reclutamiento de jóvenes a las filas guerrilleras ha sido una fuente permanente de conflictos, al igual que la interferencia con las estructuras tradicionales de poder. Incluso —lo que puede resultar asombroso— más que un aliado en su lucha por la tierra, la guerrilla ha obstaculizado los avances del movimiento indígena, tal como ocurrió en los años ochenta, en el apogeo de las recuperaciones, cuando las Farc, que extorsionaban a los hacendados, se opusieron a la acción de las comunidades a fin de no perder su fuente de recursos y llegaron al extremo de asesinar dirigentes indígenas acusándolos de ser delincuentes comunes.

En los últimos años, la guerrilla ha amenazado constantemente a los líderes locales que han alcanzado cargos de representación política en alcaldías y concejos municipales y sus demostraciones de fuerza terminaron siendo un martirio para las comunidades que han tenido que soportar los continuos asaltos a sus poblados.

Por sorprendente que parezca, las élites caucanas, el Gobierno Nacional y la propia guerrilla comparten, paradójicamente, un mismo propósito: todos desearían que las comunidades indígenas fueran la base social de las Farc. Los políticos caucanos, afectados en su mayoría por la pérdida de sus haciendas, encontrarían en ello la oportunidad de contar con el apoyo de los organismos de seguridad y frenar así el avance del movimiento indígena.

El Gobierno Nacional tendría justificación suficiente para castigar la insolencia de los únicos que se han atrevido a cuestionarlo, en temas tan álgidos como el TLC, la política minera o la estrategia antinarcóticos. Finalmente, las Farc esperan con ansiedad que los jóvenes indígenas terminen enrolándose voluntariamente en sus filas, empujados por la incomprensión y la represión a la que son sometidos.

La actual movilización de los indígenas del Cauca, que reclama el respeto de promesas incumplidas durante décadas por gobiernos de todos los colores, puede resultar incómoda, altisonante e incluso antimoderna, como muchos habrán llegado a pensar equivocadamente. Sin embargo, lejos de ser una amenaza para la adormecida sociedad colombiana, constituye por el contrario un formidable reto, que debería despertar los mejores recursos de los colombianos comprometidos en la construcción de una democracia vigorosa, pluralista y, porque no, deliberante.

*Investigador del Instituto de Estudios Políticos (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Una versión de su Tesis Doctoral “Resistencia y recomposición identitaria en los Andes colombianos” será próximamente publicada en Colombia.

Ejemplo de resistencia

En Piendamó dieron en mayo de 1999 ejemplo de su voluntad de hacerse respetar, expulsando a palos y piedras a una columna del las Farc que intentó tomarse una manifestación de los Cabildos del Norte, que había bloqueado la vía panamericana para demandar del Gobierno el cumplimiento de las reivindicaciones sociales y económicas, contenidas en los llamados Acuerdos de La María, que todavía reclaman hoy, diez años después. Esa valerosa acción, hoy olvidada, fue el inicio de la etapa de “resistencia indígena” que rápidamente contagió a otros sectores sociales y que se extendió bajo la llamada “resistencia civil”. Armados únicamente con su dignidad, las mujeres, los niños y los hombres de los cabildos del Cauca hicieron lo que nadie se había atrevido a hacer y defendieron sus viviendas, sus escuelas, sus hospitales y hasta “sus policías”, de los ataques desmedidos de las Farc, como el que terminó destruyendo la población de Toribío en abril del 2005.