Indígenas imparten justicia

Manuel Tumiñá y Daniel Coicué fueron asesinados en la vereda el Sesteadero el 5 de noviembre pasado, por un indígena que perteneció a la comunidad nasa cuando intentaban evitar la instalación de vallas alusivas al tercer aniversario de la muerte de alias Alfonso Cano, extinto jefe de las Farc. Así lo concluyó la asamblea general de estas comunidades en Toribío (norte del Cauca), donde más de mil personas votaron ayer por una pena ejemplar: 60 años de cárcel. Un crimen rechazado con vehemencia por el equipo negociador del Gobierno, en los diálogos de paz con esa guerrilla en La Habana.

Él y otros seis nativos, que confesaron ser miembros de las Farc, participaron en el doble homicidio, según la asamblea indígena. Durante la sesión, que duró cerca de seis horas, las autoridades aborígenes rechazaron que los actores armados sigan metiendo a sus comuneros en la guerra. “Es duro saber que aquellos que nos matan sean nuestros propios hermanos”, dijo el gobernador del corregimiento Tacueyó, Floresmiro Noscué.

Los himnos iniciaron el juicio, que se desarrolló a las afueras de Toribío, en el resguardo San Francisco. Se entonó el de la Guardia Indígena y el del Pueblo Nasa, pero no el nacional; la razón: para los indígenas no ha cesado la horrible noche y tampoco hay aún grito de júbilo. El auditorio se llenó. Los representantes de más de 20 resguardos del norte del Cauca estaban presentes. Mientras tanto, en las montañas, más de 1.500 guardias nativos rodeaban el lugar.
Después del saludo de los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Alcibiades Escué, exgobernador indígena, comenzó la asamblea. Habló de la historia de violencia en sus comunidades y recordó a Hernando Huella, el primer asesinado a manos de terratenientes en 1971, cuando se constituyó la organización indígena. Luego, concluyó: “Primero los terratenientes arman a nuestros indios para que nos maten y después las Farc, diciendo que van a ganar la revolución, arman a nuestros hermanos para que nos asesinen y si no cumplen la orden, entonces los fusilan a ellos”.

Desde la tarima, las autoridades hacían un llamado a la Guardia para que saliera del auditorio. Al cabo de unos minutos llegaron con los acusados esposados. En fila india rompieron camino en medio de la multitud, se sentaron y enfrentaron las miradas de la comunidad.
La asamblea llegó, entonces, al punto cumbre. La lectura de los resultados de la investigación estuvo a cargo de un alguacil (figura que aplica el remedio del fuete), quien leyó el acta final: Arsenio Vitonas Ramos, Robert Pequí Paví, Eduardo Emilio Tenorio y John Freiman Dagua, indígenas del corregimiento de Tacueyó, fueron cómplices del crimen porque le dispararon a la motocicleta de uno de los guardias y repartieron publicidad de las Farc en el territorio, hecho que desembocó en el asesinato de los dos aborígenes.

Después de la lectura, cada uno de los siete acusados habló y aceptó pertenecer a las Farc. El autor material del crimen, alias Fercho, se levantó de su silla y dijo que tenía la orden de su comandante, a quien no mencionó, de no dejarse quitar las armas, ni de entregarse vivo a ninguna autoridad, “por esa razón disparé”, señaló. Posteriormente, los otros cuatro insurgentes, mayores de edad, afirmaron que nunca habrían desobedecido a sus comandantes y que preferían morir en la guerra. Por su parte, los dos menores de edad aseguraron que no estuvieron en el lugar de los hechos y que no tenían nada más que explicar.

El sol ya rebotaba en las paredes del auditorio, pero faltaba la decisión definitiva. ¿Cuántos años de cárcel para el autor material del asesinato?, pregunta Gabriel Paví, uno de los organizadores de la asamblea. La gente empezó a gritar: “40... 50... 60”. Al final, para que hubiera un consenso, Paví dijo: “Alcen las manos por una de las opciones”. Finalmente la comunidad determinó que alias Fercho debía pagar 60 años de prisión en una cárcel ordinaria. A los otros guerrilleros mayores los condenaron a 40 años de prisión por ser cómplices.

En el centro del auditorio, dos mujeres gritaban y lloraban: “No sean malos, no por favor, no lo hagan”. Eran familiares de los condenados. Ellas no estaban de acuerdo, pero por su forma de reclamar fueron retiradas por la Guardia Indígena del lugar.

Los dos menores que, según la comunidad indígena, fueron reclutados por las Farc serán enviados a un centro de rehabilitación, pero antes, como ocurrió en una cancha afuera del auditorio, recibieron 20 fuetazos cada uno. A medida que los castigaban con un rejo de arriar ganado, arrodillados, dejaron salir unas cuantas lágrimas, mientras la comunidad hacía justicia. 

* eabolanos@gmail.com/ @eabolanos

Manuel Tumiñá y Daniel Coicué fueron asesinados en la vereda el Sesteadero el 5 de noviembre pasado, por un indígena que perteneció a la comunidad nasa cuando intentaban evitar la instalación de vallas alusivas al tercer aniversario de la muerte de alias Alfonso Cano, extinto jefe de las Farc. Así lo concluyó la asamblea general de estas comunidades en Toribío (norte del Cauca), donde más de mil personas votaron ayer por una pena ejemplar: 60 años de cárcel. Un crimen rechazado con vehemencia por el equipo negociador del Gobierno, en los diálogos de paz con esa guerrilla en La Habana.

Él y otros seis nativos, que confesaron ser miembros de las Farc, participaron en el doble homicidio, según la asamblea indígena. Durante la sesión, que duró cerca de seis horas, las autoridades aborígenes rechazaron que los actores armados sigan metiendo a sus comuneros en la guerra. “Es duro saber que aquellos que nos matan sean nuestros propios hermanos”, dijo el gobernador del corregimiento Tacueyó, Floresmiro Noscué.

Los himnos iniciaron el juicio, que se desarrolló a las afueras de Toribío, en el resguardo San Francisco. Se entonó el de la Guardia Indígena y el del Pueblo Nasa, pero no el nacional; la razón: para los indígenas no ha cesado la horrible noche y tampoco hay aún grito de júbilo. El auditorio se llenó. Los representantes de más de 20 resguardos del norte del Cauca estaban presentes. Mientras tanto, en las montañas, más de 1.500 guardias nativos rodeaban el lugar.
Después del saludo de los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Alcibiades Escué, exgobernador indígena, comenzó la asamblea. Habló de la historia de violencia en sus comunidades y recordó a Hernando Huella, el primer asesinado a manos de terratenientes en 1971, cuando se constituyó la organización indígena. Luego, concluyó: “Primero los terratenientes arman a nuestros indios para que nos maten y después las Farc, diciendo que van a ganar la revolución, arman a nuestros hermanos para que nos asesinen y si no cumplen la orden, entonces los fusilan a ellos”.

Desde la tarima, las autoridades hacían un llamado a la Guardia para que saliera del auditorio. Al cabo de unos minutos llegaron con los acusados esposados. En fila india rompieron camino en medio de la multitud, se sentaron y enfrentaron las miradas de la comunidad.
La asamblea llegó, entonces, al punto cumbre. La lectura de los resultados de la investigación estuvo a cargo de un alguacil (figura que aplica el remedio del fuete), quien leyó el acta final: Arsenio Vitonas Ramos, Robert Pequí Paví, Eduardo Emilio Tenorio y John Freiman Dagua, indígenas del corregimiento de Tacueyó, fueron cómplices del crimen porque le dispararon a la motocicleta de uno de los guardias y repartieron publicidad de las Farc en el territorio, hecho que desembocó en el asesinato de los dos aborígenes.

Después de la lectura, cada uno de los siete acusados habló y aceptó pertenecer a las Farc. El autor material del crimen, alias Fercho, se levantó de su silla y dijo que tenía la orden de su comandante, a quien no mencionó, de no dejarse quitar las armas, ni de entregarse vivo a ninguna autoridad, “por esa razón disparé”, señaló. Posteriormente, los otros cuatro insurgentes, mayores de edad, afirmaron que nunca habrían desobedecido a sus comandantes y que preferían morir en la guerra. Por su parte, los dos menores de edad aseguraron que no estuvieron en el lugar de los hechos y que no tenían nada más que explicar.

El sol ya rebotaba en las paredes del auditorio, pero faltaba la decisión definitiva. ¿Cuántos años de cárcel para el autor material del asesinato?, pregunta Gabriel Paví, uno de los organizadores de la asamblea. La gente empezó a gritar: “40... 50... 60”. Al final, para que hubiera un consenso, Paví dijo: “Alcen las manos por una de las opciones”. Finalmente la comunidad determinó que alias Fercho debía pagar 60 años de prisión en una cárcel ordinaria. A los otros guerrilleros mayores los condenaron a 40 años de prisión por ser cómplices.

En el centro del auditorio, dos mujeres gritaban y lloraban: “No sean malos, no por favor, no lo hagan”. Eran familiares de los condenados. Ellas no estaban de acuerdo, pero por su forma de reclamar fueron retiradas por la Guardia Indígena del lugar.

Los dos menores que, según la comunidad indígena, fueron reclutados por las Farc serán enviados a un centro de rehabilitación, pero antes, como ocurrió en una cancha afuera del auditorio, recibieron 20 fuetazos cada uno. A medida que los castigaban con un rejo de arriar ganado, arrodillados, dejaron salir unas cuantas lágrimas, mientras la comunidad hacía justicia. 

* eabolanos@gmail.com/ @eabolanos