Indígenas defenderán jurídicamente el derribamiento de la estatua de Belalcázar
Los gobernadores indígenas explicaron lo sucedido con el derrumbamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Morro de Tulcán en Popayán, el pasado 16 de septiembre, fecha que declararon como el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios en el Mundo.
Desde el resguardo La María, Piendamó, las Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) explicaron las razones que llevaron a derribar la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar ubicada en el Morro de Tulcán en Popayán, el pasado 16 de septiembre, fecha que en este evento fue declarada como el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios en el Mundo.
“La autoridad indígena precisa que como resultado del juicio que se hizo a Sebastián Moyano de Cabrera -alias Sebastián de Belalcázar-, se resolvió derribar la estatua ubicada en el Morro de Tulcán, determinación que se sustentó en las normas propias de la jurisdicción especial indígena, cuenta con todo el respaldo de nuestro deber y derecho mayor de origen, de la cosmovisión ancestral cultural y política de hijos del agua, del arco iris y de los sueños”, leyó en un encuentro virtual el secretario técnico de Autoridades Indígenas del Suroccidente, Edgar Alberto Velasco.
En el encuentro, donde participaron diferentes autoridades indígenas del suroccidente del país, se rechazaron los anuncios que hicieron y que mantienen vigentes las autoridades de Popayán (Policía y Alcaldía) relacionados con el ofrecimiento de $5.000.000 para identificar a los responsables. A pesar de haber participado en una mesa de diálogos con el viceministro del Interior, Carlos Baena, y el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, no se ha revocado la recompensa ofrecida por los comuneros que derribaron la estatua.
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El Equipo de Jurídicos AISO proyecta una estrategia de defensa en los estrados de la jurisdicción ordinaria, con el objeto de hacer respetar las decisiones judiciales adoptadas en el marco del ejercicio autónomo de la autoridad indígena ancestral. Por esa razón otorgaron un poder al abogado Augusto Campo, para que los represente y adelante las acciones judiciales.
Campo dijo que el jueves 24 de septiembre radicarán una acción de tutela con medida cautelar. "De viva voz se pregonó por parte de las autoridades municipales en Popayán y además de voz del propio comandante de Policía, de ser capturados y judicializados los comuneros que lo único que hicieron fue, en ejercicio de su deber y acatando una orden judicial de su autoridad, llevar a cabo el acto material de cumplir un fallo”, explicó el representante legal, quien aseguró que no solo acudirán a la justicia ordinaria, sino que están dispuestos a llevar el caso a instancias judiciales internacionales, como la eventual solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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A través de un documento firmado por más de 600 personas y organizaciones, entre ellas antropólogas y antropólogos de la Universidad Externado de Colombia, investigadores sociales, líderes comunitarios, profesionales, artistas y ciudadanos, se adhirieron al llamado de la Universidad del Cauca al Gobierno Nacional para generar espacios deliberativos que permitan profundizar y poner sobre la mesa los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.
Desde el resguardo La María, Piendamó, las Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) explicaron las razones que llevaron a derribar la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar ubicada en el Morro de Tulcán en Popayán, el pasado 16 de septiembre, fecha que en este evento fue declarada como el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios en el Mundo.
“La autoridad indígena precisa que como resultado del juicio que se hizo a Sebastián Moyano de Cabrera -alias Sebastián de Belalcázar-, se resolvió derribar la estatua ubicada en el Morro de Tulcán, determinación que se sustentó en las normas propias de la jurisdicción especial indígena, cuenta con todo el respaldo de nuestro deber y derecho mayor de origen, de la cosmovisión ancestral cultural y política de hijos del agua, del arco iris y de los sueños”, leyó en un encuentro virtual el secretario técnico de Autoridades Indígenas del Suroccidente, Edgar Alberto Velasco.
En el encuentro, donde participaron diferentes autoridades indígenas del suroccidente del país, se rechazaron los anuncios que hicieron y que mantienen vigentes las autoridades de Popayán (Policía y Alcaldía) relacionados con el ofrecimiento de $5.000.000 para identificar a los responsables. A pesar de haber participado en una mesa de diálogos con el viceministro del Interior, Carlos Baena, y el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, no se ha revocado la recompensa ofrecida por los comuneros que derribaron la estatua.
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El Equipo de Jurídicos AISO proyecta una estrategia de defensa en los estrados de la jurisdicción ordinaria, con el objeto de hacer respetar las decisiones judiciales adoptadas en el marco del ejercicio autónomo de la autoridad indígena ancestral. Por esa razón otorgaron un poder al abogado Augusto Campo, para que los represente y adelante las acciones judiciales.
Campo dijo que el jueves 24 de septiembre radicarán una acción de tutela con medida cautelar. "De viva voz se pregonó por parte de las autoridades municipales en Popayán y además de voz del propio comandante de Policía, de ser capturados y judicializados los comuneros que lo único que hicieron fue, en ejercicio de su deber y acatando una orden judicial de su autoridad, llevar a cabo el acto material de cumplir un fallo”, explicó el representante legal, quien aseguró que no solo acudirán a la justicia ordinaria, sino que están dispuestos a llevar el caso a instancias judiciales internacionales, como la eventual solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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A través de un documento firmado por más de 600 personas y organizaciones, entre ellas antropólogas y antropólogos de la Universidad Externado de Colombia, investigadores sociales, líderes comunitarios, profesionales, artistas y ciudadanos, se adhirieron al llamado de la Universidad del Cauca al Gobierno Nacional para generar espacios deliberativos que permitan profundizar y poner sobre la mesa los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.